La Generalitat valenciana ha cumplido su amenaza. En una decisión sin precedentes, el Ejecutivo presidido por Alberto Fabra ha decidido anunciar el cierre definitivo de Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Es la respuesta a la sentencia conocida esta mañana con la que el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha anulado el expediente de regulación de empleo (ERE) que costó el puesto a un millar de empleados de la cadena pública. Según el Gobierno autonómico, tras el fallo del TSJV "solo" quedaba la vía de "la supresión del servicio público" ya que "la readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable".
Y es que la sentencia del TSJV suponía que RTVV tenía que readmitir a los casi mil periodistas despedidos en el polémico expediente de regulación de empleo. Ahora, además de los ya despedidos perderán su empleo los cerca de 500 trabajadores que quedaban en el ente público, siempre conocido como Canal 9 y recientemente rebautizado como Nou.
Como informó Vozpópuli, la Generalitat manejaba cerrar la cadena pública si perdía en los juzgados. Fuentes del ente público aseguran a este diario que esta misma tarde se ha celebrado una reunión de alto nivel entre la directora de RTVV, Rosa Vidal, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y otros miembros de su gabinete. En ese encuentro es donde se ha tomado la decisión.
A los sindicatos, que esta mañana celebraban lo decidido por los tribunales, esta decisión les ha llegado por sorpresa. Pensaban que se trataba solo de una amenaza para presionar a los jueces del TSJV. De hecho, esperaban que el Ejecutivo regional aceptase la sentencia, no recurriera ante el Supremo, readmitiera a los despedidos en el ERE y se sentase a negociar otro expediente para el fututo. Ha ocurrido justo lo contrario.
Comunicado
El Ejecutivo valenciano ha emitido un comunicado para explicar la decisión. En concreto, afirma que ha querido hacer pública esta decisión "con celeridad para no prolongar de manera innecesaria la intranquilidad que supondría para los trabajadores de RTVV" y señala que tiene la "obligación" de "priorizar los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, universales y gratuitos", que es "el objetivo prioritario de todas las actuaciones" que lleva a cabo, recoge Europa Press.
El Gobierno valenciano ha destacado que la "difícil decisión" de abordar el ERE se englobó "dentro de la reestructuración del sector público empresarial cuya finalidad era lograr una administración más ligera y sostenible". Sin embargo, una vez "descartada" la vía del ERE, que era "el camino que había decidido emprender el Consell", señala que "sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico". "La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos", explica el Ejecutivo.
Asimismo, precisa que, en el caso concreto de RTVV, la deuda acumulada y asumida por la Generalitat "superaba los 1.000 millones de euros", una cifra que, según el Consell, "dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento". En concreto, esa deuda llegaba a los 1.200 millones, como se publicó en este diario. El Consell recalca que su voluntad ha sido "desde el primer momento" la de mantener abierta RTVV, "en tanto que ofrece un servicio público". Por ello, optó inicialmente por la opción del "redimensionamiento" de la plantilla y añade que "en aras de la independencia que debe regir todo proceso de estas características, se encargó a una empresa externa el proceso de ejecución del ERE".
Telemadrid, a la espera
Una situación similar a la de RTVV se vive estos días en Telemadrid. La cadena pública madrileña acometió un ERE que afectó a 831 empleados. Después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció que aquel expediente no estaba ajustado a derecho y, por ello, dio la razón en parte a los trabajadores despedidos. Ahora, debe decidir el Tribunal Supremo. Pero el presidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, ya ha asegurado que si el ERE es declarado nulo por el Alto Tribunal, cerrará Telemadrid.
