Pedro Sánchez ha iniciado un plan estudiado y meticuloso contra el reparto de publicidad institucional en España. Una estrategia encubierta para intentar asfixiar a los medios de comunicación no afines al Gobierno dotándolos de menos recursos económicos.

Todo ello nace de las informaciones que los "tabloides digitales", tal y como los definió el líder socialista, han sacado en los últimos tiempos sobre los supuestos casos de corrupción que persiguen a su esposa, Begoña Gómez, en relación con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

La publicidad institucional, como su propio nombre indica, es la forma que tienen las Administraciones públicas de suministrar dinero en la prensa, especialmente en su vertiente digital. Los ciudadanos, dependiendo de la ideología que tengan, creen que este montante solo llega a ciertos medios desde un lado de la frontera: Gobierno central o Comunidades Autónomas.

Nada más lejos de la realidad. Ejecutivo y autonomías reparten dinero a discreción a toda clase de medios, especialmente a los más cercanos a los postulados. Sánchez pretende, con la connivencia de ciertos medios afines a sus políticas, tratar de torpedear lo máximo posible la cantidad de dinero y la forma en que se reparte de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.

¿Quién reparte más dinero en publicidad institucional?

Sin embargo, basta con echar un vistazo a los presupuestos del Gobierno para ver la ingente cantidad de dinero que este destina a los medios, infinitamente más que cualquier autonomía. Este año, Sánchez fijó en 138 millones la partida presupuestaria para publicidad institucional.

A esto hay que sumar los 100 millones anunciados de fondos NextGen para la digitalización de medios de comunicación, los cuales, aunque requerirán de proyectos concretos, pues así lo demanda Bruselas, terminarán en manos de la prensa. Un disparate más del intento de regeneración democrática que pretende el presidente del Gobierno.

En 2023, el Ejecutivo destinó 145 millones de euros. En 2022, 158. El gran salto se produjo entre 2020 y 2021, cuando se pasó de 66 millones a 123, respectivamente. Y esto solo en la Moncloa. Cada Comunidad Autónoma tiene su propia partida presupuestaria.

Madrid aumentó de 13 a 27 los millones para entregar a los medios de comunicación en 2024. Sumen ustedes, además, el dinero que llega a la prensa a través de empresas públicas (Renfe)o mediante acuerdos público-privados a través de productoras. Un sinfín de dinero para regar líneas editoriales y cabeceras.

Pero en el fondo, y pese al truco de prestidigitador que Sánchez exhibió en el Congreso el pasado miércoles, este proyecto tan solo pretende apartar de las subvenciones públicas a los medios que él no considere cercanos a sus ideas, por lo que el escrutinio a las cuentas autonómicas, más intentar acoplar las inversiones al número de lectores de los digitales, responde a una acción contra la prensa.

Parece que lo tendrá difícil, pues los primeros interesados en seguir regando a medios de su gusto son los socios del Gobierno en País Vasco o Cataluña, por ejemplo. Así que la reforma de la Ley de Publicidad Institucional no es tan factible como el PSOE puede creer.

Ministerios con más inversión que empresas del Ibex

Para entender la magnitud de lo que el Estado reparte en publicidad institucional, basta con acudir al informe de inversión que elabora Arce Media. En su momento, Vozpópuli detalló el contenido del correspondiente al mes de septiembre de 2023.

Los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital (2,61%), Sanidad (2,14%) y Derechos Sociales y Agenda 2030 (1,80%) se situaron en el top 5 de entes que más dinero repartían a los medios, solo superados por El Corte Inglés (2,86%) y entremedias de KIA (2,06%).

Por sectores, las administraciones coparon con el 21,36% la inversión en medios, bastante por delante de la distribución y restauración con el 12,43%.

Todo ello rodeado de un aura de opacidad a todos los niveles, tanto estatal como localmente. Sánchez quiere obligar a las Comunidades Autónomas a dar explicaciones concretas de a qué medios otorgan publicidad institucional y cuánto dinero invierten. De esta misma petición para el Ejecutivo central no anunció nada.

En definitiva, y con la excusa de la ley de medios que la Unión Europea ha puesto en marcha para agosto de 2025, la cual exigirá declarar la financiación de las instituciones en el ámbito de la publicidad institucional, Sánchez quiere acorralar a los medios que él considera "tabloides". Es decir, los que no bailan el agua al Gobierno. De primero de regeneración democrática, vaya.