El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, el proyecto de ley de Propiedad Intelectual, una reforma que entre otras cosas contempla la compensación por copia privada, uno de los temas que más criticó el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto de esta reforma, un informe de 184 páginas en el que se recomienda extremar "las cautelas" en la definición del límite de copia privada, así como en la "correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada". El texto del anteproyecto aprobado este viernes reconoce el derecho de remuneración por el empleo lucrativo que de los contenidos de los medios hacen los agregadores de información, por ejemplo Google.
Según han asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, esta ley refuerza los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión, con mayores garantías de transparencia. Este es un texto que nace sin consenso y con el recelo de los muchos sectores en él involucrados.
Los ámbitos que aborda el anteproyecto de la reforma son las entidades de gestión de derechos de autor, los procedimientos de lucha contra la piratería, el concepto legal de copia privada y la trasposición de la Directiva 2011. "Busca reforzar la seguridad en el paso hacia el mundo digital", ha dicho Wert este viernes en el consejo de ministros. Según el anteproyecto, las sanciones contra la piratería se fortalecerán y se introducirá un régimen sancionador gradual, de entre 30.000 y 300.000 euros, en función del grado de infracción. De esta forma, habrá mayor capacidad para actuar frente a las páginas que más vulneran la propiedad intelectual.
Respecto a las entidades de gestión, el anteproyecto establece un refuerzo de la transparencia y vigilancia de estas entidades. Así lo ha explicado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert: el anteproyecto se traduce en la "limitación de la capacidad de las entidades de gestión de aprobar e imponer tarifas", para que no se produzca una "asimetría entre la entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios". Ninguna sociedad de gestión puede sancionar ni fijas las cantidades de dichas sanciones; estas son atribuciones estrictas del Estado.
El presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), Luis Enríquez, ha mostrado hoy su satisfacción por la medida, que ha calificado como "el paso más importante que ha dado un Gobierno en España para la protección de la prensa".
El texto del anteproyecto reconoce el derecho de remuneración por el empleo lucrativo que de los contenidos de los medios hacen los agregadores de información, por ejemplo Google.
La norma llega en un momento de división y recelo dentro del sector cultural. No sólo la urgencia de una medida poestargada una y otra vez -el texto vigente tiene 27 años de retraso con respecto a los avances del mundo digital-. En estos meses, casi un año, ha habido tiempo para aprobar una reforma del Código Penal, según la cual el dueño de una página de enlaces puede ser condenado hasta a seis años de cárcel por dedicarse al negocio lucrativo de indicar el camino a sus usuarios a los servidores que alojan masivamente contenidos sujetos a derechos de autor. También, para tratar con los implicados de amasar un articulado para muchos insuficiente.
La presidenta de la Asociación de Editores de Madrid, Rosalina Valcárcel, ya manifestó hace unos días ante los medios que los últimos borradores a los que había tenido acceso la entidad mejoraban el anteproyecto, en lo que se refiere al sector editorial. Manifiestan tosavía su inquietd algunos sectores de la cultura, ya que, según indican, los últimos borradores -aunque no el definitivo- no han incluido ninguna de las recomendaciones importantes que ha hecho el sector desde que se presentó el anteproyecto.
Pulso entre Industria y Cultura
El anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual sufrió distintos atascos por distintas razones. Una de las que más influyeron fue la falta de acuerdo entre el Ministerio de Industria y Cultura. El borrador había sido objeto de las más variadas controversias. Desde de los diputados del Partido Socialista e Izquierda Unida de retirar el documento hasta las críticas que el Consejo de Estado realizó en su informe del pasado 4 de diciembre. Sin embargo, el verdadero lugar donde se atascaba la discusión y la aprobación de una versión para dar inicio al trámite parlamentario fue el que involucraba las negociaciones entre Industria y Cultura por un asunto estricto de competencias.
Una de las piedras más duras con la que se han topado tanto el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert y el Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, ha sido justamente el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, quien defendía algunas competencias de Industria sobre materias que pretende regular la futura ley, entre ellos, la autorización de determinadas páginas webs.
