Todos pudimos ver imágenes de lo sucedido en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), pero convendría recordar los hechos. Los estudiantes de S’ha Acabat, la asociación de universitarios constitucionalistas, habían levantado una carpa informativa en el campus de Bellaterra a eso de las diez y media de la mañana. Su intención era denunciar el nuevo plan para extender la política lingüística a las universidades, fijando en un 80% las enseñanzas que deberán impartirse en catalán, pues supondría una drástica reducción de la libertad de elección de lengua de docentes y estudiantes.
Apenas tuvieron tiempo. Al poco los de S’ha Acabat se vieron rodeados por un número muy superior de independentistas radicales que los increpaban, dispuestos a boicotear el acto. Aunque algunos guardas de seguridad se interpusieron, el objetivo del boicot estaba logrado: difícilmente se acercara nadie a informarse atravesando una multitud vociferante. No contentos con las amenazas e insultos, los supuestos antifascistas atacaron la carpa, destrozándola junto con el material que allí había. Conminados a marcharse, los jóvenes constitucionalistas se negaron, por lo que el acoso se prolongó hasta que pasada la una y media se presentaron en el campus los parlamentarios de Ciudadanos, seguidos por cámaras y periodistas; sólo entonces los radicales se disolvieron. Durante todo ese tiempo, los Mossos no hicieron en ningún momento acto de presencia, a pesar de las llamadas insistentes.
No se puede restar gravedad a los hechos, en primer lugar porque no se trata de un incidente aislado. Sistemáticamente todos los tenderetes informativos de los estudiantes constitucionalistas han sido objeto de agresiones y boicoteos. Rafael Arenas García, catedrático de Derecho Internacional Privado, que esa mañana se había acercado al lugar de los hechos y se convirtió en protagonista involuntario de ellos, lleva la cuenta de los ataques reiterados. El patrón es siempre el mismo. Envalentonados como están, los radicales se arrogan el uso exclusivo del espacio público, intimidando y agrediendo a quien no piensa como ellos. Su mensaje se escuchó nítido el otro día, cuando coreaban ‘Pim-pam-pum, que no en quedi ni un’. Como objetivo no puede quedar más claro, pues persiguen eliminar al discrepante, sin reparar tampoco en los medios; para ellos la violencia es un medio perfectamente válido para acallar al adversario ideológico e impedirle que ejerza sus derechos. Que todo ello ocurriera, ante la indiferencia de las autoridades académicas, en la llamada ‘Plaza cívica’ de la universidad suena cuando menos a sarcasmo.
Las palabras de la parlamentaria de la CUP justificando la violencia en sede parlamentaria son por eso un síntoma inequívoco de la degradación de la vida política a la que asistimos
Si grave fue lo sucedido, las reacciones posteriores no van a la zaga. Al día siguiente de producirse los hechos, Eulàlia Reguant subió a la tribuna del Parlament para dar su apoyo a los estudiantes, pero no a los agredidos, sino a los agresores. Con la espesa retórica del antifascismo, les agradeció su lucha, animándoles a expulsar a los fascistas de la universidades públicas catalanas. La cosa habría hecho las delicias de Orwell, pues en el mundo encantado de los ‘antifa’ todo está al revés: quienes pretenden dar a conocer sus puntos de vista a favor del orden constitucional, ejerciendo sus derechos pacíficamente, son tildados de ‘fascistas’, mientras los intolerantes que les acosan y agreden en nombre del nacionalismo excluyente son ensalzados como valerosos antifascistas. Las palabras de la parlamentaria de la CUP justificando la violencia en sede parlamentaria son por eso un síntoma inequívoco de la degradación de la vida política a la que asistimos.
¿Y el rectorado de la UAB? Al fin y al cabo, los rectores catalanes nos tienen acostumbrados a pronunciarse públicamente sobre asuntos que les caen lejos, como la detención de Puigdemont en Cerdeña. En este caso, el lector curioso no encontrará ninguna enérgica condena de lo sucedido en el campus. Por no haber, en el comunicado emitido por el equipo de gobierno de la propia universidad no hay el menor esbozo de condena. Se limita a expresar ‘su convencimiento de que el campus universitario ha de ser un ejemplo de convivencia pacífica y ejercicio de la libertad de expresión’, sin denunciar los hechos. Cuando alude a ellos es para describirlos asépticamente como ‘situación de tensión’, borrando la diferencia entre agresores y agredidos; un pretexto para lamentar en términos convenientemente vagos la ‘instrumentalización ideológica’ que algunos partidos hacen de los campus universitarios. No deja de tener su gracia viniendo de quien viene, pero es un perfecto ejercicio de fariseísmo.
