Desde que se aprobó la Constitución, nuestra vida democrática se ha regido básicamente por el contenido de las normas constitucionales, así como por las dispuestas en las leyes que las desarrollan. Junto a ello y como complemento fundamental, han funcionado también un conjunto de reglas y principios no escritos que, relativos a cuestiones fundamentales o de Estado, han sido respetados escrupulosamente por el Gobierno de turno favoreciendo así la estabilidad y fortaleza en el funcionamiento básico de nuestro marco democrático. Son los llamados consensos básicos de nuestra democracia. Sin embargo y desde hace tiempo, el Gobierno viene quebrando las reglas que han sido sustento fundamental de la política española desde 1.978.

Probablemente el primer caso fue el indulto concedido por el Gobierno a los independentistas catalanes condenados por el grave delito de sedición tras haber atentado contra el orden constitucional utilizando las instituciones en las que gobernaban. Es la primera vez que se ha indultado a un político, en este caso fueron varios, sin que mediara un acuerdo entre los grandes partidos nacionales, rompiendo así una norma de conducta respetada hasta entonces.

No fue menos relevante la decisión de nombrar a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Es cierto que todos los Gobiernos, rojos o azules, han elegido siempre a juristas de su confianza para ocupar el puesto. Pero nunca hasta ahora se había designado como Fiscal General a quien había formado parte del propio Gobierno que hace la designación. Es otro valor consuetudinario de nuestra democracia que ha sido violentado.

Pedro Sánchez ha pisado el acelerón de la ruptura y parece haberse despojado de cualquier vínculo de unión con la cultura democrática que ha guiado hasta ahora el funcionamiento

Recordemos que cuando el Tribunal Constitucional declaró la anticonstitucionalidad de las normas por las que fueron adoptados los estados de alarma, el Gobierno lanzó a varios de sus ministros, todos los que eran magistrados de profesión, para arremeter ferozmente contra el Tribunal. La agresividad inter Institucional desplegada por los colaboradores de Sánchez nunca hasta entonces se había visto en nuestra democracia.

Pedro Sánchez ha pisado el acelerón de la ruptura y parece haberse despojado de cualquier vínculo de unión con la cultura de respeto institucional que ha guiado hasta ahora el funcionamiento de nuestra democracia

Hasta aquí el comportamiento pasado del Gobierno, poco edificante por romper varias de las normas de conducta política que habían sido siempre respetadas. Sucede que en estos momentos -últimas semanas, días, horas-, Pedro Sánchez ha pisado el acelerón de la ruptura y parece haberse despojado de cualquier vínculo de unión con la cultura democrática que ha guiado hasta ahora el funcionamiento de nuestra democracia. Solo así pueden entenderse sus últimos pasos, todos ellos considerablemente graves.

En el sentido indicado, el Gobierno ha empezado a cumplir su reiterada amenaza de limitar la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas, y lo ha hecho con la creación del Impuesto sobre las Grandes Fortunas que invade flagrantemente las competencias autonómicas y supone que, por primera vez desde 1.978, se modifiquen las normas de desarrollo del Título VIII de la Constitución sin mediar consenso político entre Gobierno y oposición.

Le sigue la rebaja de la condena del grave delito de sedición acompañada de un cambio de denominación para intentar disimular la intención real del cambio que, evidentemente, es favorecer a unos delincuentes condenados cuya virtud es disponer en el Congreso de los votos que necesita el Gobierno. En dirección parecida se encuentra el cambio en la tipificación del delito de malversación, proyectando diferenciar según los fondos públicos malversados hayan sido desviados hacia el bolsillo del malversador o hacia personas y entidades afines al comitente del delito. En este caso, se favorece de nuevo a los delincuentes con poder parlamentario y, al tiempo, a varios delincuentes del propio PSOE -por ejemplo, Griñán- que están a la espera de cumplir su condena. Ambos supuestos son reformas del Código Penal ad nominen, con nombres y apellidos, que no persiguen el interés general sino privilegiar particularmente a determinados delincuentes. No existe en nuestra Historia democrática reciente -la nacida en 1.978- un caso semejante.

El Gobierno ha proclamado la posible creación de un nuevo delito para castigar a los vocales del CGPJ que no sigan los nuevos criterios que pretende imponer

Por si lo expuesto no fuera ya suficiente, el rupturismo del Gobierno ha vuelto a apuntar al Tribunal Constitucional. Primero, designando como magistrado a su antiguo ministro de Justicia, traspasando así una nueva línea roja, pues nunca había formado parte de la institución alguien que ha sido partícipe activo de las normas cuya constitucionalidad debe decidir el Alto Tribunal. Segundo, porque acaba de anunciar que pretende modificar los criterios, plazos y requisitos del nombramiento de los magistrados del Constitucional reformando, de nuevo sin pacto alguno con la oposición, nada menos que la Ley Orgánica que lo regula. Para mayor agravio, coincidiendo con el carrusel de rebajas de penas a secesionistas y malversadores que hemos reseñado, el Gobierno ha proclamado la posible creación de un nuevo delito para castigar a los vocales del CGPJ que no sigan los nuevos criterios que pretende imponer.

No hay que darle más vueltas. Es evidente que, frente a lo manifestado por él, Pedro Sánchez no pasará a la Historia por mover los restos de alguien que murió hace cuarenta y siete años. Al contrario, lo hará por haber quebrado los consensos básicos respetados en el más largo periodo de vida democrática que ha disfrutado España y, con ello, provocar materialmente el fin de nuestra democracia tal y como ésta ha funcionado desde 1.978. Lo que suceda después de este final es hoy desconocido, pero nadie puede desconocer el riesgo de que su diseño dependa básicamente de aquellos que no quieren formar parte de España -independentistas vascos y catalanes-. Es ya innegable que Sánchez está dispuesto a ello si de ello depende su permanencia en La Moncloa.

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