1. Unos ingresos inflados: el grueso de los estímulos se centra sobre todo en la rebaja fiscal por valor de unos 4.000 millones en 2015, cifra que podría diluirse si Cataluña y Andalucía no deciden aplicarla a su tramo autonómico. Pero lo sorprendente es que con ese recorte de impuestos y una inflación baja se pretenda un incremento de la recaudación tributaria del orden del 5,4 por ciento, unos 9.500 millones más. Tras semejante bajada de impuestos, Hacienda sólo espera perder un 0,6 por ciento de los ingresos, un cálculo harto optimista.
Cierto es que los ingresos suelen reaccionar bien ante el cambio de ciclo debido al afloramiento de la economía sumergida, a que las rentas empresariales crecen más que el PIB y a que los aumentos de renta van a los marginales más altos. Hacienda además aduce que la banca ya se ha saneado, que se han limitado las deducciones y que la liquidación de Sociedades por los mejores beneficios de 2014 se efectuará en 2015. Sin embargo, parece casi increíble que se estime un aumento del 20 por ciento en la recaudación de Sociedades al tiempo que encima se bajan tipos y se suben las deducciones por I+D un 160 por ciento, unos 400 millones de euros. Como indica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro ‘¿Hacienda somos todos?’, también se prevé un fuerte incremento del IVA del entorno del 7 por ciento sin tener en cuenta que en enero habrá que devolver el IVA de las inversiones en equipos que se habían disparado durante los primeros meses del año. En definitiva, durante 2014 Hacienda se ha beneficiado de la combinación de una recuperación de la actividad con unos tipos más altos. Pero ese dopaje generado por las subidas de impuestos bien podría perder impulso a lo largo del 2015.
Y lo mismo pero incluso peor sucede con los ingresos por cotizaciones, cuya recaudación prevista para 2015 crece en torno a un 6,8 por ciento cuando ahora mismo a duras penas avanza un 0,5 hasta julio, lastrada por unos sueldos más bajos y la tarifa plana. Con un PIB nominal estimado del 2,7 por ciento, el PIB engorda en unos 27.000 millones y lo lógico sería que los ingresos subiesen unos 10.000 millones, a razón de un 38 ó 39 por ciento de presión fiscal existente en España. Sin embargo, Hacienda pretende embolsarse un 65 por ciento más, unos 16.500 millones, sólo entre ingresos tributarios y cotizaciones sin contar los tributos autonómicos y locales. De ahí que la proyección del Ministerio que dirige Montoro se antoje cuando menos un poco voluntarista.
2. Pérdida de poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas: los Presupuestos de 2015 seguirán supeditados a la consolidación fiscal y ello explica que incluso en un año electoral los pensionistas y funcionarios pierdan capacidad de compra. A los empleados públicos se les congela el salario y sólo se les devuelven los 44 días ya devengados de la paga extra suprimida en 2012, lo que de acuerdo con los cálculos de Hacienda representa tan sólo un desembolso de 230 millones de euros para la Administración central. O sea, peanuts. Y otro tanto ocurre con los jubilados, que sólo tendrán un aumento de la prestación del 0,25 por ciento pese a que la inflación se estima en el entorno del 0,7.
3. Algo más de inversión pero no tanto: la revalorización de las partidas de pensiones y salarios públicos costaría mucho dinero al suponer para las cuentas públicas unos 130.000 millones y unos 115.000 millones respectivamente, esto es, las dos principales partidas del Estado. Subirlas un poco costaría mucho. En cambio, la inversión se ha recortado una barbaridad y no cuesta tanto aumentarla sin perjudicar la corrección del déficit público. La inversión real de los Ministerios tan sólo ha repuntado en estos Presupuestos en unos exiguos 200 millones desde los 4.700. Por transferencias de capital, la inversión se eleva en unos 1.300 millones hasta los 11.300. Y por mucho que ya estén muy endeudadas, se vuelve a recurrir a las empresas públicas para que éstas engorden su inversión en otros 1.100 millones de euros hasta los 13.100. De poco importa la sobrecapacidad generada en infraestructuras, se trata de buscar a toda costa la generación de empleo, aunque hubiese sido mejor concentrar estos recursos por escasos que sean en continuar con la devaluación salarial frente al exterior, bajando cotizaciones para los sueldos más bajos.
