La española Juana Ruiz, detenida el pasado mes de abril por las autoridades israelíes en Cisjordania, ha sido condenada este miércoles a 13 meses de cárcel y una multa de unos 14.000 euros por un tribunal militar israelí conforme al acuerdo alcanzado la semana pasada entre defensa y acusación.
Así lo ha confirmado a Europa Press su abogado, Avigdor Feldman, quien ha precisado que su cliente "comparecerá en unos días ante una junta de libertad condicional, la cual podría reducir un tercio la condena".
De ser así, ha aclarado, Ruiz "podría salir en libertad en dos semanas" pero de lo contrario su liberación no se produciría previsiblemente hasta marzo de 2022.
Ruiz, de 60 años y que reside desde hace más de 35 en Cisjordania, donde trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC), fue detenida el 13 de abril en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén.
Contra la española se presentaron inicialmente cinco cargos, tres en relación con su trabajo en HWC, organización a la que Israel considera ilegal, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones. Finalmente, en virtud del acuerdo con el fiscal, solo se han mantenido dos de ellos, por trabajar para una organización ilegal y por haber introducido dinero con falsas pretensiones.
Vinculación con el FPLP
Las autoridades israelíes vinculan a HWC con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización terrorista, y aseguran que la ONG para la que trabajaba Ruiz desvía fondos para financiar las actividades terroristas de este grupo.
Además, el acuerdo con la acusación sirvió de argumento al Gobierno israelí para reafirmarse en su denuncia de que otras seis ONG ilegalizadas hace unas semanas financian las actividades del FPLF, al que tanto la UE como Estados Unidos considera una organización terrorista.
En este sentido, el abogado de Ruiz había presentado un escrito ante el tribunal para desmentir la "declaración falsa" hecha por los ministros de Defensa, Benny Gantz, y el de Exteriores, Yair Lapid, quienes reivindicaron que con su acuerdo con la fiscalía, la española había confesado financiar al FPLP.
"La admisión de culpabilidad es una prueba más de que una organización terrorista cínica y asesina ha establecido una red de mentiras y fraude que opera bajo la guisa de organizaciones humanitarias para conducir el flujo de fondos terroristas, engañando deliberadamente a las organizaciones y gobiernos donantes", sostuvo Lapid en el comunicado conjunto.
Este miércoles, la juez del caso ha dado la razón a Feldman, ratificando que los hechos de los que se habla en los antecedentes del acta de acusación "no se atribuyen a la propia acusada" que "ni tenía conocimiento ni participó en su ejecución", según ha relatado el abogado a Europa Press.
El acta de acusación enmendada consta de dos partes, una de contexto y otra referida propiamente a la acusada. En la primera se menciona expresamente al FPLP y a que financia sus actividades mediante organizaciones civiles que controla, citándose expresamente a las seis declaradas como ilegales por el Ministerio de Defensa israelí el pasado 22 de octubre.
En la parte relativa a la acusada, no hay ninguna mención a que esta "conociera ninguna actividad del FPLP en Cisjordania", sino que simplemente se la acusa de "transferir dinero a un territorio ocupado y se afirma explícitamente que la acusada no conocía que el dinero transferido era trasladado al FPLP", esgrimió el letrado en su escrito solicitando al tribunal que ratificara este extremo.
