El 9 de mayo de 1963 el ejército de Estados Unidos envió un cohete al espacio que vertió medio millón de agujas de cobre en la órbita media terrestre, entre los 3.500 y los 3.800 kilómetros de altitud. Su intención era cubrir el planeta con una ionosfera artificial que permitiera ampliar sus comunicaciones sin peligro de ser saboteados por los soviéticos. Esta acción unilateral y con consecuencias impredecibles despertó la protesta de los radioastrónomos de todo el mundo, a quienes impedía sus observaciones, y generó tal malestar internacional que obligó a incluir una cláusula extraordinaria sobre este punto en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre que se firmó en 1967.
El artículo 1 de aquel tratado establece que “la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países […] e incumben a toda la humanidad”. Pero desde entonces se han producido nuevos escenarios tecnológicos que han superado ampliamente la realidad de la Guerra Fría y para los que los cuales el texto ha quedado obsoleto. El abaratamiento y miniaturización de la tecnología espacial ha permitido ampliar el número de envíos al espacio y multiplicar las posibilidades de actuar de forma particular sobre un ámbito poco regulado. El próximo día 25, por ejemplo, una empresa japonesa podrá en órbita un pequeño satélite diseñado para lanzar esferas de material inflamable que entrarán en la atmósfera y crear un espectáculo de ‘estrellas fugaces’ artificiales para la ceremonia de apertura de los JJOO de Tokio 2020. Y esta misma semana la empresa del multimillonario Elon Musk, SpaceX, ha puesto en órbita otros 60 pequeños satélites de su proyecto Starlink, que proyecta colocar cerca de 12.000 satélites para mediados de la década de 2020 en la órbita terrestre baja para crear una red global de internet de banda ancha.
Las constelaciones de satélites amenazan con arruinar las observaciones científicas del Universo
El problema es que estas constelaciones de satélites, más las que configurarán otras compañías que ya han anunciado sus planes para sumarse a la carrera, arruinarán las observaciones astronómicas y puede que cambien el cielo nocturno tal y como lo conocemos. En el mes de junio la Unión Astronómica Internacional (IAU) emitió un comunicado en el que advertía de que “aún no entendemos bien el impacto de miles de estos satélites visibles por todo el cielo nocturno” y aseguraba que “pueden amenazar” las observaciones astronómicas en óptico y en radio. Esta carrera por cubrir el planeta de artefactos para aprovechamiento de compañías privadas, no solo amenaza con arruinar las observaciones científicas del Universo, como advertían los especialistas hace unos días en la revista Nature, sino que multiplica el riesgo de colisiones con lo satélites que ya están en servicio. De hecho, el pasado 2 de septiembre la ESA ya tuvo que desplazar uno de sus satélites para evitar un accidente y es posible que veamos más incidentes de este tipo en el futuro.
La decadencia presupuestaria de las grandes agencias estatales como la NASA ha dado alas a los promotores privados que como Musk han tomado la delantera de la exploración espacial. Pero la factura a pagar puede resultar demasiado cara si ponemos en riesgo bienes comunes. Noticias como la que conocimos el pasado mes de agosto, cuando supimos que la sonda israelí Beresheet portaba en su interior miles de tardígrados antes de estrellarse contra la Luna, no hacen más que aumentar esta desconfianza. Especialmente porque a pesar de los estrictos protocolos contra la contaminación planetaria, nadie había sido advertido de la intención de transportar estos seres vivos - con fama de indestructibles - hasta la superficie de nuestro satélite. ¿Qué otras cosas pueden estar haciendo las compañías privadas sin el escrutinio de las autoridades? Por otro lado, esta privatización de la iniciativa espacial puede llevar a un escenario en el que la noche se convierta en un gran escenario publicitario: si se permite a una empresa crear estrellas fugaces lanzando basura a la atmósfera para animar la apertura de unos Juegos Olímpicos, ¿qué impide que alguien lo use para poner un gran anuncio cada noche vendiendo algún producto comercial?
Planeta Tierra, S.A.
