La masacre en la Escuela Primaria de Uvalde, en el Estado de Texas, ha provocado, una vez más, que todos se echen las manos a la cabeza y pidan que se haga algo cuanto antes para detener esta locura. El problema radica en que nadie sabe exactamente qué hacer ante un problema en un país en el que hay unos 400 millones de armas de fuego en manos de civiles. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esa cantidad, en Estados Unidos hay más armas que habitantes.

Pero antes bajemos al caso particular de Uvalde. El asesino, un joven de 18 años que entró armado en la escuela y mató en su interior a 19 niños y dos maestros, había liquidado antes a su abuela. Se trataba de un adolescente solitario y con problemas de integración social proveniente de una familia desestructurada. Al parecer sufrió acoso escolar cuando era niño debido a su tartamudez persistente. Inmerso muchas horas al día en el mundo virtual de los videojuegos, tenía problemas con su madre y ya había mostrado anteriormente cierta inclinación por la violencia.

Es, como vemos, un perfil muy similar al de otras masacres como la de Columbine en 1999, la de Virginia Tech en 2007, la de Sandy Hook en 2012 o la de Parkland en 2018. Se repite siempre el mismo patrón. Un joven con algún trastorno mental o alienado socialmente que decide proveerse de armas y matar a todo el que se encuentre por delante. El desafío que enfrentan las autoridades en Estados Unidos ahora es anticipar cuándo uno de estos jóvenes se romperá por dentro y cómo y cuándo impedirles el acceso a las armas de fuego.

Podríamos pensar aquí que en Estados Unidos eso es imposible, que hay demasiadas armas y que, de un modo u otro, los asesinos se harán con una para perpetrar una masacre. Eso es cierto. Poseer un arma es un derecho constitucional reconocido en la segunda enmienda. Este derecho se introdujo hace más de doscientos años, en 1791, cuando aquel país era pequeño y débil. Los padres fundadores temían que regresasen los ingleses a reconquistar lo que habían perdido en la guerra de independencia, por lo que pensaron que lo mejor era permitir que la población estuviese armada y lista para defender su tierra. La segunda enmienda dice textualmente:

“Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”

Hoy Estados Unidos no teme una invasión extranjera, pero los estadounidenses siempre han desconfiado del poder, de que crezca demasiado y no les quede otra que defender su vida, su hacienda y su libertad

Se trata de una simple frase que reconoce un derecho que luego cada Estado regula a su antojo. Hay Estados más restrictivos y otros que lo son menos. Hoy Estados Unidos no teme una invasión extranjera, pero los estadounidenses siempre han desconfiado del poder, de que crezca demasiado y no les quede otra que defender su vida, su hacienda y su libertad. Sobre ese principio, que a los europeos nos puede parecer sorprendente, pero que está muy arraigado en la conciencia estadounidense se ha mantenido este derecho durante más de dos siglos.

Las armas que había disponibles en el mercado a finales del siglo XVIII no son las mismas que ahora. Es por ello necesaria una regulación lo más sensata posible y ajustada a los tiempos. Existen, por ejemplo, una serie de leyes conocidas como “red flag laws”, que permiten impedir que tal o cual persona ejerza el derecho reconocido en la segunda enmienda. Si alguien tiene antecedentes penales o se considera que puede constituir un peligro para sus semejantes se le aplica la ley “red flag” correspondiente y ya no podrá adquirir un arma ni llevarla legalmente. Esas leyes sólo existen en algunos Estados, mayormente en los de ambas costas que son más sensibles a la cuestión de las armas. En otros ni están ni se las espera. Hay incluso uno, Oklahoma, donde aprobaron una ley para que no puedan promulgarse leyes red flag.

Lo cierto es que este tipo de legislación no sirve de gran cosa ya que si alguien está decidido a matar se procurará un arma en el mercado clandestino que, a juicio de algunos, es incluso mayor que el legal porque es en el que se surten los delincuentes habituales. Además, los jóvenes que irrumpen en las escuelas a tiros son tan jóvenes que no tienen siquiera antecedentes penales porque no les ha dado tiempo a acumularlos.

Cada vez que se anuncian nuevas restricciones para comprar armas suben sus ventas antes de que entre en vigor la nueva legislación lo que provoca el efecto contrario al deseado

Se ha propuesto también la prohibición de venta de armas largas a menores de 21 años, pero siempre las pueden comprar fuera del mercado formal o llevárselas de casa. Luego hay un elemento añadido que no se suele tener en cuenta. Cada vez que se anuncian nuevas restricciones para comprar armas suben sus ventas antes de que entre en vigor la nueva legislación lo que provoca el efecto contrario al deseado. El legislador trata de sacar armas de las casa y lo que consigue es que entren más.

No parece un problema de fácil solución. Es posible que, al menos en el corto y medio plazo, ni siquiera tenga solución. Si echamos la vista atrás, a los Estados Unidos anteriores a la década de los 70, observamos que, a pesar de que no había apenas límites para adquirir armas de fuego, los tiroteos indiscriminados eran sucesos muy raros. Empezó todo en aquella época y no se ha detenido, al contrario, se ha intensificado. Luego quizá el problema de raíz no es la existencia de armas de fuego, esas ya estaban ahí y no había matanzas, sino otros factores que nadie ha conseguido desentrañar, tal vez porque son muchos y han terminado filtrándose a buena parte del cuerpo social. Lo realmente difícil es saber qué ha desatado esta furia homicida entre unos pocos jóvenes que deciden morir matando. Que tantos adolescentes de 17, 18 ó 19 años miren a los ojos a un niño de diez, le apunten y disparen indica que hay algo averiado en aquella sociedad, pero desconocemos qué es lo que está fallando desde hace más de un cuarto de siglo.

Esta es la reflexión que deben hacer los estadounidenses. Muchos ya están en ello. Eliminar la segunda enmienda no parece posible. Por poder podría hacerse, pero, ¿quién y cómo van a requisar 400 millones de armas a sus legítimos propietarios?, ¿van acaso a entregarlas pacíficamente? De intentarse, lo más probable es que el remedio fuese peor que la enfermedad. Acabar de un plumazo con la segunda enmienda no parece factible. Lo otro no será tan sencillo de abordar y requiere que primero se acepte que hay varios problemas de tipo social y cultural subyacentes que no hacen más que agravarse.

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