La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves los procedimientos para iniciar un juicio político contra el presidente del país, Donald Trump, lo que abre la puerta a que el proceso comience formalmente en cuestión de semanas, antes incluso de que acabe el año.
"¡La mayor caza de brujas de la historia de Estados Unidos!", ha proclamado Trump en Twitter justo después de la votación, en la que los demócratas han hecho valer su mayoría para aprobar por 232 votos a 196 las normas para las vistas públicas y el interrogatorio a potenciales testigos.
"Lo que está en juego no es nada más y nada menos que nuestra democracia", ha afirmado la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, defensora de un arduo proceso político frente al que se mostraba reacia hace tan solo unos meses. Si prospera, Trump sería el tercer presidente en ser juzgado ante el Congreso.
Solo dos demócratas se han salido de la línea oficial del partido, mientras que por parte republicana Justin Amash, un independiente de Michigan, se ha posicionado a favor del impeachment. El Partido Republicano basa sus alegatos contra el proceso en que los demócratas quieren expulsar al presidente porque son incapaces de batirle en una elecciones.
"Obsesión" por un proceso "ilegítimo"
"El presidente no ha hecho nada malo y los demócratas los saben", ha afirmado la Casa Blanca en un comunicado difundido tras la votación en la que ha acusado a Pelosi y sus socios de tener una "obsesión" por un proceso "ilegítimo" que "perjudica al pueblo estadounidense.
La Presidencia, que ha instado al Partido Demócrata a centrarse en otras cuestiones que "afectan a las familias de verdad", ha denunciado una violación "inaceptable" de la normativa propia de la Cámara de Representantes para avanzar en esta iniciativa.
En este sentido, ha acusado a Pelosi de realizar "reuniones secretas a puerta cerrada", de "bloquear" los intentos de la Administración por participar y de poner en cuestión el "debido proceso". "Los demócratas quieren emitir un veredicto sin dar a la Administración una oportunidad de defender. Es injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense", ha remachado la Casa Blanca.
