Los papeles suelen esconder matices que definen realidades incontestables. El independentismo vivió hace unas semanas una de las mayores crisis de su historia y eso incrementó la susceptibilidad de sus militantes. Tal es así que se abrió un frente en TV3, una televisión cuyo funcionamiento y presupuesto controla la Generalitat (independentista), pero en la que siempre han existido movimientos hostiles entre las distintas facciones del secesionismo.
Desde hace unos meses, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), es decir, el organismo encargado de que este medio de comunicación sea 'plural', está presidido por Xevi Xirgo, un periodista cercano a Carles Puigdemont que, entre otras cosas, dirigió durante 12 años El Punt Avui y escribió dos libros sobre la figura del expresidente de la Generalitat.
Recientemente, el CAC recibió una denuncia firmada por la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, y el secretario general, en la que se advertía de la falta de objetividad de TV3 en el tratamiento de la crisis del Gobierno autonómico.
La queja se refería -explica la resolución del CAC- a una noticia aparecida en el Telenotícies anochecer del 16 de octubre, relativa a la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno actual, sólo contó con las intervenciones de dos actores políticos, ambos vinculados a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): la exconsejera de Bienestar y Familia y ex diputada de ERC Anna Simó y el miembro de la Ejecutiva de ERC Enric Marín.
Fuentes de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales inciden en que, tradicionalmente, el alto mando del grupo ha estado controlado por los convergentes, mientras que la redacción ha sido siempre más cercana a ERC. Hubo etapas en las que ese orden se alteró, como la del tripartito, pero la tónica predominante ha sido la descrita anteriormente. Ahora bien -añaden-, los choques en cuestión de informativos o en reparto de roles han sido periódicos.
¿Imparcialidad?
La última confrontación forma parte de la pugna entre ERC y Junts, que fue la que motivó la crisis de Gobierno que se abrió en Cataluña hace unas semanas. En el partido comandado por Borràs, consideran que los informativos de TV3 no han sido imparciales durante esta confrontación.
El tono en el que está redactada la queja deja entrever el malestar de Junts con el partido con el que se coligó para formar gobierno. “El análisis (periodístico) quería averiguar la viabilidad del gobierno del presidente Aragonés que, recordémoslo, actualmente sólo cuenta con el apoyo de sus 33 diputados del total de los 135 del arco parlamentario”.
Y añade: “Desde una perspectiva periodística y desde la que debería ser voluntad determinada de un medio público es absolutamente injustificable aportar como opiniones razonadas la de personas que defienden abiertamente las siglas a las que pertenecen y que coinciden con las del Gobierno sobre lo que ofrecían opinión (…) Nos parece un hecho grave y peligroso que afecta a la credibilidad y la necesaria independencia de los medios públicos”.
El CAC analizó hace unos días la pieza emitida en TV3 y comprobó que se hablaba durante 50 segundos de ERC durante 22 del Gobierno autonómico, durante 12 de Junts per Catalunya (12 segundos) y durante 8 de En Comú Podem. Todo, para ilustrar sobre las dificultades de Aragonès para tener un Ejecutivo estable.
El organismo descartó que la televisión pública actuara en contra de su obligación de pluralidad, pero incidió en su “mala praxis” periodística, al no contar con más testimonios que los de dos cargos cercanos a ERC en su pieza de análisis.
Este hecho es significativo, entre otras cosas, porque no es habitual que el CAC tire de las orejas a TV3. De hecho, durante la anterior etapa, bajo la presidencia de Roger Loppacher, hubo algunas resoluciones polémicas en favor de la televisión pública y de sus periodistas y colaboradores, frente a las denuncias que se habían presentado contra ellos.
La más llamativa quizás fue la que recibió la corporación por permitir que la escritora Empar Moliner quemara un ejemplar de la Constitución española en el programa. Entonces, se le reconoció su derecho a la sátira.
“El discurso y la escenificación se sitúa en el marco de la opinión que ampara el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto satírico”, expresó aquel dictamen.