El Gobierno venezolano ha denunciado ayer que las autoridades holandesas han impedido a una delegación del país caribeño liderada por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reunirse con el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, como estaba previsto según el memorándum de entendimiento suscrito en noviembre entre Caracas y el TPI.
"El gobierno de los Países Bajos ha obstaculizado e impedido la delegación que iría a La Haya a cumplir la misión especial conforme a los tratados internacional", ha declarado Rodríguez, según recoge la prensa oficial venezolana. Rodríguez ha destacado que la delegación está encabezada por ella misma, pese a lo que el Gobierno de Países Bajos colocó "condiciones de imposible cumplimiento", incumpliendo así todos los acuerdos internacionales.
Al parecer, el Gobierno holandés argumentó que no puede dar protección a aeronaves en cumplimiento de las normas internacionales. "Nuestra delegación sería trasladada por una aeronave de Conviasa, en un vuelo oficial, no comercial, a los Países Bajos. Características de vuelo diplomático. Este avión se mueve por el mundo. Ellos, aducen, engañosamente, que esta aeronave no cuenta con el permiso TCO, operadores de terceros países", ha explicado Rodríguez.
Así, ha señalado que esa misma aeronave recibió autorización el pasado 9 de abril, por lo que la decisión del Gobierno holandés "está violentando el acuerdo entre el TPI y el estado anfitrión". "Están impidiendo que una alta autoridad se traslade a una reunión de trabajo presencial con el fiscal del TPI", ha subrayado.
Rodríguez se ha referido así a los acuerdos firmados entre el TPI firmados entre el TPI y el país anfitrión, entre los que destaca que los representantes de los Estados miembro "no serán sometidos por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar el desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte".
Otra de las opciones que le había brindado Países Bajos a Venezuela sería la de utilizar una aeronave que se encuentra en mantenimiento hasta el año que viene y que no puede exceder los 5.000 kilómetros. "Hay cinismo detrás de esta decisión. Hay engaño. Ellos no pueden poner impedimentos para que un Estado parte del Estatuto de Roma se traslade a cumplir sus funciones", ha insistido Rodríguez, que ha recordado que la reunión ya estaba confirmada por el propio fiscal.
Ante esta situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado a Rodríguez informar de la situación al secretario General de la ONU, António Guterres, por violentar la Carta de la ONU. Además, se informará de los hechos a presidenta de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, Silvia Fernández de Gurmendi.
"Yo no estoy pidiendo para ir a los Países Bajos como país. Estoy pidiendo ir, notificando, para cumplir una tarea. Como Estado anfitrión, se están burlando de forma patética y burda como está ocurriendo en este momento", ha remachado Rodríguez.
El TPI tiene abiertas dos investigaciones preliminares sobre abusos presuntamente cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, sobre la represión de las protestas convocadas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Además, desde febrero de 2020, el TPI analiza una queja presentada por el Gobierno de Maduro para determinar si las sanciones de Estados Unidos equivalen a crímenes contra la Humanidad.
