Del reparto de licencias de TDT que realizó el Gobierno el pasado octubre sorprendió especialmente el que Blas Herrero figurara en la lista de agraciados. Pocos esperaban que este lechero asturiano participara en el concurso y eran menos aún quienes le atribuían opciones de ganarlo. Pero este amigo del Rey Juan Carlos I, de Francisco Álvarez-Cascos y de Ignacio López del Hierro –el marido de Cospedal- consiguió una licencia y comenzó a proyectar un canal cuya puesta en marcha fijó para finales de abril. El problema es que pronto se dio cuenta de que la tarea de planificar una cadena televisión resulta demasiado compleja y cara, de ahí que recurriera a la multinacional Discovery para que la dotara de contenidos. La historia se repite: una empresa ajena al sector obtiene un permiso de emisión y, lejos de aportar algo nuevo, opta por la solución más barata. Y la más mediocre. Una vez más, una compañía estadounidense se mete de lleno en la TDT de un modo que entre sus competidores se considera "alegal" o, directamente, "ilegal".
En un concurso en cuyo pliego de bases se especificaba que se valoraría especialmente la pluralidad de los proyectos competidores y su "impacto" sobre la industria española, resulta llamativo el que cualquiera de los seis ganadores fuera premiado por la mesa de contratación por presentar un canal basado en los contenidos de una major estadounidense. De ahí que el anuncio de Blas Herrero haya causado suspicacias dentro del sector, máxime si se tiene en cuenta que este empresario, multimillonario por mor del pelotazo de Kiss FM, ha obtenido en el pasado importantes adjudicaciones que muchos han atribuido a su especial habilidad para moverse entre los círculos de poder. Tanto los que se encuentran en la órbita del PSOE, como los cercanos al PP.
Si lo que perseguía el Ejecutivo al repartir los nuevos canales era enriquecer la TDT -y no cobrarse favores o evitar enemistades-, se puede decir que ha fracasado estrepitosamente en su intento. La cadena de Blas Herrero estará basada en programas enlatados de importación. La del Real Madrid estará dedicada a un club deportivo y ni siquiera dispondrá de derechos audiovisuales del deporte de élite. La de la Conferencia Episcopal, 13TV, ofrecerá prácticamente los mismos contenidos que hasta el momento. Y la parrilla de programación del canal de Secuoya incluirá una carga importante de programas producidos por las major extranjeras durante sus primeros meses de vida, ante la imposibilidad de realizar una mayor inversión.
Si lo que perseguía el Ejecutivo al repartir los nuevos canales era enriquecer la TDT, se puede decir que ha fracasado estrepitosamente
Ni más pluralidad, ni menos fuerza para Atresmedia y Mediaset
Ninguno de los presupuestos de estas compañías se acerca, ni de lejos al de Atresmedia, Mediaset y Televisión Española. Un directivo de una de estas empresas afirma, en declaraciones a Vozpópuli, que un canal generalista de primer nivel requiere una inversión de, como mínimo 250 millones de euros anuales para obtener una audiencia que le permita aspirar a conseguir una buena porción de la tarta publicitaria y a competir con los grandes del sector. Sólo en 2014, RTVE invirtió en La 1 un total de 331 millones de euros para conseguir un 10% de cuota de pantalla. Ese año, la producción de los programas de La 2 costó 63 millones, lo que equivale a casi tres veces lo que gastará Secuoya durante su primer año de emisión.
De estos datos se puede extraer otra conclusión con respecto a la política del Gobierno con las televisiones: Mariano Rajoy no ha conseguido restar ni un gramo de fuerza al duopolio competitivo que conforman Atresmedia y Mediaset, puesto que los nuevos competidores que han entrado al redil de la TDT no tienen la fuerza suficiente siquiera para provocar leves rasguños en su armadura. De hecho, el castigo que se estimaba que les iba a procurar con la resolución del concurso de licencias, tras haberles culpado de los malos resultados que obtuvo su partido en las elecciones del 24 de mayo, no se produjo, puesto que les concedió un permiso por cabeza.
La misma solución "alegal"
El acuerdo al que ha llegado Blas Herrero con Discovery reforzará la posición de esta major en la TDT, donde está presente con Discovery Max dentro de una de las dos licencias de Unidad Editorial. No es la única multinacional norteamericana que posee un canal en la televisión en abierto, pues también Viacom (Paramount) y Disney ofrecen sus contenidos dentro de los permisos de emisión que alquilan a Net TV, del Grupo Vocento. Turner, por su parte, se encarga de llenar de programas infantiles la cadena infantil de Mediaset, Boing.
El Ejecutivo trató de restringir acuerdos como el de Blas Herrero con Discovery en los pliegos del concurso, pero no lo ha conseguido
La legislación española restringe la entrada de grupos extranjeros en la TDT a través del artículo 29c de la Ley Audiovisual, en el que se deja en manos del Consejo de Ministros la autorización de cualquier operación que implique la llegada a la TDT de compañías de países que no tengan reciprocidad legal con España. Es el caso de Estados Unidos.
Dentro del sector de la televisión, los acuerdos de este tipo con los grupos extranjeros se consideran "alegales", puesto que no implican la transmisión de titularidad de la licencia, pero tampoco cumplen escrupulosamente con lo que dice la normativa vigente. Nadie los ha impugnado y el Gobierno no se ha pronunciado al respecto. Pero, desde luego, no resultan beneficiosos para la industria nacional, puesto que no generan actividad en las empresas audiovisuales. El Ejecutivo trató de restringir esta práctica en el pliego de bases del concurso, pero no lo ha conseguido.
Este periódico ha contactado con el Ministerio de Industria para conocer su opinión acerca del contrato firmado entre Blas Herrero y Discovery, pero no ha obtenido respuesta, ni para respaldarlo, ni para ponerlo en cuestión. En las dependencias de esta Institución, se encuentran los recursos contra el resultado del concurso por las licencias presentados por Prisa y la Asociación Española de Anunciantes por considerar que la actuación del Gobierno en este sentido ha vulnerado sus bases. También se ubica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que obliga a España a devolver 280 millones de euros en ayudas ilegales que concedió a la TDT durante años. Y los expedientes de pasadas concesiones para emitir en la televisión en abierto que han sido puestas en cuestión por el supuesto trato de favor con el que se han otorgado, bajo los gobiernos del PSOE y del PP.
Son los documentos que atestiguan la historia de un sector que ha sido víctima de algunos de los peores males que afectan al sistema del 1978.
