Poco a poco se conocen más detalles sobre el presunto blanqueo de capitales del hasta hace apenas una semana comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Un asunto que ha sacudido con fuerza los cimientos de su partido, el Movimiento Reformador francófono, de los ministerios de Finanzas y de Exteriores de Bélgica, que encabezó durante 12 y 8 años respectivamente, y, sobre todo, de la Comisión Europea en la que ha ocupado un puesto clave durante el último lustro. Una trayectoria aparentemente brillante emborronada de la noche a la mañana por un escándalo que ha dejado boquiabierto a su país y a media Europa que, de nuevo, se ve salpicada por un asunto turbio.
De momento, el veterano político belga guarda silencio en público tras haber sido interrogado por la policía el pasado martes y tras los registros efectuados en sus dos propiedades. La policía belga cree que Reynders podría haber blanqueado dinero a través de la compra de juegos de azar de la Lotería nacional belga, una técnica utilizada con cierta frecuencia para estos fines y que, según el tipo de apuesta, puede generar unas ganancias que pueden superar el 70% del dinero invertido, justificando así los ingresos y minimizando los costes del blanqueo. Según ha trascendido, la investigación se inició ya en 2023 pero la policía optó por esperar a que Reynders acabara su mandato como comisario europeo el pasado 1 de diciembre para lanzar los registros ya que, en caso de haberlo hecho antes, tendría que haber alertado previamente a la propia Comisión Europea poniendo así en riesgo las pesquisas. Eso sí, también se ha sabido que el periodo investigado abarcaría bastantes más años que los 5 pasados en el equipo de Ursula von der Leyen. Las últimas informaciones apuntan a que los movimientos sospechosos se iniciaron en 2010 y que Reynders habría llegado a apostar hasta 500 euros semanales, el límite legal. En total, según el medio Le Vif, el político tendría que justificar el origen de casi 1 millón de euros.
En caso de que se confirmen las sospechas, estaríamos ante un asunto especialmente sangrante para la Unión Europea ya que caería ni más ni menos que el máximo responsable de la Justicia comunitaria en los últimos cinco años, minando así un poco más la credibilidad de la clase política europea. En Bruselas, al menos a nivel europeo, Reynders era visto como uno de esos políticos que dan una imagen de aplomo y seriedad, de experiencia, que transmiten confianza y generan liderazgo. También ha sido uno de los políticos europeos más reconocibles en nuestro país en los últimos años con importantes logros en su haber. Suya fue la mediación definitiva entre el PSOE y el PP para desencallar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por otra, fue la cara más visible de la Comisión Europea entre 2019 y 2024 en sus respuestas al desafío independentista catalán y en defensa del Estado de derecho español.
Sin embargo, esa buena imagen a nivel europeo contrasta con la que tiene en Bélgica a nivel nacional donde esta semana se han recordado unos cuantos asuntos polémicos de los que consiguió salir indemne. Reynders sobrevivió en 2008 en su etapa como ministro de Finanzas al caso 'Fortis' que provocó la dimisión del gobierno de Yves Leterme por intentar influir en la decisión de un tribunal sobre la venta de la que fuera la principal entidad bancaria de Bélgica. También superó en 2009 las acusaciones por ignorar documentos que alertaban de la caída masiva de recaudación del Estado al comienzo de la crisis y sorteó poco después las sospechas sobre su implicación en la descongelación de fondos libios en cuentas belgas sobre los que pesaban sanciones internacionales. Tampoco cayó por las acusaciones de corrupción por sus relaciones con el entorno del expresidente de Kazajistán o con un príncipe saudí, coincidiendo con el voto a favor de Bélgica en 2017 para que Arabia Saudita integrara de forma rocambolesca la Comisión de la ONU de los Derechos de la Mujer.
El 'Qatargate', Marine Le Pen y otros euroescándalos
A pesar de su pasado y de haber sido puesto en entredicho en numerosas ocasiones en Bélgica, Reynders fue elegido por el gobierno belga para integrar el Colegio de Comisarios en 2019 y Ursula von der Leyen le otorgó su confianza para ostentar la poderosa cartera de Justicia. Los escándalos que le habían acechado nunca rebasaron las fronteras de su país y no le impidieron superar sin problemas en 2019 el examen del Parlamento Europeo para convertirse en comisario, esa misma prueba que Teresa Ribera acaba de superar en el tiempo de descuento a pesar del intento infructuoso del Partido Popular español por tratar de torpedear su candidatura.
