El ministro de Industria, José Manuel Soria, no está logrando muchos adeptos a sus planes sobre la Televisión Digital Terrestre (TDT) y el 'dividendo digital'. Las iniciativas del Gobierno para el sector audiovisual no gustan a las televisiones privadas. Pero tampoco convencen a los gobiernos autonómicos de Andalucía y Cataluña. Tanto la Junta andaluza como la Generalitat catalana han expresado su oposición a las intenciones del Ejecutivo, dado que la reordenación del espacio radioeléctrico en marcha supondrá la pérdida de varios canales de TV3 y Canal Sur. Fuentes del sector consultadas por Vozpópuli aseguran que, aunque por ahora apuestan por la cautela, los gabinetes presididos por Susana Díaz y Artur Mas no descartan emprender acciones legales ante lo que consideran una invasión de sus competencias.
Industria insiste en que su propuesta garantiza la continuidad de toda la oferta actual de canales de televisión nacionales, autonómicos y locales
A finales de julio, Industria hizo pública su hoja de ruta para la reordenación de la TDT y la implantación del 'dividendo digital'. El Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre prevé que la TDT se explotará mediante 8 canales múltiples digitales de cobertura nacional y autonómica. Según Industria, dicha propuesta garantiza la continuidad de toda la oferta actual de canales nacionales, autonómicos y locales. No opinan lo mismo en algunas comunidades autónomas. Antes al contrario, puesto que argumentan que el traslado de frecuencia de los canales les va a pasar una factura que no están dispuestas a pagar. Además, arguyen que el Ejecutivo no les ha informado antes de presentar sus iniciativas.
El tiempo apremia
Al mismo tiempo que las hizo públicas, Industria envió sus propuestas a los miembros del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi), donde tienen asiento miembros de la administración central, las administraciones autonómicas y, sobre todo, de las principales empresas del sector de las televisiones y las telecomunicaciones. Y parece que estas últimas son las únicas contentas, dado que con este proceso podrán por fin utilizar la tecnología 4G. Estos planes gubernamentales están pendientes de aprobación por parte del Consejo de Ministros. Pero el tiempo apremia, dado que estos cambios profundos en el sector audiovisual deben estar listos el 1 de enero de 2015 por exigencias de las autoridades europeas.
Una prueba evidente del enfado que tienen las comunidades autónomas es que solo hace unos días la Junta andaluza expresó sus quejas públicamente. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, solicitó al secretario de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, reiniciar la tramitación de este proyecto de Real Decreto, en una convocatoria que cuente con las comunidades autónomas. Más en concreto, reclamó que se convoque el Pleno de la Comisión Permanente del Catsi para tratar esta cuestión cuanto antes.
La Junta denuncia que una de las propuestas es la eliminación de uno de los canales múltiples autonómicos de la TDT, previsto en el vigente Plan Técnico Nacional
Al decir del Ejecutivo andaluz, el Gobierno central ha adoptado este plan sin reunirse con las autonomías, ni tener en cuenta las alegaciones que Andalucía realizó en 2012 al primer borrador del Real Decreto. En opinión del citado consejero, las decisiones previstas en el borrador actual contienen medidas que afectan "grave y directamente" a las competencias de la comunidad en materia de comunicación social. Y es que una de las iniciativas propuestas es la eliminación de uno de los canales múltiples autonómicos de la TDT, previsto en el vigente Plan Técnico Nacional. Para la Junta, esta medida supone una "intromisión competencial" del Estado en el ámbito audiovisual andaluz, al tiempo que limita las posibilidades de desarrollo real de esta industria, "impidiendo la coexistencia en el territorio de Andalucía de proyectos empresariales públicos y privados diversos".
El caso catalán
La Generalitat catalana ha ido más allá. Ya el pasado mayo, antes de que se conocieran los planes de Industria, el portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, aseguró que el Gobierno pretendía "silenciar" a TV3. Días después, se celebró una reunión entre representantes de Industria y del Govern. Más en concreto, se vieron el ya mencionado Victor Calvo-Sotelo y el secretario de Comunicación de la Generalitat, Josep Martí. Y el resultado fue bastante desalentador para el Ejecutivo autonómico, puesto que desde el Ministerio les trasladaron que sus propuestas eran "inviables".
La Generalitat acusó al Gobierno de cometer una agresión contra la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y dará la batalla hasta el final
Industria explicó en un comunicado que Calvo-Sotelo había recordado a su homólogo que este proceso, que obliga a la reordenación del espectro radioeléctrico para permitir el desarrollo de la telefonía 4G en España, permitirá "mantener la oferta televisiva en Cataluña e incluso mejorarla". En la actualidad, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) tiene tres canales múltiples de televisión autonómica. El plan prevé la existencia de dos canales múltiples digitales de televisión autonómica, el doble que el resto de las 16 comunidades autónomas, y dos canales múltiples de televisión local. En un canal múltiple hay espacio para albergar hasta seis canales de televisión. Tras aquel encuentro, la Generalitat no ha movido ficha en este sentido. Eso sí, las fuentes consultadas dan por hecho que el Ejecutivo de Artur Mas dará la batalla al respecto.
Las TVs privadas
A las televisiones privadas tampoco les hacen gracia los planes de Industria. Poco después de conocerse la propuesta, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), patronal que aglutina a Atresmedia, Mediaset, Unidad Editorial y Vocento, emitió un duro comunicado en que reprobaba las iniciativas del departamento de José Manuel Soria. Frente a la propuesta gubernamental, adelantada por Vozpópuli, los José Manuel Lara, Paolo Vasile y compañía censuraron que la secretaría de Estado de Telecomunicaciones no les hubiera consultado. Denunciaron que el Gobierno les discrimina respecto a a Televisión Española (TVE). Y concluyeron que este plan es "inusitadamente oscuro".