Aunque Naciones Unidas han intentado regular los bienes patrimonio común de la humanidad como los fondos marinos, la Antártida y el espacio ultraterrestre, algunos expertos advierten de la inutilidad práctica de estos tratados y la existencia de una vía abierta para la explotación privada de estos recursos comunes. La cuestión es especialmente grave si ponemos el foco en otro espacio aún menos regulado como es la atmósfera terrestre y las emisiones de gases de efecto invernadero cuyo impacto va más allá de cualquier frontera. La quema de rastrojos no regulada en Pakistán, por ejemplo, contribuye a la formación de grandes nubes de contaminación en ciudades de La India, y la polución de las ciudades chinas viaja a la vecina Corea del Sur. Recientemente se ha localizado en territorio chino una región en la que los fabricantes locales siguen emitiendo los CFCs prohibidos hace años para impedir el deterioro de la capa de ozono. Se cree que los fabricantes locales de espumas aislantes para la construcción han emitido unas 7.000 toneladas anuales de triclorofluorometano (CFC-11) entre 2011 y 2017, con un beneficio particular y un impacto que asumimos todos los habitantes del planeta a nivel global.
Algunos informes recientes apuntan también a que solo 90 grandes empresas energéticas han contribuido al 63% de los gases de efecto invernadero emitidos entre 1951 y 2010, lo que ha llevado a algunos colectivos a poner en marcha una iniciativa para obligarles a pagar en los tribunales. Otros estudios apuntan a que los aviones privados emiten una parte importante del CO2 global y personas individuales como Bill Gates o Paris Hilton emiten 10,000 veces más CO2 que el viajero medio de una aerolínea comercial. Esto, junto con el hecho de que los países desarrollados están trasladando sus industrias más contaminantes a países con menos recursos, deja pocas dudas sobre el hecho de que un pequeño tanto por ciento de los habitantes de la Tierra estamos ensuciando y robando el aire que respiran los demás.
Vivimos en un mundo en el que las decisiones de empresas y estados afectan a todos los habitantes del planeta
La reciente polémica por la gestión de los incendios en el Amazonas del presidente brasileño Jair Bolsonaro levantó las protestas de muchos países y agitó el debate sobre la legitimidad de un solo estado de gestionar un recurso cuya destrucción tiene efectos planetarios. Situaciones como esta y las políticas de Donald Trump al abandonar el Acuerdo de París han llevado a los académicos estadounidenses Joel Wainwright y Geoff Mann a plantearse los posibles escenarios futuros en un mundo en el que las decisiones particulares de empresas y estados afectan a todos los habitantes del planeta sin que estos tengan ni voz ni voto. En su libro “Leviatán Climático” especulan con la posibilidad de que “bajo la presión de estos inminentes desafíos del cambio climático”, se produzcan “cambios en la organización de la soberanía política”. Tal vez, se plantean, veamos la emergencia de una soberanía planetaria, un cambio de organización con un alcance similar al que tuvo la Ilustración y la Revolución Francesa en el concepto de soberanía popular.
Mientras muchos movimientos políticos están conduciendo a las masas hacia el ensimismamiento nacionalista y la negación, la humanidad está perdiendo un tiempo valiosísimo para discutir sobre las cuestiones verdaderamente decisivas para su futuro. Algunos especialistas han comenzado a tomarse en serio la posibilidad de que las estrategias de geoingeniería para intervenir en el clima desaten grandes conflictos entre zonas del planeta a las que esas intervenciones - que solo podrán permitirse los más poderosos - perjudiquen aún más a los que no tienen capacidad de intervenir ni responder.
Es posible que nuevas estrategias de geoingeniería desaten grandes conflictos entre zonas del planeta
Porque la pregunta que está encima de la mesa es qué derecho tienen unos pocos a utilizar, agotar y envenenar los recursos que pertenecen a toda la humanidad y hasta qué punto tienen sentido las decisiones particulares de los estados y empresas en un planeta que ahora sabemos interconectado, en el que todos respiramos el mismo aire, explotamos los mismos océanos, contemplamos el mismo cielo y estamos ligados por un destino común. Tal vez ese cambio de mentalidad global ya lo han comenzado los jóvenes que del movimiento Fridays for Future y la aclamada activista sueca Greta Thunberg con sus reinvindicaciones y solo haya que buscar la manera de articularlo. Tienen todo el derecho a pedir que el planeta deje de ser la finca particular de una banda de bandoleros planetarios que les están robando el futuro, el aire que respiran y puede que hasta las estrellas. Ojalá no les roben la capacidad de organizarse y soñar.
