Si de algo ha servido el estado de alarma ha sido para que cinco actores clave de nuestra democracia se hayan dado cuenta de que la presencia de Podemos en el Gobierno es una amenaza real para el sistema, un auténtico caballo de Troya dispuesto a desestabilizarlo todo.
A finales de 2019, fueron muchos los que asumieron como inevitable el pacto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, toda vez que España se había visto abocada a una repetición electoral como consecuencia del bloqueo político. Prefirieron mirar para otro lado, a pesar de aquella clandestina sesión de investidura en mitad de las vacaciones de Navidad y de las cesiones que ya entonces se hicieron a diestro y siniestro para lograr la mayoría necesaria. Y se consolaron creyendo las promesas de Sánchez de que la influencia de Podemos en el Ejecutivo sería testimonial.
Pero llegó el coronavirus y el Gobierno vio una maravillosa oportunidad para pisar el acelerador con la excusa del estado de alarma... y quedó demostrado que Iglesias no es un actor secundario y que el trío que forma junto a Sánchez y al gurú Iván Redondo es en realidad el que pilota España.
Conscientes del lío en el que estamos metidos, son muchos ya los que intentan no tanto derribar el Gobierno, pero sí al menos eliminar a su elemento más peligroso, que no es otro que Iglesias. No es una maniobra orquestada, pero sí el legítimo intento de cada cual por defender sus propios intereses. Si la operación tiene éxito, el líder de Podemos podría tener los días contados en el Gobierno, pero queda la duda de ver cómo reaccionará el presidente. Sánchez, que ya padeció en carne propia algo similar cuando le desalojaron del PSOE, es ahora mismo uña y carne con Iglesias, por lo que no es descartable que, en lugar de dejarle caer, opte por dar la batalla hasta el final.
Los principales actores que están inmersos en esa operación son los jueces (con varios casos abiertos que podrían tumbar al Ejecutivo, desde el 'Delcygate' hasta las querellas relacionadas con la pandemia, pasando por el 'caso Dina'), los empresarios (especialmente molestos por el pacto con Bildu para derogar "íntegramente" la reforma laboral), Felipe González (cada día más convencido del peligro de Iglesias y de las extrañas conexiones con Venezuela), el Rey (que ve cómo los ataques a su padre se están utilizando para desgastar a la monarquía) y la Unión Europea (que podría condicionar la entrega de las ayudas post-covid a la salida de Podemos del Gabinete).
El 'caso Dina'
El frente que peor pinta tiene para Iglesias es el judicial, y sobre todo porque hay un magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que se acaba de dar cuenta de la enorme trampa en la que cayó en la primavera del año pasado, cuando un fiscal sin escrúpulos le hizo asumir la teoría de "las cloacas del Estado"... y acabó haciéndole la campaña gratis a Podemos.
La historia es rocambolesca pero conviene tenerla clara. Iglesias aprovechó que el contenido del móvil de una exasistente suya apareció en un chalé del excomisario Villarejo para inventarse la teoría de que una parte corrupta de la Policía estaba espiando a Podemos. Nada más lejos de la realidad. Villarejo tenía ese material porque lo había intercambiado con un periodista de 'Interviú', revista a la que había llegado el teléfono de Dina Bousselham porque su novio quería vengarse de ella por tener, supuestamente, un lío con Iglesias.
A pesar de ello, el fiscal del caso elaboró una prodigiosa teoría en la que Iglesias resultaba ser el perjudicado por una trama de corrupción policial que se dedicaba a recabar pruebas para destruirle. El juez picó el anzuelo sin darse cuenta de que España estaba a las puertas de unas elecciones generales y de que el caso iba a ser utilizado por Podemos para presentarse como víctima del sistema. Y así fue. Un partido que estaba desahuciado unas semanas antes acabó salvando el tipo en las urnas.
Si se confirma que Iglesias destruyó el teléfono de su exasistente, estaríamos ante un delito de daños informáticos, que lleva aparejada una pena de cárcel de entre seis meses y tres años
Hasta que el juez ha atado cabos y se ha dado cuenta de que le estaban engañando. Y el primero de todos, el líder de Podemos. Y es que Iglesias recibió una copia del contenido del teléfono de manos del editor de 'Interviú', pero sin embargo no se la devolvió a su propietaria hasta meses después... y cuando lo hizo la tarjeta de memoria se encontraba destruida.
Aunque parezca una tontería, el caso es que si se confirma ese último extremo, que Iglesias destruyó el material, nos encontraríamos ante un delito de daños informáticos que, según el código penal, lleva aparejada una pena de cárcel de entre seis meses y tres años y, por supuesto, inhabilitación para desempeñar cargo público. De momento el juez todavía no ha imputado a Iglesias ningún delito, pero ha apuntado claramente en esa dirección y le ha retirado la condición de "perjudicado" en el caso.
En las próximas semanas el juez debe decidir si finalmente investiga a Iglesias. Si lo hace, dará al vicepresidente del Gobierno la opción de declarar de forma voluntaria ante la Audiencia Nacional. Si Iglesias se niega, García Castellón tendría que trasladar el caso al Tribunal Supremo, al tratarse de una persona aforada, y se pondría en marcha el correspondiente suplicatorio. Sea como fuere, su hipotética imputación le dejaría gravemente herido y haría casi insostenible su continuidad en el Ejecutivo.
Obviamente, todo dependerá de lo que decida Sánchez. Algunos, como los empresarios, tal y como cuenta este lunes Vozpópuli, dan por hecho que Podemos seguirá en el Gobierno hasta al menos 2022, porque ven al presidente más cercano a Iglesias que al PSOE tradicional y en absoluto dispuesto a romper con los morados. No obstante, no hay que descartar que Sánchez suelte lastre cuando llegue lo peor de la tormenta con tal de seguir en el poder.
