A finales de 2011, cuando ya era evidente que Mariano Rajoy iba a ser presidente del Gobierno de grado o por fuerza, el consejo de administración de Abengoa, presidido por el ilustre sevillano Felipe Benjumea Llorente, 58, puso manos a la obra. En un abrir y cerrar de ojos decidió fichar a Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Hacienda del segundo Gobierno Aznar y ex socio y amigo personal del futuro ministro de Hacienda del Gobierno Rajoy, Cristóbal Montoro, para, a continuación, despedir a Carlos Sebastián, hermano de Miguel Sebastián, ministro de Industria del Gobierno Zapatero, a quien había colocado en su Consejo en 2005. Martínez Rico entró en Abengoa el 5 de octubre de 2011 como consejero independiente, apenas mes y pico antes de las elecciones generales que darían al PP la mayoría absoluta. Maniobra tan descarada rozando lo obsceno hubiera puesto rojo de vergüenza a más de uno. No a Benjumea ni a sus pares, acostumbrados a tener en el Consejo una amplia representación de los partidos del turno, y a hacerlo como la cosa más natural del mundo.
La anécdota revela con claridad la filosofía empresarial de la familia Benjumea y de Abengoa, empresa empeñada en cumplir con todas las malas prácticas que, 40 años después de la muerte de Franco, arrastran no pocos de los negocios de la “España cañí”, negocios adosados al BOE donde reina ese capitalismo castizo capaz de mezclarlo todo con singular desparpajo: política, finanzas, comisiones, despilfarros, subvenciones, amiguismo, auditores que no auditan… Hoy, la única gran empresa surgida en el páramo industrial andaluz se halla en preconcurso de acreedores, antesala de la suspensión de pagos, con una deuda “oficial” de 8.900 millones (la extraoficial podría más que doblar esa suma) y con una plantilla que supera las 28.000 personas en todo el mundo, de las que 6.871 se encuentran en España. La dimensión real del agujero es aún desconocida. “Dentro del parque empresarial español, esta es la suspensión de pagos más complicada con la que podía toparse España”, asegura el representante de uno de los bancos acreedores.
Es una gran empresa con 700 filiales, presente en 25 países, que trabaja con 15 monedas
La politización del Consejo de Abengoa y las prácticas clientelares antes someramente descritas podrían, sin embargo, conducir a engaño y dar una imagen distorsionada o muy parcial de lo que, en opinión de muchos, es una gran empresa, una empresa con 700 filiales, presente en 25 países, que trabaja con 15 monedas, con una brillante nómina de ingenieros desplegada en áreas punteras de investigación en tecnologías de diverso tipo. Repasando el comportamiento de la acción en Bolsa es posible detectar dos momentos que marcan la deriva de la firma hacia el desastre: noviembre de 2014 y julio de 2014. El primero tiene que ver con el famoso “bono verde”, una emisión cuyo pasivo y la caja procedente de la misma los gestores decidieron no incluir en el cálculo de la deuda corporativa neta. Por el artículo treinta y tres. El 14 de noviembre pasado, la acción cayó en picado más de un 36%, mientras la Agencia Fitch rompía el velo del endeudamiento real de la compañía, resultado de un apalancamiento que supuestamente doblaba el oficialmente admitido en Sevilla. El segundo hito tuvo lugar el 23 de julio de este año, día en que la sociedad, tras otro batacazo en Bolsa cercano al 8%, adelantó la presentación de resultados correspondientes al primer semestre de 2015, asegurando que todo iba sobre ruedas. Dijo más: en modo alguno necesitaba una ampliación de capital. Apenas 10 días después anunciaba una ampliación por importe de 650 millones de euros, sin estar asegurada, ni siquiera discutida, con la banca acreedora, bancos que a la sazón ya eran los auténticos dueños de Abengoa. La confianza se había volatilizado.
