Los diez años de reinado de Felipe VI son la historia de un acierto institucional después de un complejo ciclo para la Corona, que se vio marcado por una última etapa de Don Juan Carlos ajena a criterios básicos de ejemplaridad, y también por la corrupción del caso Urdangarin.
En 2014, la Monarquía había quedado señalada por un incipiente populismo de extrema izquierda que invocaba lemas como “Los Borbones, a los tiburones”, y con una abdicación de Don Juan Carlos tan agria para la imagen y la reputación de la Corona como ejemplar desde una perspectiva institucional.
De hecho, se convirtió en el último gran acuerdo de Estado protagonizado en España por el PP, entonces en el Gobierno, y el PSOE. Nada que ver tiene la conducta del actual socialismo de Pedro Sánchez con la de aquel que encabezó el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba en un momento tan señalado y difícil de nuestra historia reciente.
Si algo ha caracterizado estos diez años de reinado es la invocación permanente del Rey de la Constitución como asidero fundamental de nuestro Estado de derecho, y como base fundamental del principio de legalidad frente a las embestidas del nacionalismo y el independentismo, convertidos, especialmente en los últimos seis años, en los destructores de nuestro sistema de derechos y libertades. Histórico fue el discurso de Don Felipe aquel 3 de
octubre de 2017 tras el intento de golpe a la unidad de España y a la cohesión territorial, derivado de la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
La Monarquía parlamentaria debe seguir siendo el factor esencial de una estabilidad institucional que está en juego por las tóxicas alianzas alcanzadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, por el ninguneo al que La Moncloa está sometiendo a la Corona, y por los peligros que siguen acechando a España con leyes como la de la amnistía, vulneradora de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El Rey está siendo sometido a una hostilidad y una beligerancia demoledoras y es preciso que sienta el apoyo del pueblo español como modo de superar las adversidades.
Con Don Felipe, la Monarquía ha dado un vuelco a la gestión económica y a la transparencia de la institución. Y con él y con Doña Letizia queda garantizada la continuidad dinástica de una Corona que ha sabido recuperar el aprecio de una mayoría de ciudadanos que perciben en ella el anclaje fundamental de nuestra democracia y de nuestro régimen de convivencia. La Princesa de Asturias es la elocuente evidencia de que la Corona inició hace diez años una nueva etapa de frescura en una institución que necesitaba imprimir un giro progresivo a su maltrecha imagen. Queda por resolver la cuestión de Don Juan Carlos, que reside fuera de España desde hace ocho años y cuyo regreso definitivo a nuestro país debería quedar normalizado cuanto antes.
La implicación del Rey con todos los sectores sociales, sus frecuentes viajes a Cataluña, su compromiso especial para dotar a la imagen exterior de España de un liderazgo que el Gobierno lamentablemente no ofrece, y su preocupación constante por proteger la institucionalidad de la nación, son la conjunción perfecta de su labor moderadora como Jefe del Estado.
En cualquier caso, Don Felipe es plenamente consciente de la oposición que para ello encuentra frecuentemente en el propio Gobierno y de la fractura que representa un republicanismo minoritario que, no obstante, cuenta con grandes altavoces amenazadores contra la Corona. La muestra de ello es el bajísimo perfil que el Gobierno ha dado a este aniversario y la permisividad con la que el PSOE ha consentido a sus socios que hoy mismo, en el Pleno en el Congreso, pidan la erradicación de la Monarquía parlamentaria desde sus escaños. No basta con una simple y retórica desautorización por parte del ministro de Presidencia. Es incomprensible la falta de sensibilidad y sentido de Estado que muestra la presidencia del Congreso ante tanto hostigamiento.
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Menudo acierto institucional el de Felipe VI. El verdadero acierto institucional seria quitarles la paga a su padre y a su madre. El otro acierto institucional es no poder invitar a su padre públicamente pero sí verlo y besarlo en la intimidad. Menudos aciertos institucionales y renuncias. Típica hipocresía de una monarquía bananera española.