Hay muchas posibilidades de que los Presupuestos de 2012, presentados por el Ejecutivo el pasado viernes, acaben por no convencer a los mercados ni a la Unión europea. Esta semana, sabiendo que España iba a hacer el ajuste más importante de la democracia, las agencias de notación Fitch y Moody’s afirman que el panorama fiscal en nuestro país sigue siendo un reto. Las profundas medidas de austeridad suponen riesgos en la demanda domestica, en una situación económica que cuenta con el paro más elevado del mundo occidental y una alta deuda privada. Se rumoreó mucho de un posible rescate financiero de España en los círculos políticos de la UE. Así que las agencias recomiendan, para tranquilizar a los mercados, llevar reformas estructurales del Estado.
Con la recesión en 2008, España pierde a principios de 2009 la preciada calificación AAA de Standard&Poor’s. Zapatero impone las primeras medidas de austeridad, los primeros recortes en los sueldos de los funcionarios, la primera subida del IVA. La edad de jubilación pasará progresivamente de 65 a 67 años y las Cortes aprueban inscribir la regla de oro en la Constitución. En apariencia, España sigue las reglas. Pero en los PGE de 2012, el país se conforma con medidas de sacrificio presupuestario sin darse cuenta que sólo las reformas estructurales ambiciosas y a largo plazo permiten verdaderamente la reducción del déficit.
13 países AAA
Son hoy trece países con el famoso 'salvoconducto' triple A; cinco de ellos lo perdieron y lograron restablecerlo. Suecia, Canadá, Países Bajos, Australia y Finlandia: Todos sufrieron una dura crisis y llevaron reformas duras que exigieron mucho sacrificio por parte de sus poblaciones. No son reformas de derecha o de izquierda, ya que los gobiernos que las decidieron eran de ambos colores políticos. Más bien son evoluciones del Estado de sentido común, una cierta liberalización voluntaria y ambiciosa a la vez que exigente.
Canadá tuvo que reajustar sus finanzas y sacrificar al 20% de la función pública
Reformar las pensiones, aumentar los impuestos, recortar los gastos o flexibilizar el mercado laboral son sólo una parte de una verdadera transformación. Muchos de los países que pudieron restablecer la confianza de los mercados reorganizaron totalmente su administración, ayudaron las pymes a exportar, favorecieron el espíritu empresarial a la vez que gravaban las rentas y suprimían las exenciones fiscales.
La sociedad tuvo que pagar el precio, con recortes drásticos en los gastos públicos. Canadá, que perdió su AAA en 1992 y lo recuperó en 2002, tuvo que reajustar sus finanzas y sacrificar al 20% de la función pública. En 1995, el gobierno de Jean Chrétien examina cada servicio público para determinar cuales tenían “una importancia crucial para el futuro del país.” Lo importante es eliminar lo inútil en vez de reducir todos los gastos ministeriales para ahorrar. Se suprimen 47.000 puestos pero Canadá logra eliminar el déficit público.
Con consenso
En Suecia también la voluntad era la de hacer que los servicios fuesen más eficaces, incluso con privatizaciones. Fue el primer país del mundo en decidir la liberalización de los correos, transportes y energía para reducir los gastos públicos. Esa revolución se hizo siempre con el consentimiento de la población y el mantenimiento de la protección social.
Mientras congela los sueldos públicos y reduce los más altos, el gobierno sueco pone fin al monopolio público de correos: las oficinas públicas cierran pero las privadas se multiplican, haciendo el servicio más accesible en todo el país. Semejantes reformas en la salud, los trenes y la energía dejaron a Suecia la posibilidad de reducir su déficit en cinco años, si bien alcanzó el 11,2% del PIB en 1993.
Más de 100 euros al mes para beneficiarse de la protección social holandesa
Por su parte, Países Bajos eligió reformar totalmente su sistema de salud para reducir su déficit. La protección social neerlandesa es una de las mejores en el mundo, garantizada para los mayores, los niños y la gente con pocos recursos. Pero la mayoría de la población activa, desde las reformas de 2006, tiene que contratar una mutua privada cuyo precio básico es de más de 100 euros al mes. Eso le da acceso a una cobertura social completa, pero puede pagar hasta 600 euros para beneficiarse de una mejor protección. El sistema tiene como ventaja de mantener bajo el precio de la medicación, aunque hubo muchas quejas sobre el deterioro del servicio de salud.
Si esas reformas no son necesariamente lo mejor para España, aun tienen lo que le falta a nuestro país: decisiones valientes que puedan reducir el déficit a largo plazo. No son políticas de austeridad autoritarias, son recortes consentidos por la población, mutaciones del Estado para mejorar su eficacia, ahorros que permiten cambiar la economía de la mejor manera. Recortar gastos no es suficiente, y la carrera hacia más rigor económico tampoco es una solución eficaz.
