El Gobierno y varias compañías de telecomunicaciones –principalmente Cellnex Telecom- suspiraron el pasado diciembre cuando la Corte de Justicia Europea se pronunció a favor de los intereses de España y le eximió de recuperar los 260 millones de euros en ayudas que concedió de forma ilegal a la TDT entre 2005 y 2009. La decisión dejaba sin efecto una orden dictada en 2013 por la Comisión Europea y desactivaba una bomba que amenazaba con estallarle al Ejecutivo y a varias comunidades autónomas y empresas. Sin embargo, la Comisión estima que este asunto no está muerto y ha expresado su intención de desenterrarlo.
Así lo ha dejado claro el organo ejecutivo comunitario en una carta –a la que ha tenido acceso Vozpópuli- en la que manifiesta que la sentencia emitida a finales de 2017 por el tribunal no paraliza definitivamente el procedimiento y expresa su voluntad de hacer prevalecer la decisión tomada en 2013. “La Comisión tendrá que adoptar a su debido tiempo una nueva decisión por la que ponga fin al procedimiento de investigación formal”, señala.
La Corte de Justicia Europea rechazó en diciembre 5 de los 6 recursos presentados por España, Retevisión, Cellnex Telecom y varias comunidades autónomas para intentar frenar la decisión de la Comisión Europea de 2013. No obstante, el tribunal aceptó la apelación presentada por Galicia y por la empresa Retegal, al considerar que la Comisión no argumentó de forma adecuada los motivos por lo que declaró ilegales las subvenciones que recibieron -”insuficiencia de motivación”-, de ahí que le haya quitado la razón.
La Comisión Europea considera -en la citada carta- que el error de forma señalado por la Corte de Justicia de la Unión Europea no afecta al fondo del asunto.
El hecho de que la Corte aceptara el recurso de Galicia provocó un “efecto dominó” sobre las demás decisiones sobre empresas y comunidades autónomas, que también quedaron en suspenso, lo que evitó que España tuviera que recuperar los 260 millones de euros.
El asunto no está muerto
La Comisión Europea considera -en la citada carta- que el error de forma señalado por la Corte de Justicia de la Unión Europea no afecta al fondo del asunto y expresa su intención de corregir en el futuro la “insuficiencia de motivación” señalada por el tribunal.
Además, avisa a España de que “está obligada a tomar las medidas necesarias” para afrontar las consecuencias que tendría una nueva decisión en firme de la Comisión que obligara a recuperar las subvenciones ilegales.
Una larga historia
El origen de este asunto se encuentra en 2005, cuando España comenzó a repartir –bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero- varias decenas de millones de euros en ayudas públicas para llevar la TDT a las zonas más remotas de su territorio. Es decir, a aquellos lugares donde los operadores de televisión no están obligados a transmitir su señal.
El problema vino cuando, en 2013, la Comisión Europea dijo que los concursos en los que las comunidades autónomas concedieron esas ayudas no habían sido neutrales, por lo que obligó a España a recuperar las subvenciones otorgadas tras esos prodecimientos. Lo hizo tras una denuncia presentada por SES Astra, la empresa de satélites que ha tenido acceso a esta última carta de la Comisión.
La Justicia europea respaldó en primera instancia a la Comisión Europea, al igual que hizo el pasado septiembre el abogado general de la UE, Melchior Wathelet. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la Corte de Justicia falló en diciembre en favor de los intereses de España en uno de los recursos presentados, lo que neutralizó una patata caliente que se encontraba en manos del ministro, Álvaro Nadal, de comunidades autónomas como Galicia, País Vasco o Cataluña; y de empresas como Cellnex Telecom.
