Prisa y Mediapro continúan con su particular guerra dentro y fuera de los tribunales. Las dos empresas comenzaron a batallar hace casi una década por sus fuertes desavenencias sobre la explotación de los derechos audiovisuales del fútbol español y aún continúan con las hostilidades, a pesar de que ya no compiten por este producto televisivo. El pasado enero, Jaume Roures denunció a El País ante la Federación de Asociaciones de la Prensa de España por considerar que la información que publicó ese diario sobre sus supuestas cuentas en paraísos fiscales era falsa y se había publicado con el fin de perjudicar a sus negocios, a sabiendas de este hecho. Seis meses después de que recibiera esa queja, la FAPE la ha desestimado, al considerar que no se vulneró su código deontológico. Pero esta resolución no pone fin a esta polémica, pues el asunto también está en manos de la justicia.
La raíz de esta disputa se encuentra el 14 de diciembre de 2014, cuando el periódico de Juan Luis Cebrián difundió una noticia titulada "Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales". En el texto, se acusaba al empresario de cobijar 33,2 millones de euros en Gibraltar, 14,5 en San Marino, 14 en Suiza, 9,5 en Lietchenstein, 4 en las Islas Caimán y 2 en Singapur. También se aseguraba que Mediapro posee sociedades en Canadá, Luxemburgo, Rumanía, Polonia, República Dominicana y Nueva Zelanda.
Roures negó todos estos supuestos y realizó dos movimientos: por un lado, interpuso una querella contra la editora del periódico, contra su director, Antonio Caño, y contra la firmante de la noticia, Rosario G. Gómez. Por otro, elevó una queja a la FAPE en la que solicitaba una actuación contundente de esta colectividad ante lo que consideró una "información rotundamente falsa e infundada".
La periodista de 'El País' llamó a Mediapro antes de publicar la información, pero no obtuvo una respuesta
A partir de ahí, se inició un proceso que aún sigue en marcha y que ha tenido su último episodio en la esperada resolución de la federación de asociaciones de periodistas, que defiende la actuación del rotativo de Prisa y de su periodista, aunque critica que no se concediera el derecho de réplica solicitado por el fundador de Mediapro.
Entre los argumentos que utiliza para respaldar a la autora de la información se encuentra el que solicitó la versión del protagonista de la noticia antes de publicarla, pero recibió una negativa. Eso sí, lo expone de una forma que ha levantado ampollas en los denunciantes, según ha podido saber Vozpópuli:
"Un portavoz de Mediapro (...) ante las preguntas sobre las cuentas en paraísos fiscales se ha limitado a responder 'sin comentarios', respuesta ambigua y cauta que más parece admitir que rechazar, ya que no niega rotundamente los hechos ni se tacha de falsa la información como, en cambio, se hizo en la comunicación de Mediapro y en la rueda de prensa del señor Roures (ofrecida al día siguiente)".
La intrahistoria de un juicio entre enemigos íntimos
Prisa y Roures se vieron las caras en los juzgados el pasado 11 de junio, dentro de un acto de conciliación que fracasó y en el que la editora de El País presentó como prueba para defender la veracidad de su noticia un documento que, según Mediapro, está plagado de errores. ¿Por qué? Principalmente, porque vinculaba a Roures con 34 empresas con las que -asegura- no tiene relación y señalaba que el productor tiene depósitos en entidades en las que no dispone de cuentas abiertas, como ANZ Bank New Zealand, Banca di San Marino, Goldman Sachs, Lloyds TBS, Canada Trust Bank, Dubai Islamic Bank, UBS AG, SNS Bank o The Bank of The New York Mellon.
El careo se celebró con varias semanas de retraso debido a que, por error, los juzgados remitieron la citación a la autora de la información con un fallo tipográfico. De este modo, en lugar de solicitar la declaración de Rosario García Gómez, la pidieron de Rosa García Gómez. Los juristas de Prisa aprovecharon este descuido para retrasar el acto varias semanas, algo que da cuenta de la tensión entre estas empresas y que ha sido criticado con dureza desde Mediapro. En el juicio, el tribunal deberá determinar si la compañía presidida por Cebrián debe indemnizar con 250.000 euros a su rival por injurias, calumnias y falsedad documental.
Este asunto no es el único que estas dos empresas tienen pendiente en los tribunales, pues la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París dirimirá próximamente el destino de 110 millones de euros por los que litigan Prisa y Mediapro a consecuencia de sus diferencias sobre los costes de explotación del paquete de derechos audiovisuales de la LFP, correspondientes a las temporadas 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.
Ambos grupos se enzarzaron en una pelea meses después de obtener el permiso de aprovechamiento por sus discrepancias sobre la forma y el precio de gestionar estos derechos. Este conflicto estuvo a punto de dejar a la audiencia sin señal para los partidos de las primeras jornadas de la liga 2012-2013 y aún no se ha resuelto. Cuando el tribunal parisino lo solvente, se podrá decir que la guerra por el fútbol que estas empresas libran desde hace 10 años habrá terminado. Eso sí, ni mucho menos lo habrá hecho su particular batalla, que amenaza con extenderse durante varios años más.
