El Consejo Audiovisual de Cataluña no es precisamente un remanso de paz dentro de esta convulsa comunidad autónoma. El organismo encargado de velar porque TV3 y Catalunya Ràdio cumplan la ley vive desde hace muchos meses condicionado por una batalla interna que enfrenta a los consejeros afines al PdeCAT y ERC contra los designados por PSOE, PP y Unión Democrática de Cataluña. El problema es que durante las últimas semanas la maquinaria mediática independentista ha recrudecido las presiones sobre el ‘bloque constitucionalista’, lo que amenaza con hacer “saltar definitivamente por los aires” la institución, revelan fuentes conocedoras de su Consejo.
La tensión se ha incrementado ostensiblemente desde el pasado otoño. Principalmente, a raíz de dos episodios. El primero tiene que ver con las presiones que el Grupo de Periodistas Ramón Barnils ha ejercido contra la consejera Eva Parera (Unió) debido a su colaboración –no remunerada- en un programa radiofónico.
A juicio de esta asociación, los miembros del CAC “no pueden ejercer actividades profesionales de ningún tipo” en medios audiovisuales, por lo que considera que esta intervención en esta radio incumple el régimen de incompatibilidades.
Cabe recordar que este grupo de periodistas ha realizado diversos guiños a los partidos secesionistas durante los últimos meses. De hecho, en sus comunicados se ha posicionado a favor de que Cataluña tenga capacidad para “decidir su futuro político” y ha denunciado “las intolerables presiones a los medios” para impedir el referéndum del 1-O. En 2016, este colectivo recibió una subvención de 10.000 euros desde la Generalitat, según los registros del BOE catalán.
Su presidente es Ferrán Casas, quien a su vez es subdirector del diario Nació Digital, una cabecera que en 2016 ingresó 464.499 euros en ayudas públicas y 224.281 en publicidad institucional. Estas dos partidas representaron el 92% de su facturación.
Denuncia contra el CAC
Otro de los episodios que ha enturbiado el ambiente dentro del CAC es el relativo a la decisión que tomaron el pasado octubre el presidente del Consejo, Roger Loppacher, y sus dos consejeros más cercanos que impidió que Daniel Sirera (PP) pudiera pronunciarse sobre la actuación de la periodista Mónica Terribas (Catalunya Ràdio) en los días previos al referéndum del 1-O. Entonces, emplazó a sus oyentes a que revelaran la posición de la Policía y la Guardia Civil que trataba de evitar la celebración de la consulta ilegal.
Loppacher y los dos miembros del organismo tomaron esta decisión después de que la decana del Sindicato de Periodistas de Cataluña, Neus Bonet, presentara un escrito ante el CAC en el que ponía en duda la imparcialidad de Sirera por las opiniones que había manifestado en la red social Twitter.
Fuentes del organismo avanzan que este consejero presentará próximamente una demanda contra el CAC, al considerar que su presidente se saltó la ley al impedirle ejercer su derecho a voto ese día. Este acción habría supuesto una vulneración del derecho administrativo, de ahí que actualmente prepare un contencioso.
Sirera presentará próximamente una demanda contra el CAC, al considerar que su presidente se saltó la ley al impedirle ejercer su derecho a voto durante una de las sesiones del Consejo.
Fuentes parlamentarias recuerdan que el Consejo Audiovisual de Cataluña ha estado controlado por los independentistas desde el inicio del proceso soberanista. Desde 2015, ha estado dividido en dos bandos, de tres efectivos cada uno, y los empates se han resuelto con el voto de calidad de su presidente, Roger Loppacher. En muchas de las ocasiones, en favor de los intereses de la Generalitat.
Esta situación ha impedido que prosperen diversas quejas presentadas contra TV3 y Catalunya Ràdio por la parcialidad de sus contenidos.
Sin ir más lejos, hace unas horas los tres consejeros constitucionalistas –Sirera, Parera y Carme Figueras- han solicitado por escrito al presidente que analice la actuación de la presentadora de TV3 Laura Rosel, que el pasado sábado exhibió una camiseta con la cara de Carles Puigdemont en la televisión pública, según adelantó Crónica Global.
