Durante once meses, el ‘caso Rato’ ha vivido en un extraño limbo de inacción. Pruebas, informes, especialmente uno firmado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en marzo de 2017, periciales que han ido acumulando polvo pese a que en esos escritos se atribuye al exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, por haber cobrado mediante empresas familiares un total de 67,6 millones de las sociedades que había privatizado en los años 90. Acusaciones ante las que el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, el magistrado Antonio Serrano-Arnal, hacia caso omiso. De nada servía que los agentes de la Guardia Civil reclamasen al magistrado, en el citado informe de marzo de 2017, la citación a declarar de Rato como imputado. En el mismo saco rato cayó la petición de la Fiscalía tras ‘recoger el guante’ de la UCO. Rato seguía ganando tiempo gracias al silencio administrativo de Serrano-Arnal.
El caso se reactivó, sin embargo, la pasada semana. Apenas un par de días después de que este medio publicase el limbo en el que se encontraba el ‘caso Rato’, con esos 11 meses de dejar pasar el calendario sin que Serrano-Arnal tomase decisión alguna. El expolítico del PP tendrá que declarar el próximo 5 de abril como imputado por blanqueo, entre otros delitos. “A raíz de las pruebas que existen, lo lógico es que el futuro judicial de Rato se complique tras esa declaración. Los informes acreditan el viaje del dinero hasta las sociedades de Rato. No existen dudas sobre ello”, asegura algún actor que conoce en detalle la investigación.
Hasta Cristóbal Montoro ha entrado en esta nueva fase del proceso. La ONIF, el servicio de Vigilancia Aduanera que depende de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ha cursado un escrito a las dos patronales financieras, la CECA (cajas de ahorros) y la AEB (bancos), para que detallen en los próximos días todo tipo de información sobre los cambios y la situación de las cuentas bancarias de Rato en los últimos meses. De esta manera, los ‘chicos de Montoro’ vuelven a poner el foco en la situación del patrimonio del expolítico, en busca de algún nuevo indicio o cambio en su situación financiera en estos últimos de inacción, del que se pudiera derivar algún movimiento de capitales.
Algunos actores de la investigación temen que Serrano-Arnal vuelva a 'bajar los brazos' tras la declaración de Rato y el proceso retorne a esa situación de bloqueo que ya ha sucedido anteriormente"
La entrada en escena de la ONIF no parece ser un elemento suficiente para que se desbloquee totalmente el caso. Algunos actores de la investigación temen que Serrano-Arnal vuelva a “bajar los brazos” tras la declaración de Rato y el proceso retorne a esa situación de bloqueo que ya ha sucedido anteriormente por los errores procesales cometidos por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid en el último año y medio. El 10 de octubre de 2016, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid anuló la decisión de Serrano Arnal de abrir una pieza separada relativa a Bureau Consulting Conferenciantes. Meses después, este mismo tribunal anuló también la investigación abierta en relación con la contratación del ex cuñado de Rato, Santiago Alarcó, por parte de Bankia.
La primera de estas investigaciones se centra en determinar si el ex vicepresidente económico de Aznar cometió fraude fiscal cuando ocultó presuntamente a Hacienda los más de 1,6 millones de euros que ganó impartiendo conferencias desde su salida del Fondo Monetario Internacional. La segunda analiza si Rato cometió delito alguno cuando colocó en 2011 a su ex cuñado como asesor en Bankia, entidad que él presidía y donde Alarcó ganó 840.000 euros por su colaboración durante tres años.
La razón de ambas anulaciones fue la misma. El magistrado Antonio Serrano-Arnal decidió abrir ambas piezas separadas mediante providencia en vez de hacerlo a través de un auto. Aunque se trata de una cuestión formal es de suma importancia ya que mientras que las providencias son resoluciones que no deben motivarse los autos sí y, para abrir una investigación independiente sobre determinados hechos que afecta al ex presidente de Bankia, el instructor de Plaza de Castilla debería haber motivado su decisión.
Las 'meteduras de pata' de Serrano-Arnal obligaron a retrotraer las actuaciones al momento en que se dictaron las providencias anuladas"
En concreto, la Audiencia de Madrid reprochó al juez Serrano-Arnal que no concretara cuando decidió abrir dichas piezas separadas los indicios o hechos con apariencia delictiva ni tampoco su conexión con los delitos investigados en el procedimiento principal que afecta a Rodrigo Rato y a su patrimonio en el extranjero.
Sin embargo, el gran perjuicio causado por las 'meteduras de pata' del magistrado es que la Audiencia obligó a retrotraer las actuaciones al momento en que se dictaron las providencias anuladas. Es decir, al inicio de sendas investigaciones por lo que todas las diligencias practicadas hasta el momento en las piezas de Bureau Consulting Conferenciantes y de Santiago Alarcó no han valido para nada. Hubo que repetirlas. Y, mientras tanto, Rato siguió ganando tiempo… hasta el próximo 5 de abril. Quizás, ese día, cambie su suerte.
