El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, ha informado de que las autoridades brasileñas han identificado en diez estados a los responsables de financiar a los participantes del asalto a las instituciones democráticas en Brasilia. "Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses", ha explicado Dino.
Asimismo, el titular de la cartera ha agregado que "todas estas personas serán llamadas a declarar, porque los buses han sido contratados y no se han destinado a excursiones turísticas". Por otro lado, Dino ha responsabilizado al gobierno del Distrito Federal, indicando que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue "determinante" para posibilitar el asalto a los edificios públicos.
El ministro, además, ha asegurado que pretende devolver la gestión de la seguridad pública a las autoridades de Brasilia "lo antes posible", a pesar de que ha asegurado que habrá una "revisión" en el cuerpo policial por su responsabilidad. Dino ha nombrado al episodio de este domingo como "el Capitolio brasileño", en alusión a la invasión por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump del Congreso estadounidense en 2021. "Vivimos en el Capitolio brasileño ayer. Con diferencias. Aquí no hubo muertos y más presos que allá", ha agregado en declaraciones recogidas por Agencia Brasil.
Más de 10 autobuses a Brasilia
Más de cien autobuses partieron desde diez estados distintos rumbo a Brasilia en la víspera de los ataques a las instituciones del Estado por los que han sido detenidos unas 1.500 personas. Según el ministro de Justicia brasileño, detrás del flete de estos vehículos están destacados empresarios. Existe una investigación desde noviembre del año pasado, días después de que se confirmara el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, cuando la Policía Federal y la Fiscalía abrió un caso sobre la financiación de las protestas que fueron convocando por todo el país los acólitos de Bolsonaro descontentos con su derrota.
Se investiga, por ejemplo, cómo fue financiada la amplia infraestructura -baños portátiles y comedor gratuito incluidos- con la que contaban los partidarios de Bolsonaro en el campamento que levantaron a las puertas del cuartel general del Ejército en Brasilia al poco de conocerse el triunfo electoral de Lula. El presidente Lula ha enfatizado que investigarán hasta el último responsable de financiar unas protestas que después derivaron en actos de golpismo y ha criticado quienes sufragaron aquello no participaron en el asalto, sino que sirvió de una "masa manipulada" a la que se "alimentó" para ir a protestar.
Por su parte, la Abogacía General de la Unión (AGU) presentará una solicitud para bloquear los bienes de las empresas sospechosas de sufragar a la turba que dejó tras de sí una estela de destrucción en la plaza de los Tres Poderes, en sintonía con la orden decretada por el juez del Supremo Alexandre de Moraes. El magistrado del Supremo, uno de los objetivos del bolsonarismo que se ha erigido en una de las principales figuras tras el asalto a las instituciones, ordenó requisar todos los autobuses que transportaron a los "terroristas" hacia Brasilia y la comparecencia de sus dueños para que declaren y faciliten información de los pasajeros y de quienes fletaron los vehículos.
