“Junqueras llama un día muy nervioso, yo diría que asustado, oye, estoy preocupadísimo, tenemos unos vencimientos de deuda con bancos que no hemos atendido y las agencias de rating nos van a crujir… A ver qué podemos hacer, nos tienes que echar una mano”. La agencia de calificación era Standard & Poors (también Moody’s andaba tras la pista), que tenía ya preparada una nueva rebaja de la calificación crediticia de la Generalidad de Cataluña por debajo del bono basura, con lo que ello hubiera significado para esa Comunidad y para el resto de España, puesto que los mercados financieros no entienden la jerigonza independentista y para ellos Cataluña es solo una parte de España.
Y entonces Luis De Guindos protagonizó un triple salto mortal y en su vuelo de regreso a Madrid desde Bruselas, martes 8 de marzo, hizo escala en el aeropuerto del Prat para charlar durante 40 minutos con el vicepresidente del Govern y ministrín de Economía de la Generalidad, un tipo que anda ahora en un sinvivir, en qué lío me he metido, la Mare de Déu de Montserrat, esto no es subir al atril y largarse un discurso sobre esa República Catalana de la Felicidad per a tothom donde manarán de manera espontánea ríos de leche y miel, esto es muy complicado, más serio, aquí no cabe ni media broma. Y dicen que sí, que Oriol Junqueras ya no es el mismo, que el tío que amenazaba con “no pagar la deuda de Cataluña” anda ahora callado cual muerto, perdido en un laberinto cuyas claves desconoce, un enredo cuyos misterios dice estar dispuesto a descubrir. Empezando por no decir tonterías.
El mismo día de la "parada técnica" de el Prat, Junqueras llamó por teléfono a Cristóbal Montoro, con quien no había cruzado palabra en meses
“Y sí, claro, hemos conseguido pararlo, hemos hecho ver a S&P algo tan sencillo como que la deuda de cualquier Comunidad Autónoma tiene implícitamente la garantía del Estado, porque jurídicamente así son las cosas. Lo contrario hubiera sido un dislate. Dejar caer en el default a una Comunidad tendría consecuencias muy graves para todos, al margen de que nuestra obligación es hacer posible que todas continúen financiándose para que puedan seguir prestando los servicios públicos necesarios”. El mismo día de la “parada técnica” de el Prat, Junqueras llamó por teléfono a Cristóbal Montoro, con quien no había cruzado palabra en meses, y “sí, llamó aquí, muy amable porque él es cordial en el trato, que teníamos que distinguir los planos, decía, que una cosa es la pelea política y otra la administración de Cataluña, y que teníamos que ponernos de acuerdo…”
Días antes de esta llamada, Pere Aragonès, actual número dos de Junqueras, había visitado las dependencias de Hacienda en la calle Alcalá para entrevistarse con altos cargos del ministerio. El de ERC traía un encargo urgente: pretendía que el Tesoro concediera un anticipo a la Generalitat por importe de 700 millones para pagar la extra de verano de sus funcionarios, ello a cuenta de los 1.400 que Cataluña deberá recibir este año como consecuencia de la liquidación del sistema de financiación de 2014. A resultas de la entonces incipiente recuperación (del 0,8% de crecimiento del PIB se pasó al 1,4%) y del consiguiente incremento de la recaudación tributaria, el Tesoro ingresó en 2014 casi 7.000 millones de más, de los cuales 1.400 corresponden a Cataluña, cuyo desembolso, para todas las CC.AA. se llevará a cabo en julio.
De modo que, en la conversación del martes, Montoro, todo amabilidad también, recordó a Junqueras que la devolución de esos 1.400 millones está pautada y que Hacienda no puede hacer anticipos más que para atender necesidades urgentes de tesorería y siempre con la oportuna justificación del gasto por delante. Ello es así por Ley, sin margen de discrecionalidad alguno, por lo que no era posible acceder a esa petición de anticipo para un asunto a varios meses vista. Junqueras tendrá, pues, que esperar, aunque sabiendo que la paga extra de sus funcionarios, muchos de los cuales son la punta de lanza de ese independentismo que todavía no conoce los riesgos personales y familiares del juego mendaz que un puñado de aventureros les propone, se pagará en su momento, porque para eso está detrás ese pérfido Estado con el que una tropa de rufianes quiere acabar.
La Generalitat tiene vetada la salida a los mercados financieros
Más difícil lo tiene con la deuda bancaria a corto plazo que el Govern arrastra con una serie de bancos, deuda vencida que las entidades se niegan a refinanciar. “Lo que no es normal es que la Generalidad no pueda hacer frente a esos vencimientos de deuda a corto, algo que pone de manifiesto el descontrol de una administración autonómica incapaz de gestionar su casa y a quien el Estado debe socorrer de prisa y corriendo para evitar el default”. La pretensión de la banca acreedora es sencilla: que esa deuda a corto se transforme en deuda a medio y largo plazo, esta sí acogida a la línea de crédito del Fondo de Liquidez Autonómica. El FLA está permitiendo en realidad una reestructuración de la deuda a medio y largo de las Comunidades a precios más que interesantes, en tanto en cuanto se le aplica el tipo de interés de los bonos del Tesoro a 10 años (0,8%)
Con la salida a los mercados financieros cerrada a cal y canto, la Generalidad no ha tenido más remedio que acogerse al esquema, voluntario, del FLA, y pasar por las horcas caudinas de enviar a Hacienda un plan detallado de ingresos y gastos que hagan viable la consecución del 0,3% de objetivo de déficit para 2016. No está de más recordar que el déficit catalán se disparó en 2015 hasta el 2,5%. El Govern recibirá este año del FLA un total de 7.520 millones para cubrir sus necesidades crediticias. En realidad, el Estado está abaratando la financiación de las CC.AA., aligerando la carga de intereses y dotándoles de un mayor margen para atender los servicios públicos que prestan. Curioso resulta constatar que la Cataluña nacionalista ha ido deteriorando su situación financiera al mismo ritmo que el Estado mejoraba su reputación y pasaba de pagar intereses del 6% en 2012 a financiarse a tipos negativos en la actualidad. La paradoja, o no tanto, es que el nacionalismo catalán ha ido extremando sus posiciones al mismo ritmo que crecía su dependencia de la financiación del Tesoro.
