El rechazo a la reforma de la edad de jubilación de 62 a 64 años paraliza Francia por segunda vez en tres meses, en un pulso entre unos sindicatos enardecidos y un presidente en sus horas más bajas. Dos millones de personas en las calles del país; es la cifra mágica que las organizaciones sindicales y los partidos de oposición se fijan para cantar victoria y justificar la retirada de la reforma que, recordemos, ha sido ya aprobada en la Asamblea Nacional y está siendo discutida ahora en el Senado.
Transportes, refinerías, aeropuertos, puertos y colegios, entre otros sectores, se han unido a una jornada de protesta que sueña con imitar las manifestaciones que en 1995 derribaron la reforma propuesta por el centro derecha. Los datos, a mediodía, mostraban el éxito en la paralización de la actividad del sector público, mientras comercios y otras empresas privadas eran afectadas por la ausencia de parte de sus empleados. Con Emmanuel Macron en su índice de confianza popular más bajo desde su primera presidencia en 2017 y golpeado también por sus recientes fracasos en política internacional ( (desacuerdos con Alemania y bofetadas diplomáticas en África), millones de franceses están convencidos de poder tumbar la reforma.
Que la ley ha sido más explicada por los responsables gubernamentales es un hecho. Pero, independientemente de ello, la iniciativa de Macron, el mismo que hace tres años consideraba esta medida como estúpida, ha servido para resucitar a unos sindicatos moribundos, carentes de militantes y, por lo tanto, poco representativos, pero siempre con gran capacidad de bloqueo. El futuro de la reforma va a depender precisamente de la unidad sindical, algo que no está asegurado. Las organizaciones sindicales más radicales – con la CGT de Martínez a la cabeza – propugnan “poner la economía francesa de rodillas” y reconducir la huelga hasta que Macron ceda. La mayoritaria y moderada CFDT pide la retirada de la ley, pero no apoya el bloqueo del país, consciente de la desesperación que produjo entre los ciudadanos el cierre de refinerías en enero.
Siete de cada diez franceses se oponen a ampliar dos años su vida laboral para acceder a la pensión. Nadie sorprendente en Francia, donde los socialistas de François Mitterrand redujeron la edad laboral a los 60 años y donde los socialistas instauraron la semana laboral de 35 horas.
A los sueños insurreccionales de la CGT se ha apuntado la extrema izquierda de Jean-Luc Melenchón, pero el sindicato se ha desvinculado de la posición de La Francia Insumisa en la Asamblea, que hizo todo lo posible por bloquear el debate, hasta el punto de impedir la discusión sobre la propuesta gubernamental, lo que enfureció a comunistas, socialistas y verdes. Martínez y Melenchón (los dos de familia española) se han enfrentado verbalmente sobre la protesta que el político intenta capitalizar contra el sindicalista.
El Senado debe votar al final de la semana la ley. Las huestes de Macron tienen, en teoría, el apoyo de un centroderecha también dividido entre convertirse en la cachaba de Macron o votar en contra, como la extrema izquierda y Marine Le Pen.
Para Emmanuel Macron, antes que un pulso con la oposición política, se trata de un desafío con unos sindicatos que sabe divididos – de momento- sobre el futuro de las protestas. Si la ley pasa en el Senado y después en la comisión mixta el 15 de marzo, argumentará que son los representantes elegidos en las urnas los que han aprobado la reforma. Si las manifestaciones continúan y los sindicatos colapsan el país durante semanas, el presidente tiene otra opción antes que ceder: la disolución de las cámaras y la celebración de nuevas elecciones. Una decisión arriesgada según los sondeos que dan a Marine Le Pen como la favorita para recoger en las urnas la ira de los franceses.
