Algunos 'streamers' -creadores de contenido en plataformas como YouTube y Twitch- han puesto el grito en el cielo en los últimos días después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) informara de una consulta pública para “estudiar la posibilidad de encuadrar a estos agentes como prestadores de servicios de comunicación audiovisual sujetos a la regulación sectorial”. Es decir, para equiparar sus obligaciones a las de las televisiones tradicionales.
La situación es más compleja de lo que parece. El legislativo debate desde hace varios meses la transposición de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en Bruselas en 2018, la cual actualiza la normativa de este sector a la nueva realidad. O, mejor dicho, a la de hace cuatro años.
El problema es que la digitalización avanza más rápido que la burocracia, por lo que en países como Alemania o Países Bajos se ha abierto el debate acerca de si esta directiva europea es lo suficientemente amplia para abordar de una forma adecuada los negocios de los creadores de contenido profesionales en internet, que congregan audiencias millonarias en plataformas como YouTube y Twitch.
Las televisiones privadas -a través de la 'patronal' UTECA- han iniciado maniobras para tratar de que la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual obligue a estos streamers a cumplir con las mismas normas que al resto de los operadores del mercado en materias de publicidad y de contenidos.
“Estamos ante una emergencia social (…) que obliga al Gobierno a actuar de una forma contundente para acabar con una impunidad que perjudica a los más vulnerables de la sociedad”, explican desde esta colectividad de televisiones.
Youtubers y contenidos perjudiciales
Desde la Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC) afirman que, tras analizar 4.000 vídeos de estas plataformas, únicamente el 1,1% presenta algún tipo de señal o advertencia de edad. De entre los documentos audiovisuales que se consideran perjudiciales para los menores, tan sólo el 5,5% incluye alguna advertencia.
Esta situación también se registra -a su juicio- con respecto a las 'comunicaciones comerciales' de los creadores de las plataformas de contenidos y las redes sociales. Ahí, el 34,3% pueden considerarse como prácticas de publicidad encubierta, algo que está prohibido en la legislación actual.
Hay que recordar que la normativa de 2010 -actualizada en 2012- y el borrador de 2021, que se aprobará este año, incluyen diferentes limitaciones sobre la retransmisión de contenidos violentos o sexuales en horario protegido -y los rótulos que deben acompañarlo siempre-, así como sobre los mensajes publicitarios.
Por poner un ejemplo, la CNMC multó en 2017 a MasterChef por emitir publicidad encubierta de Bodegas González Byass en uno de sus programas. En concreto, la presentadora del programa afirmó, durante una de las pruebas de cocina: “Tenemos la suerte de estar en una de las bodegas más prestigiosas y antiguas de España (...) "han convertido estos vinos en todo un referente de calidad a nivel internacional".
Hace unas semanas, el Tribunal Supremo confirmaba una sanción de 196.000 euros a Mediaset porque en un capítulo de la serie La que se avecina se mostraba a los espectadores “una amplia variedad de productos eróticos que se relacionaban con una determinada marca y se mostraba la página web donde podían adquirirse”.
La autoridad audiovisual (CNMC) también ha sancionado en varias ocasiones a estas empresas por la emisión de contenidos en horario inadecuado. Ocurrió, por ejemplo, cuando Cuatro ofreció en horario protegido la película American Playboy, lo que le valió a Mediaset una multa de 100.000 euros.
Cada vez más alejados de la televisión
Fuentes de las televisiones privadas lamentan que mientras el regulador controla sus contenidos para que no incumplan la normativa vigente, no haga lo mismo con los 'programas' de los streamers, que se dirigen fundamentalmente a un público joven. El que cada vez dedica menos tiempo a ver la TDT y más a estas plataformas alternativas.
El debate político, relativo a la obligación de incluir contenidos en lenguas cooficiales en Netflix o HBO, ha silenciado durante los últimos meses la batalla que libran los nuevos agentes del sector y los tradicionales por el contenido de esta normativa.
Como ocurre en tantos otros sectores, adaptar la normativa vigente a la nueva realidad, y a las diferentes formas de negocio que ha generado, es complejo. Por eso, desde las televisiones convencionales han iniciado una labor de presión para tratar de perder el menor terreno posible en la nueva legislación.
Los mismos informantes del sector audiovisual apuntan a que esta cuestión es más económica que política. Porque si creadores de contenido y empresarios, como Ibai Llanos, han comenzado a competir con las televisiones convencionales e incluso emitieron las campanadas de fin de año, es previsible que una parte de la inversión publicitaria migre hacia ellos tarde o temprano.
