El Tribunal Constitucional (TC) considera acorde con la Constitución la legislación que obliga a las cadenas privadas de televisión a invertir el 5% de sus ingresos en la producción de películas de cine español y europeo, en una sentencia que responde a una cuestión que le planteó el Supremo.
"La libertad de empresa no es un derecho absoluto" y el fin de la norma cuestionada, que ya fue validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es legítimo, responde el Constitucional al Supremo, en relación con un recurso contrario a la medida de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas
