La política de contratación de personal auspiciada por el presidente de Radiotelevisión Española, José Antonio Sánchez, ha vuelto a ser puesta en tela de juicio por una parte de su Consejo de Administración. Esta facción crítica ha denunciado que, pese a que RTVE cuenta con una plantilla de 6.400 empleados, se recurra de forma habitual a la firma de contratos por “obra y servicio” que, cuando transcurren tres años desde su formalización, se convierten en indefinidos, algo que da vía libre a los gestores de la corporación para introducir periodistas “a dedo” en su plantilla, contraviniendo las normas de la empresa, determinadas en su convenio colectivo.
La corporación se visto obligada recientemente a regularizar la situación de 40 trabajadores del programa España Directo que mantenían un contrato de obra y servicio con RTVE desde hace más de tres años. Según explican fuentes jurídicas implicadas en el caso, estos empleados denunciaron este hecho ante la Inspección de Trabajo y reclamaron que, como determina la ley, debían ascender a “personal indefinido”.
Esta Administración inquirió a RTVE a que adoptara esta medida y así lo ha hecho. Algunos de estos trabajadores se han incorporado a la redacción de Torrespaña, donde se emplean más de 800 personas. “Tenemos personal de sobra para realizar los telediarios y, sin embargo, hay carencias en determinados puestos técnicos. Lejos de invertir en lo que no tenemos, Televisión Española contrató en 2015 a una decena de periodistas de Telemadrid o Intereconomía para reforzar la línea editorial conservadora de los informativos y ahora hemos vuelto a aumentar la nómina de periodistas”, explican informantes del Consejo.
Y añaden: “yo no digo que estos (redactores) sean simpatizantes del PP. Pero está claro que con este tipo de prácticas se fomentan las contrataciones ‘a dedo’ de periodistas y la formación de las conocidas redacciones paralelas”. Es decir, los grupos de periodistas de confianza de un determinado jefe de informativos en una televisión pública que son reclutados para ayudar a girar la línea editorial de sus noticiarios en una determinada dirección.
Recientemente, RTVE ha tenido que convertir en personal de plantilla a 40 trabajadores de 'España Directo' que tenían contratos de obra y servicio.
Fuentes sindicales de la corporación han precisado que en los últimos años han denunciado en múltiples ocasiones a sus directivos ante la Inspección Laboral por incumplir la normativa de contratación que se estipula en el convenio colectivo, pero lamentan que este tipo de acciones deriven en simples apercibimientos o en multas de "pequeña" cuantía que no disuaden de la realización de este tipo de prácticas.
El costoso ERE de 2006
Las críticas a la política de personal de RTVE no se circunscriben únicamente a la ‘era Sánchez’. Ni mucho menos. Sirva como ejemplo el informe presentado por el Tribunal de Cuentas en 2015, en el que se enumeraban las múltiples irregularidades que cometieron los responsables de la corporación a la hora de establecer las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo de 2006.
Esta auditoría destacaba lo poco “restrictivos” que fueron los negociadores del ERE a la hora de negociar su Plan de Rentas, ya que finalmente incluyó complementos salariales de hasta 38 tipos, lo que ha supuesto un desembolso multimillonario para el Estado.
El Tribunal de Cuentas ha advertido durante los últimos años de las irregularidades que ha cometido RTVE en materia de contratación.
Más grave aún es la subida salarial fija anual del 2,5 % que pactaron para que estos empleados compensaran el aumento del IPC, a pesar de que, como trabajadores del sector público, también perciben el incremento que estipulan los Presupuestos Generales del Estado. Este doble incremento provocará que, a partir de 2020, un empleado de Radiotelevisión Española que saliera de la empresa en 2006, dentro de este Expediente, vaya a cobrar más de lo que percibiría si en ese año todavía trabajara para la corporación.
Este tipo de prebendas contribuyeron a aumentar el coste de una medida de ajuste laboral que en el periodo 2006-2022 obligará a las arcas del Estado a desembolsar 1.700 millones de euros.
En ese informe también se denunciaba el incumplimiento del pacto al que llegaron RTVE y SEPI en aquel entonces para reducir la plantilla de la televisión pública. Ese acuerdo estipulaba que de los 1.124 trabajadores con contrato laboral que había en ese momento, un total de 450 se convertirían en fijos. Pues bien, el Tribunal de Cuentas denunció que, en realidad, fueron 866 los que se beneficiaron de este ascenso.
Directivos con contratos blindados
Dentro del mandato de José Antonio Sánchez, fue especialmente criticada la decisión que tomó el Consejo de Administración en enero de 2015 de blindar a determinados directivos mediante un contrato indefinido, algo que obligará a la corporación a abonar su indemnización en caso de que sean despedidos.
Cabe recordar que RTVE emplea actualmente a 6.400 trabajadores, cuyas nóminas y cargas sociales suponen anualmente un desembolso cercano a los 380 millones de euros. Pese a la dimensión de la plantilla –mayor que las de Atresmedia y Mediaset juntas- y pese a que incumple la ley en porcentaje de producción propia, los responsables del ente público siguen firmando contratos con productoras para comprar nuevos programas, realizados en muchos casos por personal externo. Sólo en la última reunión del Consejo de Administración se ha dado el visto bueno a acuerdos por un montante de 40 millones de euros.