4. El gasto cae sin esfuerzos para reducirlo: los desembolsos sólo se corrigen por la estabilización del ciclo económico. De una parte, el crecimiento del PIB con su revisión al alza incluida diluye el peso de las partidas de cara al déficit. Por ejemplo, la rúbrica de personal se reduce proporcionalmente mucho más porque el PIB crece a la vez que las retribuciones se congelan y la plantilla disminuye por la no reposición en unos 10.000 efectivos hasta el entorno de los 523.000 en el año 2015. De otra parte, la cara más sombría es la caída en 4.400 millones del capítulo de prestaciones por desempleo, en parte debido a la creación de empleo y en parte debido a los que pierden la cobertura del seguro.
De modo que con ese margen de las prestaciones se pueden financiar los guiños presupuestarios en Educación, I+D, Sanidad, Cultura, Fuerzas Armadas, Cooperación o el CNI sin empujar al alza los desembolsos del Estado, los cuales descienden un 1,5 por ciento. No obstante, poco se ha hecho para continuar avanzando en la reducción del déficit por el lado del gasto. Sirva de muestra un botón: incluso si obedece a la concurrencia de las elecciones, el gasto corriente del Estado se dispara un 4,6 por ciento. El parche eléctrico se agranda después de haber reformado el sistema. Y la cosa puede empeorar en cuanto se apunte más déficit por asumir las radiales o la creación de un nuevo subsidio para los parados sin cobertura.
Y todo ello en un ejercicio lanzado hacia la carrera electoral. Por el momento, el cumplimiento del déficit de este año no se vislumbra tan holgado como lo cuentan. Los ingresos tributaros se quedarán cortos en 3.000 millones. En los seis primeros meses de 2014, el déficit sólo se ha reducido un 5 por ciento cuando debía estar reduciéndose un 13 para alcanzar el objetivo del 5,5 por ciento del PIB. Y las Comunidades Autónomas ya superan de largo su meta establecida. Registran un desequilibrio presupuestario del 1,12 por ciento pese a que su compromiso fijado para el conjunto del ejercicio es el 1.
5. Una proyección de crecimiento puesta en duda: el cuadro macroeconómico de previsiones del Ejecutivo contempla que las exportaciones vuelvan a dispararse alrededor de un 5 por ciento a pesar de la ralentización de la economía global y, sobre todo, de Europa, nuestro principal socio comercial. Además, se prevé que la inversión doméstica crezca en torno a un 4 por ciento, una cifra que no casa con la evolución del crédito y las perspectivas de demanda. Para colmo, la demanda tiró a principios de año con una fuerza inusitada a costa del ahorro y puede que su recorrido flaquee algo en los próximos meses.
La intervención del BCE, el abaratamiento del euro o la recuperación en Europa deberían apuntalar la mejora de la economía española. Sin embargo, todavía está por ver que Europa se ponga las pilas de forma que Alemania invierta más, Italia y Francia se reformen y, finalmente, el conjunto de la zona euro se reactive y abandone el estancamiento.
6. Y la deuda sigue creciendo: Este año se emitirán 49.500 millones más de deuda neta, por debajo de los 55.000 millones del año pasado pero todavía una cifra muy considerable. Pese a unos tipos extraordinariamente bajos, el gasto en intereses asciende a los 35.000 millones y ya no da margen para ahorros como en los ejercicios anteriores. Cualquier situación como por ejemplo la de Cataluña bastaría para encarecer nuestra prima de riesgo, un hecho especialmente preocupante cuando además la economía española aún debe refinanciar todos los años mucha deuda con el exterior. Seguimos en unas condiciones muy vulnerables en el corto y medio plazo, y estos Presupuestos no hacen lo suficiente para corregir unas debilidades que nos lastrarán durante años.