Las autoridades iraníes han ejecutado más de 350 sentencias de muerte en los seis primeros meses del año, en su mayoría por cargos relacionados con las drogas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

"Al menos 354 personas, incluidas seis mujeres, han sido ejecutadas en los seis primeros meses de 2023", ha resaltado el grupo en un informe que subraya que 206 de estas ejecuciones tienen que ver con delitos de drogas, un incremento del 126 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. La ONG denuncia que las autoridades solo han informado de 43 ejecuciones, un 12 por ciento del total.

Hasta 71 personas -20 por ciento- de las ejecutadas pertenecían a la minoría baluche, una etnia mayoritariamente suní que reside principalmente en la provincia de Baluchistán, cerca de la frontera con Pakistán.

Esta provincia fue objeto de intensas operaciones de la Guardia Revolucionaria durante la dura represión de las protestas de septiembre del año pasado. Cientos de baluches murieron en acciones de la Guardia Revolucionaria en Zaheda y Jash.

El año pasado ya fueron ejecutadas al menos 576 personas, muy por encima de los 314 reos ejecutados en 2021. Para este año Amnistía Internacional ya ha contabilizado 282 ejecuciones, según su propio recuento. "La pena de muerte se utiliza para generar miedo social y evitar más protestas", se ha lamentado el director de Iran Human Rights, Mahmud Amiri-Moghaddem.

"La mayoría de los muertos son víctimas low-cost para la máquina de matar: acusados por drogas de las comunidades más marginadas", ha añadido. Amnistía calificó abiertamente estas ejecuciones de "guerra a los pobres".

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