Fue en un salón del Hotel Eurostars donde Carmen Calvo pronunció la siguiente frase: “La libertad de expresión no lo resiste todo, no lo acoge todo”. Lo hizo antes de sugerir la necesidad de que los Estados regulen sobre este derecho constitucional para evitar la desinformación, es decir, las tan cacareadas fake news. Algo más de dos años después de ese episodio, el Gobierno ha creado un procedimiento para vigilar y actuar contra los bulos y sólo cabe extremar las precauciones.
Digo esto porque no hay nada más peligroso que un gobernante con el encargo de rastrear y combatir la información falsa. Principalmente, porque la verdad absoluta es un objetivo imposible y en las aproximaciones siempre existe subjetividad. Y de la subjetividad surge la censura, que es, en realidad, lo que persigue la regulación de la libertad de información.
Lo que en realidad persiguen estas actuaciones es garantizar que el Gobierno tenga el monopolio de la propaganda, pues en períodos de crisis no hay muchas fuentes más tóxicas que las oficiales. Las que aquí advertían de los riesgos de las mascarillas hace unos meses para camuflar el desabastecimiento de material sanitario. Entre otras muchas cosas de ese tipo.
Se me ocurren pocas recomendaciones más dañinas a la hora de abordar una pandemia que demonizar el uso de los cubre-bocas, pero claro, este Ejecutivo siempre mira por sus intereses en detrimento del bienestar de los ciudadanos; y, en ese momento, le convenía más imponer esa mentira que reconocer la falta de stock de este elemento profiláctico. Por cierto, fueron varios los vídeos de sanitarios que apoyaron esas tesis, lo que demuestra que en los hospitales también hay propagandistas y no sólo 'héroes'.
No hay nada más peligroso que un gobernante con el encargo de rastrear y combatir la información falsa"
Mantener un debate sobre la posibilidad de poner límites a la libertad de expresión es completamente improcedente; y no digamos el establecimiento de burocracia para frenar la expansión de bulos en períodos electorales o situaciones de crisis, tal y como ha realizado este Gobierno. Lo que ocurre es que, tras el referéndum del Brexit, se abrió un debate interesado que trata de culpar a las fake news de cualquier resultado electoral contrario a los intereses del establishment.
Es la conclusión fácil e interesada de quienes han movido los resortes de las democracias occidentales y no están dispuestos a asumir que su desgaste se debe a su incapacidad para dar soluciones a los problemas de 2020; y no a los penosos bulos que se difunden por las redes sociales. Que, por cierto, son pasto para tontos, pues en su mayoría resultan tan inverosímiles como increíbles. Y convendría trasladar al poder que la batalla contra los tontos está perdida de antemano, pues difícilmente lo dejarán de ser.
Porque quien cree a pies juntillas mentiras como aquella que aseguraba que inyectar desinfectante cura el coronavirus a buen seguro arrastrará problemas cognitivos mucho mayores. Eso sí, no estará mucho más desinformado que el lector medio del pasquín ponzoñoso dirigido por Dina Bousselham o quien escuche las ruedas de prensa periódicas de Fernando Simón. Alguno quizá acabó en la UCI o en el cementerio por aquello de comparar la covid con una gripe o negar la utilidad de las mascarillas. Eso no lo provocan los bulos para radicalizados o asustadizos.
Una decisión peligrosa
Habrá quien piense que un Gobierno con valores democráticos como los de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias -con cualquiera que alce la voz en su partido- debería ser el menos indicado para acotar derechos fundamentales con excusas tan peregrinas como la lucha contra los bulos. Pero centrar el análisis en ese argumento sería demasiado inocente.
Quizá me equivoque, pero medidas contra las fake news como la que ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado abren la puerta a futuras ayudas gubernamentales a la 'prensa buena', que es la de toda la vida, frente a la que difunde desinformación. Entre otras cosas, porque atribuye a los medios de comunicación “un papel esencial” en la lucha contra los bulos “con acciones como la identificación y no contribución a su difusión, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo de herramientas para evitar su propagación en el entorno digital”.
El texto afirma: “Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante en el marco de la lucha contra el fenómeno de la desinformación”. Y yo digo: veremos a ver cuánto dinero público llega a las actividades de 'concienciación' que realice la prensa.
No hay que olvidar que la Comisión Europea ha negociado en los últimos meses con las asociaciones de periodistas el reparto de ayudas a los medios de comunicación, dentro del plan de reconstrucción europeo. Uno de los motivos que parece que avalará su entrega es la necesidad de disponer de una prensa fuerte para que la UE no sea tan permeable hacia las fake news. A buen seguro, democracias como la española serían más sólidas si estas empresas tuvieran más fuerza y cumplieran su función, y no fueran meras correveidiles de los poderes fácticos. Ahora bien, ese 'rescate' -cuyo camino allana el protocolo aprobado este jueves- también sería el enésimo premio para los editores que han llevado a sus cabeceras casi a la ruina por su mala gestión.
Pero claro, eso ningún periódico lo va a reconocer. Y las omisiones a veces son igual de graves que los bulos.
