Desde que Vladímir Putin volviera a la presidencia de Rusia el círculo de opositores ha visto cómo se endurecían las leyes que facilitaban la represión y cómo aquellos que discrepaban con el poder y se atrevían a hacerlo en voz alta eran de nuevo instigados por la justicia. La pasada semana comenzaba el juicio contra tres de las integrantes del grupo Pussy Riot, que llevan meses en prisión preventiva, y también Alexéi Navalni, conocido abogado y bloguero, veía cómo era de nuevo abierto su proceso de 2009 por supuesta apropiación de bienes.
El pasado 21 de febrero cinco integrantes del grupo punk Pussy Riot irrumpieron encapuchadas en el altar mayor de la catedral Cristo Salvador de Moscú, el principal templo ortodoxo ruso. Una vez allí, se desprendieron de su ropa y empezaron a cantar y escenificar, en prendas íntimas, una canción que criticaba al presidente ("madre de Dios, echa a Putin") y su relación con la Iglesia Ortodoxa.
Tres de ellas fueron identificadas y detenidas gracias al vídeo colgado en Youtube, y desde marzo están en prisión a la espera del proceso judicial, acusadas de gamberrismo motivado por odio religioso, delito que el artículo 213 B del Código Penal castiga hasta con 7 años de cárcel.
Nadezhda Tolokónnikova, Yekaterina Samutsévich y María Aliójina han sido consideradas presas de conciencia por Amnistía Internacional, y se declaran inocentes del delito que se les imputa, aunque Nadia admitió que fue una "falta ética" hacer esa presentación punk en el templo pese a declarar que no consideraban que sus acciones constituyeran una ofensa.
Tanto ellas como Navalni se enfrentan a largas penas de cárcel (7 y 10 años) y parecen la cabeza visible de ese 'cerco a la oposición' de Putin
En el lado contrario están los testigos que presenciaron la actuación y los propios miembros de la Iglesia Ortodoxa, indignada ante la profanación del templo, una "acción meticulosamente planeada para ofender los sentimientos y creencias de los cristianos. Por ello, exigen un severo castigo.
Juicio mediático
Desde que se conocieran los hechos, son muchos quienes han salido a defender a las integrantes rusas del grupo punk, a quienes se vio en la primera jornada del juicio que se celebra en el tribunal Jamónvnicheski de Moscú con patentes signos de cansancio, explicados después por la extensa duración de la espera y por duras condiciones en prisión, donde en ocasiones han pasado hasta 11 horas sin comer. Hasta en cuatro ocasiones ha solicitado una de las acusadas la recusación de la jueza, Marina Sirovaya, por "su falta de voluntad para crear unas condiciones favorables para la participación plena de las acusadas en el juicio, al no darles el tiempo necesario para familiarizarse con las pruebas documentales, para descansar y para preparar el proceso".
El propio abogado de las encausadas, Mark Feiguin, declaró que no sólo las organizaciones de derechos humanos rusas e internacionales salieron en defensa de sus clientes, sino también figuras de la cultura, la política, actores y músicos extranjeros. Estas palabras se producían la pasada semana después de algunos gestos mediáticos, como el apoyo de Sting, Red Hot Chili Peppers o Peter Gabriel. El músico británico aseguró que le parecía horrible que pudieran ser condenadas a una pena de siete años de cárcel, ya que "disentir es un derecho natural e inalienable en cualquier democracia y los políticos deben asumir con tolerancia este hecho".
Por su parte los estadounidenses Red Hot Chili Peppers mostraron su apoyo y pidieron la liberación de Nadia, Katia y Masha. "Os apoyamos y estamos aquí para ayudaros", dijo Anthony Kiedis, quien actuó en sus conciertos de Moscú y San Petersburgo con una camiseta con el nombre del grupo ruso.
Pero quizás las declaraciones más sorprendentes vinieron de boca del propio Vladímir Putin, quien aprovechó su viaje a Londres para comentar que, pese a que no cree que haya nada bueno en el asunto, no considera que haya que juzgarlas con mucha severidad, dejando la decisión al tribunal, de quien espera una decisión justa y fundada.
Los analistas empiezan a considerar el endurecimiento general de la nueva presidencia de Putin como pasos atrás por miedo ante una posible 'primavera eslava'
Navalni, acusado de nuevo
No sólo las Pussi Riot coparon el capítulo de disidentes que pasaron por los tribunales. También el conocido bloguero y abogado Alexéi Navalni vio cómo la misma semana se reabría la acusación que había contra él por supuesta apropiación de bienes pertenecientes a una empresa estatal.
El Comité de Investigación de la Federación Rusa (CIFR), intento de ser el equivalente al FBI ruso y cuyo jefe, Alexandr Bastrykin, fue compañero de escuela de Putin, convocó al abogado para declarar, quedando luego en libertad provisional y con la prohibición de abandonar la región de Moscú. El caso fue cerrado en abril por no encontrarse elementos de delito tras una investigación de dos años, pero el propio Bastrykin ordenó reabrirlo con una nueva acusación (robo de propiedad de gran valor), lo que supone una pena máxima de 10 años de cárcel, mientras que la inicial era de 5.
Ambos casos, en especial el del grupo punk, se inscriben, en palabras del periodista experto en países eslavos Argemino Barro, en un endurecimiento general de la nueva presidencia de Putin. "En julio el parlamento ruso aprobó dos leyes que allanan el camino para una mayor represión: una califica de 'agentes extranjeros' a aquellas ONG´s que se financien desde el exterior, lo que abre la puerta a la suspensión sin aviso o a condenas de hasta tres años de cárcel. La otra ley vuelve a criminalizar la difamación", puntualiza.
"Es decir: el Kremlin va dando pasos atrás por miedo, según algunos analistas, a una posible 'primavera eslava'. Ahora mismo hay 13 personas en custodia por las protestas del pasado mayo. Llama la atención además que las autoridades no se hayan molestado ni en cambiar el vocabulario de los cargos, ya que las propias chicas de Pussy Riot fueron acusadas de 'hooliganismo', término que servía para todo en la vieja URSS", explica Barro.
