La detención de la opositora nicaragüense Cristiana Chamorro y el crecimiento del conflicto social que vive Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, generó el rechazo de 33 eurodiputados que enviaron una misiva al Alto Representante de la UE, Josep Borrell. En esta carta, impulsada por el portavoz del Grupo Popular para temas de Derechos Humanos, Leopoldo López Gil, se solicita a Borrell que contemple la posibilidad de “activar la cláusula democrática incluida en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, del cual Nicaragua es parte”.
Esta cláusula, agregada por la UE en los tratados con terceros Estados exige que en el texto de los acuerdos alcanzados se respeten los Derechos Humanos y principios democráticos. El artículo 1.1 del Acuerdo de Asociación establece “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y al Estado de Derecho”, el acuerdo además es claro al asegurar que el incumplimiento de esta cláusula podría derivar en la suspensión del acuerdo.
En el texto enviado al Alto Representante los eurodiputados consideran que debe aplicarse esta cláusula “de no cesar esta situación de violación de derechos humanos y libertades fundamentales de los nicaragüenses”
