La objetividad de los telediarios de Radiotelevisión Española ha estado siempre bajo la sombra de la duda. No ha habido ninguna época en la que los noticiarios no hayan sido acusados de moldear la realidad para beneficiar al Gobierno de turno y perjudicar a sus enemigos políticos. En esta última etapa, con José Antonio Sánchez como presidente, la corporación ha sido señalada en decenas de ocasiones por el trato de favor que ha dispensado al Ejecutivo de Mariano Rajoy y al Partido Popular. Así se denuncia en el último informe elaborado por el Consejo de Informativos de TVE, que expone hasta 70 casos de manipulación informativa en los programas de la televisión pública.
Entre los ejemplos que expone se encuentra el acaecido el pasado 18 de abril, cuando la Audiencia Nacional citó a Mariano Rajoy como testigo dentro del juicio de Gürtel. Pese a que era la primera vez que un presidente del Gobierno se veía en la tesitura de comparecer ante un tribunal, los dos telediarios abrieron con la noticia de la convocatoria de elecciones en Reino Unido.
A este respecto, cabe recordar que La 1 fue el único canal generalista que no emitió en directo la comparecencia el pasado 26 de julio, dado que los responsables de los Servicios Informativos de TVE decidieron ofrecerla en el Canal 24 Horas, que cuenta con una audiencia mucho menor a esa hora.
Otro caso que levantó ampollas en Torrespaña es el relativo al reportaje La solución murciana, dedicado a la dimisión del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y emitido en el programa Informe Semanal el pasado 8 de abril. La pieza incluía una entrevista al político y las declaraciones de tres periodistas, del fiscal superior de Murcia y del presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la Región. Sin embargo, no concedió ni un segundo a los portavoces de Ciudadanos, PSOE y Podemos, lo que ofreció una visión sesgada de la realidad, a juicio del Consejo.
Economía: siempre positivo
Los autores de este informe también aluden a la manipulación que han observado en determinadas noticias económicas con el objetivo de favorecer al Ejecutivo. Pone como ejemplo una pieza emitida el pasado 5 de abril, relacionada con la reducción del Fondo de Reserva de las Pensiones. El texto de la noticia –escrito por una de las máximas responsables de los telediarios- está redactado de tal forma que el espectador puede llegar a percibir que lo que se relata es positivo para la economía española.
En lugar de remarcar el dato más importante, como es que la hucha de las pensiones ha decrecido en 17.000 millones de euros en los últimos meses, la noticia se iniciaba de esta forma: “El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó los 15.020 millones de euros al finalizar 2016, según el informe anual que la ministra de Empleo y Seguridad Social ha entregado en el Congreso de los Diputados”, expone.
El informe denuncia hasta 70 casos de manipulación informativa en los programas de la televisión pública.
Un caso similar se detectó el 23 de mayo, cuando la Comisión Europea publicó un informe que afirmaba que España registró el mayor déficit público de Europa en 2016 y preveía un nuevo incumplimiento para 2017. Ese día, el TD-1 habló de que Europa pedía a a España extremar el "control sobre el déficit y, pese a los avances en la lucha, estrategias para prevenir y mitigar la corrupción", mientras que el TD2 tituló la pieza de esta forma: "Éxito de la reforma laboral".
También resultó polémico el tratamiento que realizaron los noticiarios acerca del barómetro del CIS publicado el pasado 6 de junio, que revelaba que la preocupación de los españoles por la corrupción había crecido 12 puntos. “El TD1 no lo incluyó en los titulares y tan sólo le dedicó unas colas en el minuto 17”. En el TD2, la noticia se ofreció en el minuto 22.
Polémica en el Canal 24 Horas
El Consejo de Informativos también alude en su informe a la situación que se produjo el pasado 10 de mayo, cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso para hablar sobre el 'caso Lezo' y el conocido relevo de fiscales. “El Canal 24 Horas emitió en directo los 6 primeros minutos de la comparecencia de Catalá, pero cortó la conexión antes de que intervinieran los representantes de la oposición. El canal tampoco ofreció la comparecencia de José Manuel Maza, que se había producido momentos antes”, explica el documento.
La práctica de los noticiarios de la televisión pública, consistente en “ocultar” información sobre los partidos de oposición, ha recibido múltiples críticas en los últimos tiempos. Un ejemplo que levantó una especial polvareda fue el que se registró el 21 de mayo, cuando La 1 suspendió un especial informativo que estaba previsto para emitir en directo las primeras palabras de Pedro Sánchez tras imponerse en las primarias socialistas. El presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, incidió unos días después, en su comparecencia en el Senado, que dicho telediario se canceló porque la información más relevante ya se había contado en el TD-2. Sin embargo, las explicaciones no convencieron al Consejo de Informativos, que criticó en un comunicado la falta de independencia de la corporación.
El dosier critica las maniobras de los responsables de los informativos para silenciar a los portavoces de los partidos de la oposición parlamentaria.
Por otro lado, en el dosier también se menciona el “doble rasero” que los miembros del Consejo de Informativos de TVE consideran que tuvieron los responsables del telediario el pasado 20 de junio, cuando Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja declararon ante el juez por el caso Gürtel. “El TD-1 no recogió la información en los sumarios y la cubrió en el minuto 21, con un directo y cuatro totales descontextualizados de las declaraciones en el juicio. Tampoco el TD-2 le dedica un sumario, aunque sí una pieza”.
Por el contrario, este noticiario ofreció una pieza del caso Open de Tenis de Madrid en la que se informa de que el juez citó a los concejales de Ahora Madrid, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, como investigados por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, expone el informe.
