La Fiscalía Europea es ya una realidad. La European Public Prosecutor's Office (EPPO, en sus siglas en inglés) está en marcha con el objetivo de perseguir los casos de fraude contrarios a los intereses financieros de la UE, que da así un paso "histórico" en su integración, aunque no todos los estados miembros están a su favor.
"Es la primera vez que una gran mayoría de estados miembros comparte sus poderes soberanos en el ámbito del derecho penal para proteger el presupuesto de la Unión Europea", tal y como ha recordado esta semana el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders en un acto celebrado en Luxemburgo, que es la sede oficial de esta nueva institución comunitaria.
"No hay precedentes de una Fiscalía Europea", recordó por su parte la jefa de la EPPO, la rumana Laura Kövesi, para quien este nuevo organismo contribuirá a "mantener la credibilidad" de la Unión y ayudará a mejorar la vida de los europeos: "Nuestras decisiones afectarán directamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE".
"Más dinero, más flexibilidad, menos normas”, es la promesa de la jefa de la nueva Fiscalía de la UE. Kövesi, que ya luchó contra la corrupción en Rumanía y resistió la presión de su Gobierno durante años, se muestra preparada para esta tarea de velar por la adecuada inversión de fondos públicos de la UE.
La Fiscalía Europea contará con 140 fiscales de casi todos los países de la UE
Ella, como fiscal jefe, y otros 22 fiscales conforman el primer nivel de la Fiscalía Europea, que se complementa con un segundo plano descentralizado: los fiscales delegados en cada país. En total serán 140 cuando estén todos nombrados. Finlandia y Eslovania, que forman parte del organismo, aún no han designado a sus fiscales delegados, pero ello no ha impedido la puesta en marcha de la Fiscalía.
Cinco estados miembros en contra
Sin embargo, varios países han mostrado sus reticencias a la Fiscalía Europea y no participarán en el organismo. Son Polonia, Hungría, Dinamarca, Irlanda y Suecia. No están obligados y podrán unirse en cualquier momento. La participación en el organismo es voluntaria, pues se creó en virtud de la llamada "cooperación reforzada", con las fiscalías. de los respectivos estados miembros trabajando conjuntamente.
La ausencia de algunos países en la Fiscalía Europea es interpretada por expertos como un intento de torpeadear posibles investigaciones en sus gobiernos. En Hungría, por ejemplo, están en cuestión los lucrativos fondos de la UE que han ido a parar a familiares y afines del primer ministro, Viktor Orbán.
La UE calcula que cada año se pierden alrededor de 500 millones de euros por corrupción, aunque reconoce que el daño probablemente sea "mucho mayor"
Se da la circunstancia de que Hungría y también Polonia están en puestos destacados de las listas de los organismos de vigilancia anticorrupción de Transparencia Internacional, en parte precisamente por los numerosos casos de fraude con fondos europeos detectados, según sostenía el propio director de la organización, Michiel van Hulten, en el último informe anual.
Los documentos y declaraciones falsos o falsificados constituyeron los tipos más comunes de fraude, según un informe de la Comisión. Este tipo de casos de fraude serán objeto de investigación de la nueva Fiscalía de la Unión, donde cada año se pierden alrededor de 500 millones de euros por corrupción. Bruselas reconoce, sin embargo, que probablemente el daño real al presupuesto de Europa es "mucho mayor"
Acción judicial en Europa
La Fiscalía Europea investigará estos y otros delitos que perjudiquen a las finanzas de la Unión Europea, como el fraude transfronterizo del IVA (más de 10 millones de euros anuales), blanqueo de capitales o malversación de fondos de la UE. Y para ello, contarán con poderes que garantizarán su acción. Actualmente, únicamente las autoridades nacionales pueden investigar y enjuiciar el fraude contra el presupuesto de la UE, pero se detienen en las fronteras nacionales.
Ahora el organismo podrá ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra sus autores y sus cómplices de estos, además de practicar actos propios en el ejercicio de la acción penal y ejercer las funciones de acusación ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros de la Unión.