La banca terminó pasando por el aro de esa ampliación, no sin antes cortarle la cabeza al señorito Benjumea, forzado a abandonar la presidencia (indemnización de 11,4 millones), mientras la patrimonial Corporación Inversora (57% del capital), donde se agrupan las familias fundadoras –los Abaurre, los Aya, los Solís, además de los Benjumea, naturalmente- pierde el control del grupo. “El problema de Abengoa era la total falta de transparencia que había demostrado la familia Benjumea”, denunciaba la banca. El problema de verdad era que el pequeño taller que en 1941 había abierto en un barrio sevillano el joven Javier Benjumea, con un capital de 180.000 pesetas, para reparar motores y máquinas diversas, se había metido de hoz y coz en una brutal expansión internacional financiada a base de crédito bancario, es decir, con recursos ajenos, con deuda, y sin poner sobre la mesa nunca un duro propio porque los rumbosos sevillanos no lo tenían. Endeudarse y seguir endeudándose. Un negocio basado en la confianza, que empieza a resquebrajarse cuando comienzan a surgir las primeras dudas sobre el volumen real de esa deuda, y que explota el día en que un banco extranjero, el más insospechado, se acerca a Sevilla con una reclamación en la mano: “I want my money back”. Tras años de financiar la expansión internacional –y la propia actividad diaria- a base de créditos sindicados contra la garantía de Corporación Inversora, el motor empieza a pararse en cuanto la banca cierra la espita de la financiación.
Infinidad de proyectos no rentables
Aquella Abengoa iniciática de destornillador y alicates se convertiría en una multinacional de las energías renovables, un gigante con los pies de barro de la financiación ajena y un modelo de negocio que llevaba en su seno el germen del escándalo. La firma sevillana se dedica hoy a vender por el mundo proyectos EPC (acrónimo de Engineering, Procurement and Construction), plantas llave en mano en cuyo contrato se incluye el diseño, los suministros, la construcción, la puesta en marcha, el mantenimiento y la venta final al cliente de plantas de agua (desaladoras), energía termosolar y fotovoltaica, combustibles, hidrógeno, cultivos energéticos, etc. Cada proyecto es desarrollado por una filial ad hoc que es la que diseña, construye, pone en marcha y entrega. Con el margen obtenido con la venta de la planta se cubre el equity aportado por Abengoa a la filial, razón por la cual esa inversión es considerada en Sevilla como “deuda sin recurso” (de la matriz), que solo está obligada a financiar el cash flow de la construcción del EPC. En teoría, claro está, y dando por sentado que se van a cumplir los plazos, se van a obtener los permisos, se van a cobrar las subvenciones, y se va a hacer correctamente los cálculos que sustentan el Project Finance para, al final, hacer efectivo el margen neto necesario como cash del equity. ¿Qué es lo que ha pasado en Abengoa? Que muchos de tales proyectos se han quedado a medio camino o no han encontrado comprador final. El corolario es que esa inversión fallida repercute en el avalista final, que no es otro que Abengoa.
La práctica totalidad de los contratos EPC de venta de agua, biodiésel, energía solar, cultivos, etc., llevan aparejada la existencia de subvenciones, puesto que en caso contrario no son rentables ni haciendo juegos malabares con el Project Finance. Se trata de tecnologías caras y no competitivas -el agua de desaladora es muy cara y no digamos ya la energía termosolar-, por lo que resulta inevitable contar con una empresa pública o mixta dispuesta a comprar la planta a precio convenido –a mercado jamás serían rentables-, asunto que abre las puertas al lobby, al politiqueo, al soborno y, en suma, a la corrupción. Abre paso al Consejo de Administración de Abengoa. Abre paso a la presencia del rey emérito en la firma sevillana. Fue Juan Carlos I quien en 1994 hizo a Javier Benjumea Puigcerver, padre de Javier y Felipe, I marqués de la Puebla de Cazalla, y fueron sus hijos los que, supuestamente, dieron al Monarca acceso al capital social de Abengoa a través de persona física o jurídica interpuesta (en el Consejo se ha sentado el fallecido Carlos de Borbón-Dos Sicilias, y se ha sentado también Alberto Aza, ex jefe de la Casa de S.M el Rey). La labor de engrase del Rey emérito resultó esencial en la expansión de la compañía en Estados Unidos y en el entusiasmo demostrado por Barack Obama –el asesor presidencial, Juan Verde, figura hoy en el Consejo de Abengoa- al respecto. La sevillana es una de las 15 compañías que más subvenciones han recibido en USA. Juan Carlos I asistió incluso a ese momento de gloria –un señorito sevillano no lo gasta menos- que para Felipe Benjumea supuso tocar la campanita de Wall Street, idea que, dados los gatuperios financieros que arrastra, solo se le puede ocurrir a un soberbio o a un idiota. En aquel viaje, al Monarca no se le ocurrió cosa mejor que encerrarse con el consejo de redacción del New York Times. La encerrona acabó con un artículo en el diario donde se cifraba la fortuna del rey de España en 2.600 millones de dólares. Cuentan que, con motivo de su abdicación, el Monarca hizo líquida el año pasado su participación en Abengoa. Necesitaba liquidez.
