El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación asegura haber tenido acceso a un informe interno que revela que la compañía de telecomunicaciones Ericsson solicitó permiso a la organización terrorista conocido como el Estado Islámico o ISIS para trabajar en una ciudad controlada por este grupo yihadista y pagó para contrabandear equipos a las áreas de ISIS en una ruta conocida como “Speedway”.
El Consorcio sostiene que la compañía sueca hizo decenas de millones de dólares en pagos sospechosos durante casi una década para mantener su negocio en Irak, financiando fondos de soborno, viajes al extranjero para funcionarios de defensa y pagos a través de intermediarios a ejecutivos corporativos y posiblemente terroristas.
La investigación que publica el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en 2016 publicó la investigación conocida como los ‘Papeles de Panamá’, describe “un patrón de soborno y corrupción tan extendido, y la supervisión de la compañía tan débil, que millones de dólares en pagos no pudieron ser contabilizados, todo mientras Ericsson trabajaba para mantener y expandir redes celulares vitales en uno de los países más corruptos del mundo”.
Relata que el negocio de Ericsson en Irak dependía de personas con conexiones políticas y subcontratistas no investigados. Estaría marcado por contratos falsos, facturas infladas, estados financieros falsificados y pagos a "consultores" con descripciones de trabajo “nebulosas”.
El Consorcio indica que la mayor parte de la conducta corrupta se produjo después de que Ericsson, “un actor clave en la batalla de Occidente con China sobre el futuro de las comunicaciones globales”, reconociera en 2013 que estaba cooperando con las autoridades estadounidenses investigando acusaciones de soborno en otros lugares.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha compartido los documentos filtrados con ‘The Washington Post’, SVT en Suecia y otros 28 medios socios en 22 países como parte de un proyecto conocido como la ‘Lista Ericsson’. El Consorcio y sus socios afirman haber verificado la autenticidad de los registros y haber pasado meses examinando otros documentos y entrevistando a exempleados, funcionarios gubernamentales, contratistas y otros expertos de la industria en Irak, Londres, Washington, Jordania, Líbano y otros lugares.
Los documentos filtrados incluyen 73 páginas de un informe de 79 páginas sobre el negocio de Ericsson en Irak, incluidos resúmenes de 28 entrevistas con testigos y 22,5 millones de correos electrónicos.
El Consorcio y los medios asociados enviaron preguntas detalladas a Ericsson pero sostiene que en lugar de responder la compañía emitió una declaración pública el 15 de febrero reconociendo la "mala conducta relacionada con la corrupción" en Irak y los posibles pagos a ISIS, pero sin citar otros países.
Sin embargo, afirma el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que los análisis que ha realizado muestran que, además de Irak, la compañía examinó presuntas conductas indebidas en el Líbano, España, Portugal y Egipto. Además, relata que una hoja de cálculo enumera las investigaciones de la compañía sobre posibles sobornos, lavado de dinero y malversación de fondos por parte de empleados en Angola, Azerbaiyán, Bahrein, Brasil, China, Croacia, Libia, Marruecos, Estados Unidos y Sudáfrica.
Asimismo, mantiene que mientras ISIS conquistaba ciudades en Irak, “saqueaba casas y decapitaba rehenes”, dos empleados propusieron detener las operaciones en Mosul y en otras partes del país pero los altos ejecutivos regionales rechazaron la recomendación, ya que irse "destruiría nuestro negocio", dice el informe citando a los ejecutivos.
Menos de un mes después, Ericsson le pidió a un socio regional, Asiacell Communications, que buscara "permiso de la 'autoridad local ISIS'" para continuar trabajando en Mosul, lo que llevó a combatientes de ISIS armados a secuestrar a un jefe de tripulación con un subcontratista de Ericsson, según el informe y la víctima del secuestro. Asiacell no respondió a las repetidas solicitudes de información, según el Consorcio, que agrega que los investigadores de Ericsson dijeron que no podían descartar la posibilidad de que la compañía financiara el terrorismo a través de sus subcontratistas, aunque no pudo identificar a ningún empleado de Ericsson como "directamente involucrado".
Además, explica que el departamento de Ericsson que monitorea las actividades de la compañía preparó “los registros confidenciales” con la ayuda de Simpson Thacher & Bartlett, un bufete de abogados de alto poder de Nueva York, que manejó su defensa en la investigación de sobornos de Estados Unidos.
Asegura que la investigación interna, “aunque condenatoria”, a menudo no llega a conclusiones específicas y sugiere una investigación incompleta de algunas de las acusaciones más explosivas, incluido que se hicieron pagos a terroristas. Asimismo, sosteiene que los investigadores internos no entrevistaron a funcionarios de la principal empresa de transporte que mueve equipos de Ericsson a través del territorio de ISIS o a los subcontratistas en los que la compañía confiaba para trabajar en Mosul, controlada por ISIS.
Las preguntas del Consorcio y sus socios que afirman que Ericsson se ha negado a abordar incluyen por qué un ejecutivo regional fue promocionado durante la investigación de corrupción y por qué las vidas de los trabajadores fueron puestas en riesgo por las operaciones de la compañía en Irak.
También exponen que no está claro cuánto sabían el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores sobre los abusos en Irak o si Ericsson reveló completamente sus hallazgos internos.
