Fracasado su intento golpista de 2017, los independentistas catalanes llevan desde entonces orientando su lucha en dos frentes. Uno, violentar el ordenamiento jurídico a fin de evitar las consecuencias penales para los que delinquieron en aquella asonada. Primero fue el indulto para los que fueron condenados por el Tribunal Supremo; después la reforma del Código Penal realizada por encargo y a satisfacción de los delincuentes; ahora la amnistía. El otro frente es socavar paso a paso la representación del Estado en Cataluña. No aspiran ya tanto a que Cataluña se vaya de España -han visto la dificultad, si no la imposibilidad, de lograrlo- como que España vaya progresivamente desapareciendo de Cataluña. Que se vayan las fuerzas de Orden Público estatales -Policía y Guardia Civil-, que la Administración de Justicia sea enteramente catalana pasando a ser el TSJ de Cataluña la última instancia judicial para los litigios allí surgidos y, por supuesto, que desaparezca de aquella Comunidad la Agencia Estatal de Administración Tributaria, empeño en el que concentran ahora sus esfuerzos los independentistas.

Su pretensión declarada es conseguir un cupo a la catalana a imagen y semejanza de los existentes en Navarra y en las diputaciones forales de las provincias vascongadas y con ello matarían dos pájaros de un tiro. Se quedarían con competencias hoy estatales -las de la AEAT- y obtendrían “les claus de la caixa”, como dicen ellos, con la indisimulada intención de reducir la actual contribución de Cataluña a los fondos autonómicos destinados a garantizar la cobertura financiera de los servicios públicos básicos en todo el territorio español.

Frente a lo anterior, el interés de Sánchez por contentar a los independentistas es objetivamente cierto y estadísticamente demostrable dada la evidencia empírica existente. Le va en ello mantener la exigua y alambicada mayoría de la que disfruta en el Congreso de los Diputados y su más reciente anhelo por aupar a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Pero sucede que establecer el citado cupo a la catalana no pasaría el filtro del examen constitucional ni aún presidiendo el Tribunal el poco cándido Conde Pumpido y, además, podría provocar una rebelión de las huestes socialistas en el conjunto de las Comunidades -todas las demás- que resultarían agraviadas y perjudicadas por ello.

Se trata de la creación de un consorcio Estado-Generalitat que asumiría las competencias hoy en poder de la AEAT. El boceto del futuro cuadro circula ya por los despachos y pasillos del Ministerio de Hacienda

Ante el dilema expuesto, el ansia de satisfacer a los independentistas pero no poder regalarles el cupo que exigen, parece que la factoría de fechorías de La Moncloa ha diseñado una idea que cumpliría materialmente el objetivo separatista pero con la apariencia de respeto formal al Ordenamiento constitucional. Se trata de la creación de un consorcio Estado-Generalitat que asumiría las competencias hoy en poder de la AEAT. El boceto del futuro cuadro circula ya por los despachos y pasillos del Ministerio de Hacienda y los funcionarios próximos a los responsables del Departamento y de la propia Agencia Tributaria lo dan por hecho, no sin llevarse en privado las manos a la cabeza.

Según parece, el citado consorcio asumiría todas las competencias actuales de la AEAT, salvo quizás las relativas a la gestión de los ingresos de las Aduanas por tratarse de un recurso de la Unión Europea. En él se integrarían todos los funcionarios de la Agencia Tributaria destinados hoy en Cataluña de nuevo con la excepción de los destinados en los servicios aduaneros. Y como órgano rector del Consorcio se instauraría una comisión o comité conformado paritariamente por representantes del Estado y de la Generalitat que sería el encargado de nombrar a su director o gerente, asumiendo éste la responsabilidad máxima de la gestión del consorcio. Ni que decir tiene que, aunque no figure en ningún texto, Sánchez ofrecerá que el puesto sea ocupado por quien desee la Generalitat y, lógicamente, a partir de ahí, el resto de los cargos directivos tendrá también la debida filiación pro gubern.

De suceder las cosas como ha quedado expuesto, la aspiración independentista de expulsar de a la Agencia Tributaria de Cataluña se habría conseguido de facto y los nacionalistas tendrían las llaves y el llavero de la caja que hoy es estatal. Para que el pack fuera completo, faltaría aprobar la financiación singular que ya han prometido Sánchez e Illa para que de esa caja -ya catalanista- no salgan fondos con destino a financiar la sanidad o la educación en Extremadura, en Murcia o en Asturias, o lo hagan en una medida significativamente menor que ahora.

Como digo, la singularidad ya está prometida y en parte explicada por Illa cuando ha cuestionado la actual contribución de Cataluña a los fondos de cohesión existentes en el actual Sistema de Financiación Automática. Olvidan Sánchez y Salvador Illa que los impuestos no los pagan los territorios sino las personas, físicas y jurídicas, por lo que cuestionar las actuales aportaciones de Cataluña a los fondos autonómicos supone cuestionar que los contribuyentes con mayor capacidad económica contribuyan en el sistema tributario en mayor medida que aquellos que la tienen menor, es decir, quebrar el principio de progresividad fiscal instaurado por el artículo 31 de nuestro texto constitucional. Pero pensará Sánchez, no va a venir ahora la Constitución a fastidiarme mis proyectos políticos. Como dato trascendente, la renta per cápita existente en Cataluña es una de las tres más elevadas de España junto con las de Madrid y Baleares y por lo tanto superior a la existente en las otras doce Comunidades Autónomas del régimen común.