Reynders ha podido concluir su mandato sin sobresaltos ya que las investigaciones y acusaciones le han caído encima en la semana siguiente a su salida de la Comisión por lo que su dimisión no ha llegado a plantearse. Un paso al que sí que se vieron forzados otros políticos europeos en el pasado por escándalos que aun resuenan por los pasillos comunitarios. El caso más famoso de dimisión en Bruselas fue el de la propia Comisión Europea en bloque a finales del siglo pasado cuando, bajo la batuta del francés Jacques Santer, fue investigada por irregularidades y fraude y acusada de corrupción. Otro comisario europeo, el maltés John Dali, dimitió de sus responsabilidades al frente de Sanidad y Protección del consumidor en 2012 por un presunto caso de tráfico de influencias denunciado por una tabacalera.
El último comisario que fue obligado a dimitir fue el de Comercio, el irlandés Phil Hogan, tras saltarse en 2020 las prohibiciones durante la pandemia al acudir a una cena en pleno confinamiento. Un episodio en tiempos de Covid menos sonado, eso sí, que el protagonizado por el eurodiputado húngaro József Szájer, del partido ultraconservador Fidesz de Viktor Orban, que participó en diciembre de ese mismo año en una orgía en Bruselas en la que 25 hombres fueron multados por no respetar las restricciones de la pandemia.
Precisamente el Parlamento Europeo ha sido recientemente el escenario de uno de los peores episodios de corrupción que han vivido las instituciones europeas. El llamado 'Qatargate' puso de manifiesto los intentos de países exteriores, como Qatar o Marruecos, de sobornar a políticos europeos para lograr sus objetivos. En este asunto, aun judicializado, varios eurodiputados del Partido Socialdemócrata Europeo y miembros de sus equipos fueron acusados de recibir pagos a cambio de influencia y una de las vicepresidentas de la institución, la griega Eva Kaili, fue detenida junto con su pareja y asistente parlamentario y otro eurodiputado italiano, Antonio Panzeri. Un asunto especialmente doloroso para la Eurocámara que ha tomado medidas desde entonces para evitar este tipo de conductas.
Otra conducta aparentemente reprobable fue la de Marine Le Pen en su etapa como eurodiputada. La todopoderosa líder de la formación de ultraderecha francesa Agrupación Nacional está pendiente de sentencia en el juicio por presunta malversación por pagar a varios de sus asistentes nacionales con dinero del Parlamento Europeo. Le Pen, acusada junto con otros 26 miembros de su formación, se enfrenta a posibles penas de prisión y de inhabilitación que podrían alterar su hoja de ruta política y suponer un impedimento para que se presente a las elecciones francesas en 2027. Esta práctica, de la que también han sido sospechosas otras formaciones, está estrictamente prohibida y vulnera las normativas.
Por último, en España el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, se ha sumado recientemente a la extensa lista de políticos europeos bajo la lupa de la Justicia ya que también está siendo investigado. En este caso, por el presunto cobro en metálico de 100.000 euros con los que habría financiado de forma irregular a su partido y su campaña para las elecciones europeas.
Mantener la confianza y evitar fraudes
La investigación sobre Didier Reynders ha estallado en pleno repunte de ilusión en Europa tras la renovación de sus instituciones fruto de las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Además, el último Eurobarómetro, publicado a finales de noviembre, revela que se ha alcanzado el nivel más elevado de confianza en la Unión Europea desde 2007 y el mayor apoyo al euro hasta la fecha. Una buena situación para encarar importantes desafíos exteriores en los próximos meses, como pueda ser la amenaza de Rusia, la llegada de Trump a la Casa Blanca o la potencia cada vez más importante de China. Una de las grandes prioridades europeas es elevar de forma notable su competitividad y adoptar políticas que mantengan a los 27 en posición de vanguardia. Sin embargo, también se quiere reflotar la imagen interna de las instituciones en Bruselas para mantener su credibilidad.
Tras el 'Qatargate', la UE ya adoptó medidas antifraude para mejorar la transparencia y el control de las actividades de los trabajadores de las instituciones. Otro de los asuntos en los que también quiere mejorar Europa es en el control del dinero que sale de sus arcas y que no siempre se utiliza debidamente. En este sentido, el último informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha destapado irregularidades por valor de más de 1.200 millones de euros. Una cantidad ingente de dinero que, por una parte, muestra el éxito de las investigaciones de la OLAF, con más de 200 investigaciones y 1.000 análisis preliminares solo el año pasado. Sin embargo, esta cantidad también demuestra que los intentos de fraude siguen proliferando de forma extendida por todo el territorio UE.
