El Gobierno de la colonia británica de Gibraltar está incitando a España a que lleve el actual conflicto a los tribunales internacionales… porque está convencido de que algo va a ganar.
En la última entrevista que se le ha hecho, el actual ministro principal, el socialista Fabián Picardo, ha dicho lo siguiente: “Es música para nuestros odios escuchar al ministro que España considerara llevar estos casos a tribunales internacionales”.
El 11 de agosto, El País y La Razón publicaron en sus portadas que el Gobierno (La Razón) o el Ministerio de Asuntos Exteriores (El País) estaban estudiando llevar el conflicto con Gibraltar y su expansión territorial a la ONU y hasta el Tribunal Internacional de La Haya. Horas más tarde, el Gobierno de Picardo difundió un comunicado en el que celebraba la postura del ministro español José Manuel García-Margallo y le animaba a presentarse ante los tribunales internacionales cuanto antes.
Picardo ya empleó el mismo argumento en mayo pasado, en una entrevista en Telecinco: “Reto a España a ir al Tribunal Internacional de la Mar y ahí demostraremos quién tiene razón. Pero España nunca no quiere ir, ¿será que no está tan segura de su posición?”.
¿A qué se debe semejante alegría? ¿Está tendiendo Picardo una trampa a España delante de nuestros ojos?
Una mina en la doctrina de la ONU
La explicación al deseo de Picardo la encontramos en un análisis publicado en la web del Real Instituto Elcano, redactado por el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz Alejandro del Valle, que advierte de los riesgos de acudir a los tribunales internacionales:
“es una alternativa de altísimo riesgo para nuestro país, pues el mejor escenario de una sentencia favorable no resolvería por sí mismo la controversia –sino que reforzaría la posición española de cara a la negociación–, mientras que el peor escenario de una sentencia desfavorable para España sería catastrófico para la posición que mantenemos con apoyo de la ONU desde hace 50 años, y de hecho esta sentencia daría origen legal y práctico a un nuevo micro-Estado europeo bajo protectorado y bandera británicas.”
Un micro-Estado con voz y voto en todos los organismos internacionales. No iba a haber sillones para todos los gibraltareños mayores de edad.
Como dice el catedrático en otro análisis, “el título británico de soberanía está fuertemente condicionado o desnaturalizado” y el único estatuto legítimo internacional de Gibraltar es el de “territorio no autónomo”.
¿Y cuál sería la ventaja de obtener una sentencia favorable para España? Ninguno, porque si el Reino Unido no ha cumplido las resoluciones de la ONU sobre la reintegración de su colonia a España aprobadas desde 1964, tampoco haría caso a una sentencia de un tribunal, sea el de La Haya o el del Mar.
¿Es todo el Peñón británico?
Los riesgos de perder no son despreciables. En noviembre, el Tribunal de La Haya se pronunció sobre los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, en un proceso comenzado en 2001. El Gobierno colombiano declaró a su pueblo que iba ganando en un 75% en la disputa, ya que había pronunciamientos del mismo tribunal a favor de Colombia y un tratado internacional entre ambos países suscrito en 1928. Pero la sentencia asignó más de 50.000 kilómetros cuadrados de superficie y subsuelo del Caribe a Nicaragua y dejó varias islas y cayos colombianos rodeados de mar ahora nicaragüense.
Las consecuencias para Colombia han sido nefastas. El Gobierno colombiano se ha retirado del Pacto de Bogotá (1948) para tratar de no estar obligado a cumplir la sentencia, con lo que está perdiendo prestigio en la comunidad internacional, y ha reconocido que pueden producirse nuevas reclamaciones de otros países, como Costa Rica y Honduras, y también de Nicaragua, ahora insaciable.
Una de las alternativas que ofrece Del Valle es que España sostenga que la cesión en el Tratado de Utrecht se limitó a la ciudad y el castillo de Gibraltar, no al peñón completo. De esta manera,
“si España defendiera que Gibraltar ≠ Peñón de Gibraltar, las consecuencias serían muy importantes, pues el territorio cedido sería muy limitado en el seno del Peñón; en particular tendría consecuencias respecto a los rellenos en la cara este, o al estatuto jurídico de las aguas de la cara este: las aguas serían así españolas porque la costa (por ejemplo, la Playa de los Catalanes/Catalan Bay y la Playa del Algarrobo/Sandy Bay) es española. (…) abriría a España nuevas perspectivas jurídicas y políticas en su reclamación, pues el invalidar la sinonimia Ciudad de Gibraltar-Peñón de Gibraltar supone cuestionar el principal titulo británico sobre la mayor parte de la superficie de la península gibraltareña. Después de todo, incluso las Constituciones gibraltareñas de 1969 y 2006 siguen utilizando esta expresión originaria (The City of Gibraltar, Arts. 2, a).
Quizás algún asesor del Gobierno español haya leído los artículos del catedrático Del Valle, porque nadie en el Ministerio de Exteriores ha vuelto a hablar de esta vía judicial.
