Los negociadores del Parlamento Europeo y de los Veintisiete han logrado este jueves un acuerdo político para imponer a las plataformas de contenido en internet como Facebook, Youtube o Twitter la obligación de retirar en un máximo de una hora contenidos terroristas que estén siendo difundidos a través de sus redes, según informa la agencia Europa Press. El objetivo es evitar casos como el del profesor francés Samuel Paty, degollado el pasada 16 de octubre por un terrorista islámico cerca de Paris tras sufrir en internet una intensa campaña de críticas a su labor pedagógica.
La nueva norma permitirá a las autoridades de un Estado miembro ordenar que contenidos usados como propaganda terrorista sean eliminados de las plataformas o deshabilitado su acceso desde cualquiera de los países de la Unión Europea.
Con ello los proveedores online tendrán un plazo máximo de una hora para cumplir esta orden y queda en manos de los Estados miembro establecer el marco de sanciones en casos de incumplimiento, aunque serán responsables de asegurarse que las plataformas siguen las indicaciones, por lo que serán responsables de su cumplimiento.
"Los terroristas usan vídeos y retransmisiones en directo de los atentados como arma de reclutamiento. Este acuerdo ayudará a las autoridades nacionales y a las plataformas online a limitar el daño de este contenido tóxico", ha declarado la comisaria de Interior, Ylva Johanson, tras conocerse el pacto.
La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa (Cs), ha celebrado el resultado de la negociación porque ofrece las herramientas necesarias para que los contenidos ilegales "desaparezcan rápidamente, al tiempo que se garantiza la libertad de expresión de los usuarios". Así, ha destacado en un comunicado, las medidas que se tomen estarán dirigidas únicamente contra contenidos ilegales, "sin extralimitación ni discrecionalidad".
Dos años de negociaciones
La nueva norma fue propuesta por la Comisión Europea hace dos años pero permanecía bloqueada por las diferencias entre los gobiernos y eurodiputados sobre su modo de aplicación y de proteger los derechos fundamentales, aunque la negociación salió del impasse tras los recientes atentados en Francia y Austria. El acuerdo necesita aún el visto bueno de los Veintisiete y de la Eurocámara para ser formalmente adoptado.
"Esta nueva normativa será un instrumento clave para evitar nuevos atentados terroristas en suelo europeo y evitar que los terroristas se apoyen en internet para impulsar y cometer ataques; por tanto, esta nueva ley salvará vidas", ha asegurado el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, que ha sido el negociador del Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario del Parlamento Europeo, según una nota de prensa remitida a los medios de comunicación.
La luz verde al reglamento se ha producido tras más de un año de duras negociaciones y tras alcanzar un acuerdo entre los principales grupos políticos de la cámara. Este contenido deberá ser bloqueado o retirado de internet en todos los países de la Unión Europea, en un plazo máximo de una hora desde que la autoridad responsable emita la orden de retirada.
"Es imprescindible actuar con rapidez debido al gran volumen de contenidos generados y a la enorme velocidad con la que éstos se diseminan por la red", señala Zarzalejos.
Pequeñas y medianas empresas
La normativa prevé, no obstante, la especial situación pequeñas y medianas empresas y las dificultades que podrían encontrar para cumplir con la obligación de eliminar contenidos en un plazo tan breve de tiempo.
El nuevo reglamento también incluye como novedad importante que un Estado miembro de la UE pueda pedir a un proveedor de servicios cuya sede o representante legal está en otro Estado miembro que retire un determinado contenido, y esto se podrá producir sin que las autoridades competentes del Estado receptor de la petición tengan que confirmar dicha orden de retirada.
Sí se establece, en cambio, un procedimiento de objeción mediante el cual las autoridades competentes de ese otro Estado pueden, a iniciativa propia o a solicitud razonada del proveedor de servicios o del proveedor del contenido afectados, solicitar su revisión o rechazarla bajo dos supuestos: si razonadamente considera que seria o manifiestamente viola el nuevo reglamento aprobado o si supone una seria o manifiesta infracción de los derechos fundamentales.
En cualquiera de los casos (bien si se solicita al Estado emisor la revisión de la orden de retirada o bien si el Estado receptor decide rechazarla bajo alguno de los supuestos mencionadas anteriormente) se establece un procedimiento de cooperación entre las autoridades competentes de los países involucrados que va a ser fundamental para garantizar el respeto mutuo entre las competencias de cada Estado miembro y para asegurar el buen funcionamiento de este nuevo sistema.
El reglamento no obliga pero permite a las plataformas utilizar herramientas automatizadas para lograr una moderación eficaz de los contenidos en línea, así como para detectar y eliminar los contenidos no permitidos por la nueva norma. El nuevo Reglamento empezó a negociarse en 2018 tras los atentados terroristas en Paris y Bruselas, y su aplicación es de directa aplicación en todos los estados miembro de la UE, lo que facilitará su rápida entrada en vigor.
