A pesar de mis reticencias, ya expresadas en el artículo de la semana pasada sobre el duelo a garrotazos entre los dos grandes partidos sobre el CGPJ, los hados me obligan a escribir una vez más sobre el tema. Terminaba el último artículo dudando si se seguiría con la pugna, si una carambola permitiría que sigan existiendo ciertos controles al poder o si se reformaría la ley para desbloquear el CGPJ. Parece que estaban esperando para responderme y, desde mi punto de vista, no ha ocurrido ninguna de las tres opciones sino una intermedia.

El pacto anunciado hace un par de días tiene sus luces y sus sombras, y más luces o más sombras según desde el punto de vista en que se vea. Desde el punto de vista de la Administración de Justicia, en un sentido cuantitativo, no cabe duda de que el acuerdo es una buena noticia, porque el acuerdo va a permitir que se nombren los jueces cuya designación estaba paralizada desde que la reforma del PSOE de 2021 impidió que un CGPJ con vigencia prorrogada o “en funciones” pudiera hacer nombramientos, como modo de presión. Eso hizo que hubiera muchísimas vacantes y sentencias sin pronunciar, lo que constituye un problema práctico enorme.

Desde el punto de vista político, da la impresión de que el acuerdo supone un cierto triunfo del PP, pues el tradicional reparto por bloques hubiera conducido a que el PSOE tuviera en esta ocasión una mayor “tajada” y que otras opciones extremistas o nacionalistas hubieran tenido también su parte en el botín, pero el reparto de 10 puestos a cada uno implica laminar a estas opciones políticas minoritarias e igualar a PP y PSOE, aunque no deja de ser cierto que el PSOE no fue el ganador de las elecciones, lo fue el PP, con lo que de alguna manera eso supone una cierta justicia numérica. No obstante, no deja de apreciarse aquí un cierto olor a chamusquina, porque no se acaba de entender qué incentivos ha llevado al PSOE a aceptar esta solución, como no sea la presión de Europa y las consecuencias de no hacerle caso, que no sabemos muy bien cuáles pudieran ser para haber hecho que Sánchez reculara. Una explicación pudiera ser la practicidad: desde el momento en que con toda claridad el Tribunal Constitucional, cuyo réquiem ya entoné hace algunos meses, se ha convertido en una instancia superior al Tribunal Supremo, con capacidad al parecer para enmendarle la plana incluso en casos de corrupción bien conocidos, “para qué vamos a desgastarnos –pensará el PSOE- en la lucha por el CGPJ si en realidad ya tengo controlado el TC que, si es necesario, podrá servirnos para los casos verdaderamente graves”.

Esperar cinco años para la renovación y despolitización del CGPJ y que nos encontremos hoy con la misma politización, no merecía hacernos esperar cinco años

Pero, quizá, el aspecto más importante es el institucional, en el que las sombras son mayores que las luces. Decía ayer el diputado del PNV Aitor Esteban: “Sorprende que para esto hayan tardado tanto tiempo”. Y no le falta razón, porque esperar cinco años para la renovación y despolitización del CGPJ y que nos encontremos hoy con la misma politización, no merecía hacernos esperar cinco años. Porque seamos conscientes de que el nombramiento acordado no recae sobre personas sobre cuya competencia e imparcialidad todo el mundo está de acuerdo sino sobre diez miembros que cada partido elige por su lado; por lo que no cabe decir que estamos ante una verdadera despolitización sino ante la misma politización de siempre, por mucho que se diga que los perfiles no son tan significadamente partidistas como en otras ocasiones (lo que habrá que comprobar); es más, si ya aceptamos la politización como animal de compañía, la solución sería todavía menos democrática porque de un plumazo se suprimen otras “sensibilidades” políticas, haciendo que el CGPJ no sea ya un reflejo democrático de la sociedad sino un reparto bipartidista.

Es cierto que hay algunos cambios interesantes como los relativos a que el Fiscal General no pueda serlo un exministro, la objetivación de los nombramientos judiciales que se menciona y alguna cosa más. Y no cabe duda de que puede entenderse un avance que se establezca una mayoría de tres quintos para realizar ciertos nombramientos clave en la magistratura que se establezca esa mayoría para que el propio CGPJ proponga al parlamento un sistema nuevo de elección de los vocales judiciales, con lo que se evitan tentaciones de imponer criterios. Pero también es cierto que eso, en la práctica, eso puede conducir a un nuevo bloqueo.

No cabe ninguna duda de que cualquier acontecimiento, particularmente unas elecciones, puede hacer que la cosa cambie y ya no sea tan necesaria la reforma anunciada

Pero seguimos teniendo un problema institucional: los nombrados lo han sido por un partido político y que no hay garantía alguna de que no lo pueda volver a ser en el futuro. La promesa de que por tres quintos se pueda hacer una proposición al Parlamento no implica que este no pueda hacer lo que le parezca si no está de acuerdo o cambian las tornas. Es más, no cabe ninguna duda de que cualquier acontecimiento, particularmente unas elecciones, puede hacer que la cosa cambie y ya no sea tan necesaria la reforma anunciada. Como la duración de los nombrados es de bastantes años, en el fondo el problema se está retrasando a dentro de una legislatura, como poco: largo me lo fiais, que decía el Burlador de Sevila.

Es cierto que Europa habló de que primero era renovar y luego reformar. Pero es que quizá no conocía cómo nos las gastamos aquí por el Sur. Lo dicho, el parto de los montes, que parió un ratón.

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