El señor Junqueras necesita llamar a Madrid para poder pagar la extra de sus funcionarios
¿Qué es lo que el Gobierno, ahora en funciones, está pidiendo a cambio de estas ayudas? Transparencia, simple transparencia, y ello porque la situación financiera de la Generalidad es peor que la del resto de CC.AA. Desde el año pasado, el Govern está obligado a enviar a Hacienda las facturas justificativas de los fondos para cubrir tesorería que recibe, como una forma de garantizar que se destinarán al pago de los servicios públicos y no se dilapidarán en la aventura independentista. La facturación electrónica de la Generalidad está, pues, mes a mes en poder de Hacienda, con la firma del interventor jefe que, a la sazón, no está aforado. Esta es, al margen de los delirios del independentismo, la realidad de las cosas: que el señor Junqueras necesita llamar a Madrid para poder pagar la extra de sus funcionarios. ¿Alguna lección extraerán algún día tales funcionarios? Los farmacéuticos catalanes hace tiempo que lo hicieron: llaman directamente a Hacienda para saber cuándo va a remitir los fondos y, por ende, cuándo van a cobrar. Han aprendido el camino.
La Cataluña nacionalista, que ha demostrado no saber gestionar (los recortes del gasto sanitario, por ejemplo, en niveles insostenibles por lo demás, han provocado una brutal caída de la calidad del servicio, asunto que no se molesta en denunciar la reina Ada ni las CUP), no funciona. Lo que ha funcionado es un Estado solidario con todos sus territorios, a pesar de la dureza de la crisis. Un Estado de las autonomías que, con todas sus imperfecciones, ha puesto de manifiesto la existencia de un vínculo real entre esos territorios. Un Estado que ha generado prosperidad, que garantiza las libertades, asunto no baladí a tenor de la deriva que están tomando las cosas, y que es capaz de acudir al rescate cuando se trata de salvar situaciones tan desesperadas como el default de Cataluña. Una lección que deberían aprender esos sembradores de vientos que a menudo terminan en tormentas de sufrimiento.
Una reforma integral del Estado y su coste de mantenimiento
El análisis, con todo, quedaría alicorto si no reconociéramos los problemas de fondo, estructurales, de un Estado que gasta más de lo que ingresa. Empeñado en la engañifa de la Arcadia independiente, nadie ha tenido el valor de apuntar al nudo gordiano de la estructura clientelar de una Generalidad de la que viven los partidos y buena parte de las elites catalanas. Otro tanto ocurre en el resto de las CC.AA. Mucha gente, en Cataluña y en el resto de España, ha vendido su alma al diablo a cambio de un empleo público más o menos bien remunerado. Todo un ejército de altos funcionarios entregado al redactado permanente de leyes y reglamentos con los que justificar su sueldo. El Gobierno autonómico es, con mucho, la mayor empresa en cada uno de los territorios. Caen los ingresos por culpa de la crisis, pero los gastos no dejan de crecer. Como una consecuencia natural, el esquema tiende a la acumulación de déficits crónicos. Ya se ha visto el alborozo con que en Andalucía ha sido acogida la sugerencia de C’s de acabar con las Diputaciones. ERC quiso introducir otro nivel de Administración en Cataluña, las veguerías, para sublimar la orgía de gasto público. Vender la burra de la independencia evita tener que recortar unos gastos de estructura insostenibles. En el Macondo hispano, el FLA se encarga de actuar como válvula de escape para que siga la fiesta y el modelo no colapse.
Como el yonqui en busca de su dosis diaria, el país necesita endeudarse en el exterior para financiar gasto corriente, práctica que el amigo Draghi facilita con sus tipos de interés al 0%. Cualquier cosa antes que meter la tijera en el gasto. Todo menos reformar de arriba abajo la Administración pública, el aparato del Estado y su coste, y acordar un sistema de financiación equilibrado para las CC.AA., también para Cataluña. Las tragaderas de Bruselas para con la fauna ibérica son proverbiales: que se encargue Montoro de aumentar la recaudación. Nadie parece reparar en las consecuencias para la población de este modus operandi: paro a mansalva, falta de oportunidades, caída de la iniciativa privada, retraimiento de la inversión, emigración forzada para sobrevivir, riesgo para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y corrupción transversal a mogollón. El Estado se va convirtiendo en un Leviatán despiadado, ante la mirada indiferente del español medio. ¿Hasta cuándo?
