Se respira en el país un aire hediondo. Como el que emite el vertedero que sigue ardiendo cerca de Ermua, pueblo de infaustos recuerdos. Y el origen de los gases tóxicos es el Gobierno de la nación. El incidente de la presencia en Barajas de Delcy Rodríguez, y sus cuarenta maletas ignotas, junto a los embustes reiterados del señor Ábalos, que se aferra al poder con insolencia, van más allá del escándalo, habiendo promovido un giro inexplicado de 180 grados en la posición oficial sobre Venezuela, ese país que no importa a nadie salvo a los fascistas de la derecha, según Carmen Calvo.
Está a punto de constituirse la infame mesa bilateral de diálogo con la Generalitat tras el encuentro genuflexo de Pedro Sánchez ante Quim Torra en Barcelona. La exministra Delgado, nueva fiscal general, está presta a cumplir con su encomienda de allanar judicialmente el asunto político y penal catalán. El vicepresidente Iglesias se cisca en las organizaciones agrarias enalteciendo a los sindicatos de clase cómplices del programa de ruptura del régimen, y además amenaza con ocuparse normativamente de la infancia y de la juventud, mientras su esposa hará lo propio con la actividad sexual.
El enorme cargamento de basura ideológica y legal con el que está equipado el Gobierno socialcomunista arde morosamente todos los días, sin tregua, pero la suciedad y la carcoma rebasan el ámbito político. Empiezan a horadar a bocados la economía. En una reciente entrevista, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, aseguraba que todavía se pueden bajar un poco más los tipos de interés, comprar deuda adicionalmente e incluso inyectar liquidez para sostener el crecimiento, aunque reconocía que la potencia de fuego sobrante es marginal. Para que la liquidez produzca su efecto es preciso que haya proyectos de inversión a los que destinarla y esto es lo que empieza a fallar en España. “Ahora les toca a otros jugar la partida”, decía en referencia a los políticos, “con estrategias fiscales y reformas estructurales adecuadas”.
Cualquier aproximación a un hachazo fiscal de tal magnitud sería letal para el mundo de los negocios y para la creación de empleo, que ya se va a reducir en 300.000 puestos de trabajo en 2019
Pero el Gobierno de Sánchez camina en la dirección contraria. Todavía desconocemos, porque la ministra de Hacienda se niega a revelarlo, cuál ha sido el déficit público de 2019, pero si fue del 2,5%, como ha estimado el Banco de España, estaríamos ante el primer año perdido desde la gran recesión en términos de consolidación presupuestaria. Si la propuesta grosera de Chiqui Montero es reducirlo hasta el 1,8% en 2020, eso supondría un ajuste de 8.000 millones, que junto a los 4.000 millones de gasto público adicional previsto sumarían un esfuerzo fiscal de 12.000 millones en el ejercicio en curso. ¿Está el Gobierno en condiciones de lograr el objetivo? La respuesta rotunda es no. La vicepresidenta Nadia Calviño sostiene lo contrario, pero miente. Miente a conciencia, deliberadamente, a los empresarios, a los analistas, a los inversores y hasta a Bruselas. Si la economía va a crecer un 1,6%, que es el cálculo que ha hecho público el Gabinete, ese impulso cada vez más magro podría proporcionar unos ingresos de 3.000 millones, de manera que a Sánchez le faltarían todavía 9.000 millones para cuadrar las cuentas públicas.
¡Vamos, que ni a martillazos! Ninguna combinación de impuestos, por muy agresiva que fuera, sería capaz de proporcionar tal clase de rendimiento: ni la tasa Google, ni gravar las transacciones financieras ni aún incidir en la confiscación ‘penal’ de los beneficios empresariales o desbordar el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta podrían generar una recaudación del calibre que necesita un presupuesto que es lo más parecido a un sortilegio. Ni que decir tiene que cualquier aproximación a un hachazo fiscal de tal magnitud sería letal para el mundo de los negocios y para la creación de empleo, que ya se va a reducir en 300.000 puestos de trabajo entre 2019 y este año, parcialmente herida por la subida inconveniente del salario mínimo graciosamente aceptada por los representantes empresariales.
