La última propuesta estrella de Pedro Sánchez ha sido la de gastar 1.300 millones de euros en crear 200.000 empleos “de transición”, siendo éstos empleos aquellos “dirigidos a proyectos concretos propuestos por las propias personas paradas, por las Administraciones locales o por entidades sin ánimo de lucro cuyo coste salarial se asume durante seis meses”. El plan, además, irá especialmente orientado a personas de más de 45 años sin formación alguna, considerados por el PSOE como “inempleables”.
En España hay ahora mismo 2,1 millones de personas entre 45 y 64 años con un nivel de estudios inferior a Secundaria (analfabetos, estudios de Primaria no completados o estudios de Primaria completados). De esos 2,1 millones, 840.000 cuentan con un empleo, 260.000 están paradas y un millón están inactivas. Previsiblemente, pues, esos 260.000 parados son el objetivo del plan de ocupación de Pedro Sánchez: esos a los que califica de “inempleables”.
En otros países europeos, la tasa de desempleo en ese tramo de la población es muy inferior a la de España. Hay margen de mejora
Sin embargo, no es del todo preciso calificar a este grupo como “inempleable”. En los últimos dos años, la población entre 45 y 64 años con un nivel de estudios inferior a Secundaria se ha reducido en 525.000 personas: hay 250.000 inactivos menos, 130.000 parados menos y 145.000 ocupados menos. Parte de la reducción de ese tramo de la población se debe a las jubilaciones y otra parte a que ha mejorado su nivel formativo, volviéndose “más empleable”. Tomando como base aquellos ciudadanos que siguen formando parte de este grupo, la tasa de empleo (porcentaje de la población en edad de trabajar que tiene un empleo) de las personas entre 45 y 64 años con un nivel de estudio inferior a Secundaria se ha incrementado desde el 37,6% al 40,2%. A su vez, la tasa de paro (porcentaje de personas paradas de entre las que querrían estar empleadas) ha pasado del 28,3% al 23,6%.
En otros países europeos, la tasa de desempleo en ese tramo de la población es muy inferior a la de España, mostrando que todavía queda un enorme margen para seguir minorando su paro: en Alemania es del 11,4%, en Austria del 10,6%, en Holanda del 9,3%, en Rumania del 7,7%, en Dinamarca es del 8,5%, en Malta del 7,3% y en Reino Unido es del 7,3%. Por consiguiente, no parece haber una imposibilidad radical para emplear a esos ciudadanos: desde luego, no podrán ser empleados a altos salarios salvo que mejoren su formación (dado que la prima salarial por nivel formativo sigue siendo positiva), pero ello no equivale a concluir que sean inocupables y que el Estado deba ser el que los mantenga.
De hecho, fijémonos en las condiciones que Pedro Sánchez está dispuesto a ofrecerles a estos 200.000 trabajadores: propone destinar 1.300 millones para ocuparlos durante medio año. Tal cifra equivale a gastar 6.500 euros por parado y semestre, esto es, 1.083 euros por parado y mes. Descontando las cotizaciones sociales a cargo del empleador (30%), el “salario social” que el candidato socialista está prometiendo a cada parado mayor de 45 años y sin formación es de 833 euros mensuales. A saber, los “empleos de transición” son contratos laborales de seis meses con un salario exiguamente superior al mínimo interprofesional, y orientados a tareas improductivas y no recurrentes. Si este tipo de empleos los creara el sector privado, hablaríamos de “contratos basura”: como los crea el sector público, hablamos de política social. La diferencia, claro, es que el avaricioso capitalista crea estos empleos arriesgando su propio ahorro mientras que el generoso socialista los crea dilapidando el ahorro de los demás.
La verdadera “política social” debería ir orientada a rebajar el coste de la contratación de las personas menos productivas y facilitar el aumento de su productividad
Sea como fuere, debería resultar evidente que pagar a las personas para que hagan cualquier cosa y cobren por ello no constituye política social alguna: más bien, constituye una política dirigida a institucionalizar la dependencia del Estado entre una parte de la sociedad. Por el contrario, la verdadera “política social” debería ir orientada a, por un lado, rebajar el coste de la contratación de las personas menos productivas y, por otro, facilitar el aumento de su productividad: es decir, eliminar costosas regulaciones laborales, recortar los impuestos sobre el trabajo, fomentar la acumulación de capital que complemente al trabajo y favorecer la aparición de centros de enseñanza que proporcionen un reciclaje formativo verdaderamente útil y capacitador. Sólo así lograremos crear ocupaciones sostenibles y progresivamente mejor remuneradas: el aguinaldo socialista de los “empleos de transición” sólo constituye una transición desde el desempleo hasta el paro.
