El profesor Charles Powell escribió en 2001 un magnífico libro titulado España en democracia, 1975-2000 (Plaza y Janés). En la página 139, el profesor Powell cita el trabajo de dos politólogos, Juan J. Linz y Alfred Stepan, que reflexionan sobre los ámbitos que procuran la consolidación de un sistema democrático. Esos ámbitos son tres: el de las conductas, el de las actitudes y el “estrictamente constitucional”.
Sobre el primero de ellos, “las conductas”, Powell escribe que una democracia está consolidada cuando “ningún actor político, social, económico o institucional utiliza recursos significativos a fin de crear un régimen no democrático o provocar una secesión del Estado”. El 6 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó la “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República” con la que los independentistas pretendían dar cobertura legal al referéndum de autodeterminación convocado en Cataluña para el 1 de octubre de ese mismo año. Esta ley suponía la ruptura, de facto, con la Constitución española y emprendía una huida hacia delante que tendría, como “hitos más reseñables”, la celebración de ese referéndum ilegal en el día y la hora previstos, así como la rocambolesca Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 10 octubre. Desde la tribuna del Parlamento autonómico, Puigdemont declaraba que Cataluña se convertía en una República independiente, si bien suspendía tal alumbramiento para abrir “una fase de diálogo con el gobierno central”. La democracia se hallaba en peligro.
Autodeterminación y república
El segundo ámbito donde se confirma la consolidación de un sistema democrático es el de las actitudes, y Powell escribe al respecto que puede hablarse de que la democracia tiene buena salud cuando los ciudadanos creen en ella, considerándola como la mejor forma de gobierno para solucionar conflictos y, sobre todo, cuando “el apoyo a las alternativas antisistema es escaso o se encuentra aislado de la opinión prodemocrática”. Podemos, el partido que desde enero de 2020 cogobierna España con el PSOE, debutó en política con el declarado objetivo de “iniciar un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y poder discutir de todo”. Su líder, Pablo Iglesias, ha sido coherente con este planteamiento 'antisistema del 78' a lo largo de su corta pero intensa trayectoria, de ahí que defendiera el 9 de diciembre de 2015 en un artículo de opinión “el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país y el derecho a decidir. El referéndum es una fórmula democrática adecuada para que las catalanas y catalanes decidan su encaje en España”.
En este asunto al menos las palabras y los hechos del líder morado han ido a la par, por eso repetía en mayo de 2017 desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, mientras planteaba una moción de censura contra Mariano Rajoy, “que nosotros somos partidarios de que los ciudadanos catalanes decidan su destino en referéndum con garantías y reconocimiento”. Autodeterminación, en fin, para lograr el encaje de los nacionalismos en la futura “república plurinacional española”.
Los españoles sí habíamos visto que el peso de la ley, de la lógica democrática, había caído sobre los líderes del proceso independentista juzgados por el Supremo y condenados, por sedición y malversación
Vayamos al tercer ámbito, el “estrictamente constitucional”. El profesor Powell escribe que una democracia está consolidada cuando, desde esta perspectiva, “los actores gubernamentales y no gubernamentales” que actúan en el Estado “dirimen sus conflictos en el marco de las leyes, los procedimientos y las instituciones sancionadas” por esa democracia. El 4 de enero de 2020, el candidato a presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se dirigía así en el Congreso de los Diputados a ERC: “No hay otra forma de resolver este contencioso, no hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola tampoco basta y lo hemos visto”.
Dos meses antes de pronunciar esta frase, los españoles sí habíamos visto que el peso de la ley, de la lógica democrática, había caído sobre los líderes del proceso independentista catalán juzgados por el Supremo y condenados, por sedición y malversación, a penas que iban de los 9 a los 13 años de cárcel. Conocimos el 14 de octubre de 2019 esa Sentencia del Tribunal Supremo, el 4 de enero de 2020 el candidato a la presidencia del Gobierno nos decía que “la ley no basta, como hemos visto” y a principios de marzo de 2020, los nueve líderes del proceso independentista catalán conseguían el régimen de semilibertad y podían salir a la calle. La pandemia frustró el disfrute de tales permisos.