La abdicación de Juan Carlos I es uno más de los pedriscos que últimamente han caído sobre el tejado de los Benjumea, porque ya no puede llamar a los bancos para pedirles que sigan poniendo pasta en Abengoa y, si lo hace, ya no surte los mismos efectos. Ya no hay fuste. Y resulta que Felipe VI no es bizcochable. La desgracia mayor, con todo, fue la perentoria necesidad con la que el Gobierno Rajoy –reconocimiento explícito para Alberto Nadal, secretario de Estado de Industria- se topó nada más llegar a Moncloa de poner coto al despilfarro de las subvenciones a las renovables (¡los huertos solares llegaron a convertirse en España en el gran negocio de la banca privada!). El hachazo, con todo, fue mucho menos pronunciado en la energía térmica que en la eólica, un contrasentido que las malas lenguas atribuyen a la presencia de Martínez Rico (Equipo Económico) en el consejo de Abengoa. El pinchado de la burbuja de las subvenciones vino a significar, en definitiva, el principio del fin de la bola de nieve en que se había convertido Abengoa, tan alegremente cebada por los bancos.
Los responsables son legión
¡Tela marinera lo de la banca!, dispuesta –a pesar de las presiones y requerimientos de capital de Basilea- a darle hilo a la cometa, dinero sobre dinero, viendo con pavor cómo aumentaban cada día las necesidades de financiación de la sevillana sin que nadie se atreviera a parar la rueda, cual ciclistas condenados a seguir dando pedales hacia el precipicio. “Es que la compañía genera mucho negocio bancario; es que el Santander, con un riesgo de 1.500 millones, le gana 70 todos los años, y a ver quién es el guapo que se atreve a cerrar ese grifo según se ha puesto hoy el negocio”, asegura un banquero implicado en el lío. Los responsables son muchos. Empezando por el propio Felipe Benjumea, que ha dirigido la sociedad como el cortijo familiar (¡el año pasado repartió dividendo, con un par!), con el oscurantismo propio del aristócrata a quien el interés de acreedores y mercados por conocer las entrañas de la sociedad le parece cosa de mala educación; el Benjumea incapaz de saludar a nadie, antipático hasta el oscurantismo, muy alejado de los saraos, cierto, pero siempre presto a colocar a los amigos en los cargos de responsabilidad, gente que a menudo desconoce los más elementales principios teóricos, no ya sus technicalities, de los negocios que regentan. Amigos y familiares. Su mujer, Blanca Porres, 51, una apasionada del golf, figura en la nómina de Abengoa con un contrato de prestación de servicios en el Campus Palmas Altas, sede social de la multinacional en Sevilla. ¿Tarea? Asesorar en los menús de los trabajadores a cambio de 70.000 euros anuales. Ahí está la auditora Deloitte, mirando hacia otro lado como de costumbre. Maravilloso lo de Deloitte. Imbatible Deloitte, presente en todos los charcos empresariales y saliendo de ellos incólume, como el rayo de luz a través del cristal. La banca, los accionistas, los auditores, los órganos de control, la Junta andaluza…
En plena campaña electoral, la presión sobre los poderes públicos para que eviten el desastre parece inevitable
El futuro de Abengoa, si existe, pasa por la suspensión de pagos, con una quita importante, la reordenación de unos negocios y el cierre definitivo de otros, algo inevitable tras el fin de la irracional burbuja de las renovables. Aquellos proyectos individuales que lleven aparejada deuda concreta, deberían pasar directamente al acreedor (caso de la planta Mojave Solar, en California, financiado por el Fbbank de Phoenix, Arizona, hasta con 2.200 millones de dólares). En plena campaña electoral, la presión sobre los poderes públicos para que eviten el desastre parece inevitable. Ninguna presión, de momento, para que los responsables del crack se sienten en el banquillo y acaben en la cárcel, si se lo merecen. Ahí está esa Susana Díaz que ahora vive sin vivir en sí porque no hay familia sevillana que no tenga un primo trabajando en Abengoa, y la señora pide ahora, exige casi a gritos, que hay que salvar la empresa, faltaría más, como meses atrás Núñez Feijóo exigía salvar Pescanova porque era esencial para Galicia, y todo con dinero público, siempre dinero público para tapar vergüenzas privadas, y a ninguno se le ocurre abogar por separar lo público de lo privado, separar empresa privada y Presupuestos públicos, exigir responsabilidades a los reguladores (¡Ay, CNMV del alma!) que no regulan, y acabar de una vez por todas con el españolísimo capitalismo de amiguetes.