Un gesto de solidaridad
Elevar la vista al cielo de los principios es por lo visto una forma habilidosa de desviar la atención de lo que tenemos delante. Esa fue también la línea escogida por los rectores españoles, reunidos en la CRUE, quienes eludieron en su nota informativa cualquier mención a los hechos; en su lugar, nos emplazan a construir un mundo mejor, empezando por los campus universitarios. ¡Quién podría estar en contra del mundo mejor al que nos invitan los beneméritos rectores! Eso sí, no parece que la mejor manera de construirlo sea empezar por rehuir nuestras responsabilidades como universitarios, escondiendo detrás de buenas palabras las injusticias concretas en los campus y negando un elemental gesto de solidaridad a quienes se ven atacados por sus ideas.
No puede extrañarnos que se haya criticado a la universidad catalana, o a los rectores en general, por esa actitud de pretendida equidistancia. Como sabemos, ‘equidistante’ se ha convertido en un improperio habitual en la conversación publica, útil para descalificar, aunque el criterio que hay detrás no queda muchas veces claro. ¿Qué hay de malo en la equidistancia? Estamos advertidos por Trapiello de que la equidistancia no es lo mismo que la ecuanimidad y esa es una buena pista. La ecuanimidad, además de la constancia de ánimo, tiene que ver con el juicio imparcial; es ahí donde falla el equidistante. Si queremos apreciarlo bien, hace falta distinguir entre dos principios que suelen confundirse, como son la neutralidad y la imparcialidad, cuya similitud superficial esconde exigencias muy distintas. Sospecho que el equidistante las confunde.
Obviamente ambos principios atañen a quien ocupa la posición de tercero en un conflicto o litigio entre dos partes. Pensemos en un juez o un árbitro de fútbol. Para desempeñar bien su papel, un árbitro no puede favorecer indebidamente a uno de los equipos, por ello ha de ser tanto neutral como imparcial. Debe ser neutral con respecto al resultado del partido, pues no puede determinar quién gana o pierde ayudando a uno de los equipos a conseguir la victoria. Por otra parte, ha de ser imparcial en lo que afecta al desarrollo del juego, pues tiene que decidir cuándo se ha producido una falta, un gol válido o hay que expulsar a un jugador. Se trata de aspectos diferentes del mismo papel, pues debe abstenerse de decidir o intervenir acerca de ciertas cosas, mientras que hay otras que debe decidir correctamente, ciñéndose a los hechos y a la aplicación estricta del reglamento. Son exigencias diferentes, pues sería absurdo que un árbitro no pitara un penalti so pretexto de no tomar partido.
Los miembros de la comunidad universitaria pueden defender políticamente lo que quieran, pero no pueden hacerlo en nombre de la universidad ni utilizar para ellos sus órganos de gobierno
Dejémonos de fútbol y volvamos a las universidades catalanas, pues les incumben los principios de neutralidad e imparcialidad como instituciones públicas que son. Como tales están sujetas al deber de neutralidad, que les obliga a abstenerse de tomar partido en la lucha política o promover alguna opción ideológica; los miembros de la comunidad universitaria pueden defender políticamente lo que quieran, pero no pueden hacerlo en nombre de la universidad ni utilizar para ellos sus órganos de gobierno. Sin embargo, los rectores catalanes vienen incumpliendo esa obligación de forma contumaz, pronunciándose siempre a favor de las tesis secesionistas. Ahí están las sentencias de los tribunales, como la que condenó a la Universidad de Barcelona, de la que hablamos en su momento.
Pero los sucesos del otro día no requerían precisamente neutralidad; como es evidente, la no intervención significa permitir a los violentos campar a sus anchas, dejando a su merced los derechos de los demás. Frente a eso, lo exigible a las autoridades académicas es que velaran imparcialmente por los derechos de todos, lo que en este caso suponía proteger a los estudiantes constitucionalistas en el pacífico ejercicio de sus derechos. Claro que para eso hace falta distinguir agresores de agredidos. Como es necesario no identificarse con la causa de los primeros, pues si el árbitro se convierte en beligerante difícilmente será imparcial. Algo que deberíamos tomarnos en serio si lo que nos jugamos no es un triunfo deportivo, sino la libertad en los campus.
