Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado este lunes por unanimidad sanciones contra Venezuela por el deterioro de la situación tras las elecciones regionales y han instado al Gobierno de Nicolás Maduro a restablecer "urgentemente" la legalidad democrática en el país y permita elecciones "libres y justas".
Las sanciones aprobadas contemplan un embargo de armas y de material afín que pueda utilizarse para la represión interna y un marco jurídico para poder imponer sanciones a dirigentes en caso necesario durante un año, prorrogable.
Aunque han evitado por ahora congelar los activos de dirigentes venezolanos concretos y prohibirles la entrada en la UE, los Veintiocho han dejado claro que las sanciones "se utilizarán de manera gradual y flexible y podrán ampliarse, dirigiéndose contra quienes participan en el incumplimiento de los principios democráticos y del Estado de Derecho y la violación de los Derechos Humanos".
Las sanciones
La base jurídica aprobada, según fuentes diplomáticas, permitirá a los Veintiocho "rápidamente" imponer sanciones individuales "si la evolución de la situación lo requiere". Los Veintiocho podrán congelar los activos de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos en Venezuela responsables de violaciones o abusos graves de los Derechos Humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática o cuyas acciones menoscaben la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela. En el caso de las personas físicas, también se les prohibirá la entrada en la Unión.
Los Veintiocho han prohibido además este lunes la exportación a Venezuela de todo tipo de armamento y material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto, aunque se excluyen los contratos firmados antes de la fecha de entrada en vigor de las sanciones, este martes, tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.
También han prohibido los equipos que puedan utilizarse para la represión interna a excepción del material exclusivamente destinado a uso humanitario, programas para consolidar las instituciones venezolanas u operaciones de gestión de crisis de la ONU, la UE y organizaciones regionales o para operaciones de desminado. Así por ejemplo, los chalecos antibala y cascos militares exportados temporalmente a Venezuela para el personal de la ONU, de la Unión y sus países, trabajadores humanitarios y periodistas seguirán permitidos.
También se permitirá el mantenimiento de equipos no letales para la Marina y guardacostas venezolanos exclusivamente destinados para proteger las fronteras e interceptar estupefacientes.
Los Veintiocho también han prohibido de forma expresa la venta de equipos, tecnología y programas informáticos para controlar o interceptar las comunicaciones telefónicas o por Internet por parte del régimen venezolano o cualquier persona o entidad que actúen su nombre o bajo sus órdenes si son utilizados para la represión interna. Sólo se podrán autorizar si se tienen "motivos razonables para determinar" que "no serían utilizados para la represión interna por parte del Gobierno".
También queda prohibido prestar, directa o indirectamente, asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios para actividades militares, así como la financiación o asistencia financiera relacionada con actividades militares, especialmente préstamos, subvenciones y seguros de crédito a la exportación.
Más polarización
Los Veintiocho han justificado las sanciones contra Venezuela por la preocupante evolución en el país, especialmente teniendo en cuenta las "numerosas denuncias de irregularidades" en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre, cuyos resultados no han reconocido gran parte de la oposición, y han exigido "una auditoría completa e independiente" de los resultados para garantizar "plena transparencia".
También han mostrado preocupación por "la falta de respeto a los mecanismos establecidos por la Constitución" para designar y el funcionamiento de los nuevos gobernadores, incluida la inhabilitación del gobernador electo del Estado de Zulia.
"Estos hechos han acentuado la polarización política del país", han alertado los Veintiocho en un texto de conclusiones que han adoptado sobre Venezuela.
Los Veintiocho han vuelto a dejar claro que la Unión "no puede reconocer la Asamblea Constituyente o sus actos debido a las graves inquietudes" sobre "su legitimidad y representatividad" y cuya creación, inciden, "ha erosionado aún más las instituciones democráticas e independientes", al tiempo que han reclamado respetar "las prorrogativas" de la Asamblea Nacional y la independencia del poder judicial.
"La UE insta al Gobierno a que restablezca urgentemente la legitimidad democrática, entre otras cosas, mediante la celebración de elecciones libres y justas", han subrayado los jefes de la diplomacia europea en el texto, en el que también piden a la oposición a seguir implicándose de forma "unificada" para buscar "una solución negociada" a la crisis, "en el interés del país".
"Es importante garantizar procesos electorales creíbles y una composición más equilibrada en el Consejo Nacional Electoral", insisten en el texto.
Los Veintiocho dejan claro que las sanciones a Venezuela "podrán revertirse en función de la evolución de la situación", especialmente si se dan "negociaciones creíbles y significativas", se respetan las instituciones democráticas, se adopta "un calendario electoral completo" y se liberan "todos los presos políticos".
"Estas medidas se han concebido de forma que no dañen a la población venezolana, cuya difícil situación desea paliar la UE", aseguran en el texto.
Alarma por los DDHH
En este contexto, han vuelto a expresar "alarma" por las denuncias de violaciones de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluido por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y las necesidades "cada vez más apremiantes" de la población, "que están afectando a sus derechos básicos, como el derecho a la alimentación y el derecho a la salud".
Los Veintiocho avisan de que sólo se podrá resolver la crisis y atender a "las necesidades apremiantes del pueblo" venezolano a través del diálogo y la negociación y por ello reiteran la disposición de la Unión de "respaldar una negociación creíble" en la que participen "todos los actores relevantes" para buscar "soluciones comunes a los múltiples desafíos" en Venezuela. También han vuelto a reiterar su "pleno apoyo" a los esfuerzos regionales e internacionales para buscar una salida a la crisis.
