El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentará en los próximos días una proposición de ley con la que espera poner fin a la hegemonía de la que ha gozado el PP durante los últimos años en los órganos de dirección de Radiotelevisión Española. Su intención pasa por cambiar el actual método de elección del presidente y del Consejo de Administración de la corporación, de modo que, a partir de ahora, sea necesaria una mayoría de 2/3 de la Cámara Baja para que los candidatos accedan a estos puestos, lo que evitaría que un partido con mayoría absoluta designara a dedo, en el futuro, a los máximos responsables de RTVE.
El presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, fue elegido en 2012 con los votos del Partido Popular en el Congreso, después de que el Ejecutivo aprobara un Real Decreto-ley para poder imponer a su candidato haciendo valer la amplia mayoría parlamentaria con la que contaban los populares.
Los socialistas han manifestado durante los últimos meses su intención de derogar dicho Real Decreto para que el presidente de la corporación vuelva a ser elegido por mayoría cualificada. Una iniciativa que el PP estaría dispuesto a aceptar, según han precisado a Vozpópuli fuentes conocedoras de las conversaciones entre los grupos, todavía en fase inicial.
El objetivo de los socialistas -según estas fuentes- sería que esta reforma legal se aprobara antes del verano, lo que implicaría el relevo de su presidente y, posteriormente, de sus hombres de confianza en el cuadro de mando (todos los miembros del Comité de Dirección son contratados). Eso sí, es imposible determinar si se produciría por la vía rápida o si se retrasaría, como consecuencia de la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.
Ciudadanos ya ha manifestado su intención de cambiar el método de elección de los miembros de la alta dirección de la corporación. De hecho, el pasado 21 de febrero llevó al Congreso una proposición de ley para modificar el sistema de nombramiento de su presidente, de modo que, a partir de ahora, se elija por mayoría de 2/3 de la Cámara Baja.
La reforma legislativa que defiende Ciudadanos prevé que los miembros del Consejo de Administración de RTVE sean elegidos por las Cortes Generales, a razón de cinco por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado, “de entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional”. Antes de ser nombrados, deberán pasar un examen en el Congreso y obtener la aprobación de las dos terceras partes del plenario.
El Consejo de Administración de RTVE
No hay que olvidar que el Consejo de Administración de la radio-televisión pública está actualmente compuesto por nueve miembros, de los que seis fueron designados por el PP, uno por el PSOE, uno por CiU y uno por IU. Su renovación no sólo pondría fin a la mayoría absoluta con la que han contado los populares durante los últimos años, sino que también permitiría la entrada en el órgano de Podemos y Ciudadanos.
Los consejeros Teresa Aranguren, Andrés Martín Velasco, Miguel Ángel Sacaluga y Rosario López Miralles debieron abandonar este órgano en enero de 2013, pero la falta de consenso de los grupos parlamentarios ha provocado que su mandato en funciones se haya extendido durante más de cuatro años. Por cada una de las reuniones a las que han asistido durante este tiempo han percibido 500 euros.
Además de la renovación del cuadro de mando de RTVE, los grupos parlamentarios deberán comenzar a trabajar próximamente en el nuevo Mandato Marco que fijará el servicio público que debe cumplir la corporación durante los próximos nueve años. A partir de ahí, en teoría, debería desarrollarse un contrato-programa, con vigencia de tres años, que determinará los recursos que se deben destinar a la televisión pública para que pueda alcanzar esos objetivos.
Tampoco se puede descartar que algún partido proponga una modificación de su ley de financiación, tal y como lo ha solicitado José Antonio Sánchez al Parlamento durante sus pasadas comparecencias. No obstante, la opción de volver a introducir la publicidad en sus canales parece remota, tanto por la situación actual del mercado como por el coste político que supondría, ante las presumibles presiones que ejercerían las televisiones privadas, en oposición a esta medida.
