Hasta este mismo viernes ha sido creencia generalizada que la Ley era algo sólido, firme, seguro. Que cumplirla, además de ser una condición necesaria, era condición suficiente para garantizar una sociedad justa, bien organizada y equilibrada. En definitiva, que bastaría con ser ciudadanos cumplidores para, luego, poder hacer en nuestras vidas lo que quisiéramos.
Sin embargo, si alguna lección podemos extraer de la crisis es que ese modelo de ciudadano cumplidor, aun siendo necesario, no es en modo alguno suficiente. Hace falta mucho más. Porque lo que hace fuerte a la Ley, y por tanto a la sociedad, es el compromiso permanente de los ciudadanos con la búsqueda de la excelencia de esas reglas del juego que han de garantizar los valores fundamentales de la democracia: la libertad, la igualdad y la civilidad.
Esta es en esencia la declaración de principios, la idea fuerza, con la que el pasado jueves 26 de febrero, en un hotel sito en el madrileño Paseo de la Castellana, se presentó en sociedad la Fundación ¿Hay Derecho? Y lo hizo de la mano Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Fundación, Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación Juan March y César Molinas, economista y escritor. Ellos fueron quienes, con sus palabras, pusieron en la línea de salida a una organización que nace con la vocación de convertir en algo real a ese ente cuasi filosófico, y en España por completo desarticulado, que es la sociedad civil.
Un proyecto de lo virtual a lo real
La constitución formal de la Fundación ¿Hay Derecho? es la consumación de un proyecto nacido el año 2010 bajo la bandera de la regeneración, cuando un grupo de juristas, preocupados ante el deterioro acelerado de las reglas esenciales de la convivencia democrática, deciden usar las redes sociales para lanzar la voz de alarma. Y crean el blog ¿Hay Derecho?, que se convierte en el recipiente virtual, accesible a cualquier navegante, de sus sólidos análisis y denuncias.
Cuatro años después, en 2014, animados por el éxito del blog, sus editores deciden pasar del análisis y la reflexión a la sistematización de ideas y a la propuesta de soluciones. Es entonces cuando ve la luz el libro ¿Hay Derecho? La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España (Editorial Península, 20124), que se suma con notable éxito a la nueva corriente regeneracionista española, junto a títulos tan representativos como El dilema de España, de Luis Garicano, Qué hacer con España, de César Molinas, Las leyes del Castillo, de Carles Casajuana y Catarsis. Se vislumbra el final del Régimen, de quien escribe estas líneas y Juan Manuel Blanco.
Con el blog y el libro ya habían explicado suficientemente lo que había que hacer para que España disfrutara, por fin, de una Democracia real y de calidad
Pero no era suficiente. Había que ir más allá, pasar de las palabras a los hechos. Con el blog y el libro ya habían explicado suficientemente lo que había que hacer para que España disfrutara, por fin, de una Democracia real y de calidad. Se trataba pues de conseguirlo sobre el terreno. Para los miembros de la Fundación ¿Hay Derecho?, los ciudadanos no deben esperar a que todo se lo arreglen desde las alturas, porque, en palabras de Edmun Burke, “el mayor error lo comete el que no hace nada porque sólo podría hacer muy poco”. Es por ello que, desde el mismo instante de su constitución, la Fundación ¿Hay Derecho? se ha puesto manos a la obra, con un plan de acción para 2015, que su secretaria general, Elisa de la Nuez, desgranó este viernes.
Plan de acción en el que ya hay proyectos concretos, como el de revitalizar el control legal en los ayuntamientos, ya en marcha, o un “Benchmarking Institucional” para analizar en profundidad si las instituciones españolas son mejores o peores que las de las democracias avanzadas.
Detrás vendrán más iniciativas, todas orientadas a conseguir información sobre el funcionamiento de las instituciones, como es, por ejemplo, averiguar el número real de expedientes sancionadores que el Banco de España ha tramitado a entidades financieras y el número de sanciones que finalmente son impuestas, sacar a la luz el contrato del “caso Castor” o hacer público el expediente del “perdón a las compañías eléctricas”.
Y es que la transparencia es el camino hacia la excelencia. No valen, pues, lo atajos ni las trampas. El Estado de derecho está en peligro. Hay que dejar atrás las actitudes diletantes, las rabietas inútiles o las soluciones expeditivas e irracionales, y pasar de las palabras a los hechos, con la cabeza fría y la ilusión a flor de piel. En la Fundación ¿Hay Derecho? ya se han puesto a ello. Que su iniciativa sea un éxito dependerá, como ellos mismos reconocen, de la implicación de todos.