Volviendo a las consecuencias que acarrearía la creación del proyectado consorcio tributario es preciso decir que no serían pocas y que ninguna sería buena pues todas afectarían negativamente al buen orden y/o a la regularidad en la gestión del sistema tributario estatal.

Comenzando por una cuestión de carácter técnico, que no es baladí, señalemos que, constituido el consorcio, éste gestionaría íntegramente el Impuesto sobre Sociedades que deben pagar las mercantiles domiciliadas en Cataluña. A diferencia de lo que sucede con el IRPF o con el IVA en los que, aún siendo tributos estatales, su recaudación está parcialmente cedida a las Comunidades Autónomas, éstas no disfrutan de cesión alguna en la recaudación del Impuesto sobre Sociedades cuya recaudación corresponde actualmente en un 100% al Estado. Esta circunstancia supone una dificultad legal para que su gestión, inspección y recaudación sea atribuida al futuro consorcio, dificultad que exigiría bien otra modificación legal de calado, bien que el Gobierno cometiera o instara a la comisión de otra barbarie técnico-legal de esas a las que nos tiene acostumbrados.

Los contribuyentes de Cataluña serán tratados de forma diferente a los de Galicia, Cantabria o Castilla La Mancha, la igualdad entre españoles desaparecerá y además resultará afectada la unidad de mercado

Tiene también relevancia lo que puede suceder una vez que se pusiera en marcha el consorcio proyectado. Iniciado su funcionamiento, la gestión, inspección y recaudación de todos los impuestos estatales sería llevada a cabo por la creada entidad consorciada. Quiere decirse que la decisión sobre qué personas o qué empresas van a ser inspeccionadas correspondería a la Generalitat, que los criterios a aplicar en las inspecciones fiscales los impondría el Gobierno catalán, que la concesión o no de aplazamientos de las deudas tributarias y las condiciones en las que se concedieran responderían a la voluntad de directivos y funcionarios afines a los gobernantes catalanes… En fin, no hay que ser un lince para intuir que las decisiones y criterios expuestos no serían precisamente coincidentes con los aplicados por la AEAT en el resto de las Comunidades Autónomas con lo que ya tendríamos formado el quilombo: los contribuyentes de Cataluña serán tratados de forma diferente a los de Galicia, Cantabria o Castilla La Mancha, la igualdad entre españoles desaparecerá y además resultará afectada la unidad de mercado.

Aún más, no queda fuera de lo esperable que las competencias de carácter fiscal del consorcio que, al margen de las disposiciones formales, ejercerá materialmente la Generalitat pudieran llevarse a cabo de un modo claramente clientelista. A fin de cuentas, el poder tributario es un arma inestimable para doblegar voluntades y condicionar conductas y el deseo de lograr ambas cuestiones por parte de los anteriores gobiernos de Cataluña es un hecho histórico sin que nada apunte a que no lo vaya a ser también de los futuros. El clientelismo político aparece así como otro peligro que se cierne sobre el funcionamiento del futuro consorcio.

Resulta asimismo relevante el riesgo de que se cortocircuite el flujo de información fiscal desde el consorcio hacia la Agencia Tributaria, de manera que los hechos y datos con trascendencia tributaria obtenidos o detectados en Cataluña no sean comunicados de manera fluida a la Administración estatal. No sería sorprendente pues así sucede en los casos vasco y navarro. Sin duda, lo expuesto perjudicaría la integridad de la base de datos de la AEAT y afectaría negativamente a la eficacia en su gestión.

Hay que referirse por último a la promoción profesional de los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en el futuro consorcio. Nada impide pensar que sucederá como en el resto de las entidades sobre las que la Generalitat ejerce su dirección y que, consecuentemente, será la lealtad política el criterio básico que primará para el ascenso profesional en detrimento del mérito, la capacidad y los resultados obtenidos. Resultará de ese modo degradada la profesionalidad de los cuadros directivos e intermedios encargados de gestionar el sistema tributario estatal.

Los casos vasco y navarro

No faltarán los que aleguen que lo expuesto puede suceder también tanto en Navarra como en las provincias vascongadas dado el sistema de cupo existente en ambos territorios. Y no les faltará razón pues ejemplos recientes existen el respecto, basta con remitirnos al escándalo de las llamadas “vacaciones fiscales” que se detectó en las Diputaciones Forales del País Vasco. Pero bueno será recordar a los alegantes que, pese a sus negativos efectos, las excepcionalidades vasca y navarra tienen su fundamento en hechos históricos y están reconocidos en la Constitución que mayoritariamente aprobaron los españoles en 1978. Ni una ni otra circunstancia concurren en el caso catalán por lo que éste carecería de la justificación existente en ambos supuestos. Y ha de considerarse también la diferente dimensión del estropicio que se ocasionaría a la economía española, no en balde el PIB de Cataluña es once veces mayor que el de Navarra y más que triplica al del País Vasco.

En definitiva, la financiación singular prometida a los independentistas catalanes es un torticero método para que Cataluña deje de participar de la solidaridad interregional preconizada constitucionalmente. Y por su parte, el proyectado consorcio tributario Estado-Generalitat constituye un auténtico torpedo en la línea de flotación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, por ende, en la del Estado. Sin duda toda vez que la AEAT proporciona cada año aproximadamente el 85% de los ingresos no financieros del Estado. Todo sea porque Sánchez recomponga en el Congreso de los Diputados la estrambótica mayoría que le permitió lograr la investidura como presidente del Gobierno y por intentar que Illa se convierta en el Muy Honorable President de la Generalitat.

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