Los tres ámbitos
La portavoz de ERC en el Congreso, Montserrat Bassa, recogió el guante del diálogo que Sánchez le había lanzado: "Hoy votamos abstención para darle esta oportunidad al diálogo. Y, finalmente, hoy desde esta tribuna reivindicamos la libertad inmediata de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia”. La 'mesa bilateral de diálogo entre el Govern de la Generalitat y el gobierno de España', todo ello fuera del Parlamento, y la “validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña” de los acuerdos a los que pudiera llegarse en esa mesa bilateral eran las dos piedras de toque recogidas en el acuerdo que ERC y PSOE firmaron el 3 de enero de 2020 para que los independentistas, con su abstención, facilitaran la investidura de Pedro Sánchez.
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, la democracia de 1978 se halla en serio peligro porque la gestión de los conflictos dados en su seno no se dirimen en el marco de las leyes, ni de acuerdo con los procedimientos, ni en las instituciones fijadas por el sistema en su Carta Magna. Si a ello añadimos las conductas sediciosas de los actores políticos (independentistas) que con su abstención facilitaron la emergencia de este Gobierno, así como las actitudes antisistema de quien compone casi la mitad del Ejecutivo, podemos concluir que los tres ámbitos –conductas, actitudes y respeto a la Constitución– favorecedores de la consolidación democrática se tambalean seriamente, por no decir que han desaparecido ya.
Acuerdo con Bildu
Durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez, la portavoz de EH-Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, pronunció las siguientes palabras desde la tribuna: "Señor Sánchez, lo decimos claramente: con nuestra abstención lo que hacemos es abrir una ventana de oportunidad. Créanme si les decimos que desde Euskal Herría Bildu no cerraremos esta ventana y seremos pacientes”. Hace poco hemos comprobado cómo esa paciencia va teniendo sus frutos en forma de compromiso para derogar, íntegramente, la reforma laboral.
El sórdido episodio de la destitución del coronel Pérez de los Cobos por, simplemente, haber cumplido con su deber de respetar la ley, es un escándalo más en esta deriva hacia el autoritarismo
El espíritu de la Transición se ha hecho añicos. Aquel delicado e incierto proceso político desmanteló una dictadura para construir una democracia liberal, propia del occidente europeo. En el proceso que ahora vivimos, está desmantelándose la democracia definida por la Constitución de 1978 para crear, sin prisa pero sin pausa, un “régimen iliberal” donde el gobierno ocupa y controla el resto de las instituciones del Estado, pulverizando los contrapesos que Montesquieu previó para mantener la buena salud de cualquier sistema democrático. El sórdido episodio de la destitución del coronel Pérez de los Cobos por, simplemente, haber cumplido con su deber de respetar la ley, es un escándalo más en esta deriva hacia el autoritarismo que estamos observando.
División de poderes
Pero el mejor y más serio indicador de que la libertad y la democracia en nuestro país no viven sus mejores tiempos es el desprecio absoluto, y sistemático, por la verdad. Instalado en la soberbia de un relativismo que no le pasa nunca factura, Sánchez y su Gobierno son inmunes a la petición de responsabilidades cuando la división de poderes es violada por el ministro del Interior. “¿Y qué?”, se lee en la mirada presidencial cuando las pruebas de la mentira aparecen sobre la mesa.
Así las cosas, sólo queda acudir al relato de los hechos, como hizo Cayetana Álvarez de Toledo en una de sus muy brillantes intervenciones en el Congreso. Resulta un deber cívico, moral e intelectual, sentar acta de este desmantelamiento impune de la democracia que tanto trabajo costó construir durante la Transición. Los partidos opuestos a este Gobierno (PP, Vox y, ojalá, Ciudadanos), así como los escandalizados demócratas que aún engrosan las filas del PSOE y todavía no han roto su carné de militante, deberían tener claro que el virus de la posverdad que infecta y mata las democracias sólo se vence unidos. Porque las (aparentemente) insalvables diferencias ideológicas son “peccata minuta” si coincidimos en el común denominador de la defensa de las libertades. Si por cortoplacismo somos incapaces de caminar juntos en pos de esa defensa, el futuro que nos aguarda tendrá la banda sonora del fracaso, ese “rechinar de dientes” por aquello que pudimos hacer y no hicimos, ese anhelo de la democracia que se nos fue.