Presupuesto expansivo
La señora Calviño afirma que el crecimiento de la economía es ahora más robusto que antes de la crisis, pero tampoco es cierto. La velocidad de crucero va notoriamente apagándose, y que todavía sea superior a la europea es un consuelo vano y poco fiable. Los únicos datos sin lugar a controversia son que el Gobierno, en una coyuntura internacional delicada, tiene decidido programar un presupuesto expansivo; que no hay garantía alguna de que el Tesoro pueda obtener los recursos que exige contener el déficit las siete décimas previstas; y que el gasto público va a crecer el doble que la economía, perjudicando el desenvolvimiento del sector privado, que además tendrá que soportar una presión fiscal lacerante.
El escenario se complica todavía más si no hay a la vista ninguna reforma estructural como las que sugería el señor de Guindos, aquellas que contribuyen a espolear la oferta y a oxigenar el mundo de los negocios, inyectándole flexibilidad, descargándolo de costes administrativos, aliviándolo del peso de la intervención pública y aligerando la permanente ofensa tributaria de unas cargas sociales que están entre las más altas de Europa. O si, como se pretende, la reforma laboral en activo se degrada, no se hace nada para detener el coste de las pensiones o se incurre en proyectos faraónicos, desaconsejables e improductivos como una renta básica universal.
El Pacto de Estabilidad que compromete a todos los países de la Unión no se ajusta a los intereses de España, que al parecer es un caso singular, con derecho de pernada
La mencionada Calviño, a la que se agarra como clavo ardiendo la legión de escépticos sobre la capacidad del Gobierno para generar confianza, es la primera que ha sembrado las dudas sobre nuestra fortaleza declarando -lo conté aquí hace unos días-, que el Pacto de Estabilidad que compromete a todos los países de la Unión no se ajusta a los intereses de España, que al parecer es un caso singular, con derecho de pernada a una suerte de discriminación positiva porque más que atender las obligaciones comunes de higiene contable tiene que promover la deletérea justicia ciudadana, combatir la pobreza y achicar la desigualdad que falsamente acosan el bienestar público, como dicen los corifeos gubernamentales, para los que la nación no se puede permitir un recorte social más, o sea que procede que viva rodeada de mierda.
La virginal Calviño, la presunta guardiana de las esencias, es la primera implicada en la agenda extemporánea de un Gobierno que pretende ser un verso suelto, al que nada inquieta mentir y engañar a los ciudadanos con falsas promesas que generan a diario una notable alarma entre los fondos de inversión internacionales que nos financian y entre las agencias de rating que nos vigilan y que son las que nos juzgan con la nota final.
Un amigo economista sugiere que estamos en presencia de un ‘zapaterismo’ descoyuntado, cargado de irresponsabilidad y de planes delirantes de gasto, que resultan bastante más desaconsejables que los de aquella época nefanda si atendemos a la circunstancia agravante de que la deuda pública ronda ahora el 96% del PIB, mientras entonces estaba por debajo del 60%, y los excesos podían pasar desapercibidos durante un tiempo. Se trata, me dice, de la típica huida hacia adelante de la izquierda, cuyo gobierno recién nacido, deforme y asambleario, donde sólo parecen dormir tranquilos el matrimonio Iglesias y los comunistas de su cuerda, está ilusamente convencido de que puede deshonrar gratuitamente sus obligaciones fiscales contando con la tolerancia implícita de la Comisión Europea, de la que ya se encargará la señora Calviño. Pero esta es nuestra única esperanza. Que Bruselas no pierda el rigor que nos falta, y que los mercados, hasta ahora expectantes e inusualmente bondadosos con la tropa de Moncloa, empiecen a ejercer su implacable poder de persuasión. Dicen por ahí, los que han estado con él, que esta es también la única esperanza que alberga el Rey.
