Tal y como estaba previsto, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont han llegado a un acuerdo de investidura. El primero podrá seguir disfrutando de las mieles del poder a cambio de una serie de concesiones como la amnistía total, la negociación de un referéndum de autodeterminación, un verificador internacional que supervise su Gobierno, la transferencia de todos los impuestos a la Generalidad y el reconocimiento explícito de que en España existe algo conocido como lawfare, un término que puso de moda Podemos hace unos años y que significa que se persigue judicialmente de forma rutinaria a rivales políticos. Todo, como vemos, es un disparate tras otro, la narrativa independentista completa asumida sin rechistar por el Gobierno, el mismo Gobierno que hace sólo unos meses rechazaba todo lo que ahora acepta de muy buena gana.

El acuerdo permitirá a Sánchez seguir atornillado a la poltrona, pero es un insulto a la ciudadanía y un golpe al Estado de Derecho de imprevisibles consecuencias en el medio plazo. Los ciudadanos sin importar su filiación política han asistido impávidos a este cambio de cromos tan desvergonzado. Unos vienen denunciándolo desde hace semanas e incluso se han echado a la calle a protestar. Otros, anestesiados por los medios de comunicación afines a Moncloa, prefieren mirar hacia otra parte y se consuelan pensando que al menos no Gobierna una coalición formada por el Partido Popular y Vox. El consuelo es flaco, pero demuestra que Sánchez acertó cuando hace cinco años se decidió por polarizar a la sociedad dividiéndola entre buenos (los que le apoyan) y malos (los que votan en su contra). Algo similar a lo que los nacionalistas catalanes hicieron en los años del procés, ciudadanos de primera y de segunda en función de si comulgan con el líder.

Consumada ya la amnistía y todo lo que ha traído de complemento, a los que todavía creen en una España genuinamente plural y democrática en la que nadie esté por encima de la ley, sólo nos queda resistir y denunciar el estropicio. No lo haremos solos. Los españoles que se han plantado ante Sánchez son más que los que, de mejor o peor gana, le entregaron su voto en julio. Esa mayoría se tiene que hace oír en cuatro frentes. El primero el político. El Partido Popular fue el ganador de las últimas elecciones y Vox el tercero más votado. Ambos son respetuosos con la Constitución y entre ambos suman más de once millones de votos, una cantidad más que representativa de buena parte de la sociedad española. Mal harían en seguir con sus peleas. Deben formar un frente unido frente a esta cacicada y las que estén por venir en los próximos meses que, a tenor de lo que Puigdemont reveló en la rueda de prensa del jueves, serán unas cuantas.

El segundo frente es el institucional en el sentido más amplio del término. El acuerdo es una patada a las instituciones y, especialmente, al poder judicial. Sus representantes deben manifestarse y hacerlo en voz alta. Una democracia muere cuando sus instituciones han desaparecido. Las nuestras están heridas, pero siguen con vida. Ha llegado la hora de que su voz se escuche dentro y fuera de nuestras fronteras. El tercer frente es el europeo. España no es un país menor en el concierto europeo, es la cuarta economía de la zona euro y lo que pase aquí tiene un impacto directo en todo el continente. En Bruselas y Estrasburgo tienen que enterarse de lo que está sucediendo, del asalto sobre nuestra democracia que se ha perpetrado desde el Gobierno. Cierto es que mucho no pueden hacer más allá de amenazar a Sánchez con cerrarle el grifo de la transferencia de fondos y la compra de deuda, pero esto sería más que suficiente. Es Europa la que está financiando el sanchismo desde que empezó. Sin ese apoyo el Gobierno tendría mucho más complicado seguir con sus planes de desmontaje del sistema constitucional. Además, todas las instituciones europeas tienen una incuestionable “auctoritas” en toda la Unión, algo de lo que se han valido cada vez que el Gobierno de un país miembro ha erosionado la democracia dentro de sus fronteras. Ahí tenemos los casos de Polonia o Hungría como ejemplo. La deriva populista de nuestro Gobierno no es muy diferente, pero hasta la fecha se las ha apañado para pasar desapercibido.

Nadie, ni en las instituciones ni, por descontado, en Europa se arriesgará a protestar si ve que a los españoles de a pie esto les resbala

Por último, el cuarto frente es el de la movilización. La centroderecha no es muy amiga de salir a la calle a protestar. La de manifestarse no es una técnica que domine, pero no queda otra alternativa. Nadie, ni en las instituciones ni, por descontado, en Europa se arriesgará a protestar si ve que a los españoles de a pie esto les resbala. A Sánchez la ciudadanía se lo ha tolerado casi todo, generalmente creyendo que no sería capaz de ir más allá. La realidad es que siempre ha ido más allá desafiando incluso a los más pesimistas. La calle por sí misma no es capaz de conseguir un cambio político, pero si las movilizaciones son masivas y constantes ningún Gobierno puede ignorarla, ni siquiera este que lleva un lustro gobernando contra media España.

El panorama que se abre ante Sánchez no parece halagüeño. No ha comprado la tranquilidad parlamentaria para toda la legislatura, tan sólo la investidura. Tras lo de este jueves vendrán más exigencias y humillaciones. La sociedad española debe estar preparada para lo que viene y eso sólo lo conseguirá siendo consciente del problema y activándose. Esto último no es garantía de éxito, pero al menos servirá para decir que esta vez, los buenos si decidieron hacer algo.

• Tags
• Amnistía
• Carles Puigdemont
• Jueces
• Pedro Sánchez