‘El Tribunal Supremo ha tumbado definitivamente la inmersión lingüística en Cataluña’. Como otros medios, el titular la Ser subrayó la trascendencia de una noticia judicial aparentemente menor, como es que el Supremo rechace un recurso de casación presentado por el gobierno de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero no era una sentencia cualquiera, sino una que afectaba al uso de las lenguas en la escuela catalana, asunto polémico donde los haya. Al inadmitir el recurso del Govern, la resolución judicial de diciembre de 2020, donde se establecía que al menos un 25% de las enseñanzas en los centros públicos debía impartirse en español, pasa a ser firme.
Las reacciones han sido las previsibles. Los portavoces de las formaciones secesionistas han salido en tromba para denunciar ‘un nuevo ataque de los jueces al sistema educativo catalán’, proclamando que impedirán por todos los medios que la sentencia se aplique. A pocos sorprenderán las fanfarrias, pues llevan años exhibiendo esa actitud de abierto desacato a la ley, sin que eso importe al parecer para tratarlos como socios parlamentarios privilegiados. Del mismo tenor han sido las declaraciones del titular de educación, quien en carta dirigida a los centros escolares afirma que es ‘un grave ataquea los cimientos del modelo de escuela catalana’. González Cambray no se ha quedado ahí, sino que ha instado por escrito a los profesores y directores de los centros a desobedecer abiertamente la sentencia, sin tocar una coma de los proyectos lingüísticos actuales.
Todo ello viene acompañado, por supuesto, del repertorio de argumentos falaces a favor de la inmersión, que llevan repitiendo décadas y han sido rebatidos una y otra vez; tanto que produce pereza tener que discutirlos otra vez. Admito que mi favorito es el del consenso existente en la sociedad catalana en torno a la inmersión, que se esgrime contra los críticos sin reparar en la contradicción performativa. Como justificación da grima (al discrepante se le impele a estar de acuerdo por el mero hecho de que otros dicen estar de acuerdo), a pesar de lo cual es invocado solemnemente por académicos, políticos y sindicalistas.
Las encuestas muestran una sociedad profundamente dividida y partida por la mitad, donde las opiniones están en función de la lengua materna
El mantra del ‘amplio consenso’ en realidad nunca vino respaldado con datos, porque en los estudios de opinión, como los que hace el CEO dependiente de la Generalitat, nunca se preguntaba por el asunto; es decir, que funciona más bien como un tabú. Cuando Roberto Garvia y Andrés Santana realizaron una investigación al respecto (2018, 2020), vieron que tal consenso no existe. Cuando se les pregunta a los catalanes por el régimen lingüístico que desearían en las escuelas (todo en catalán, los padres eligen la lengua de enseñanza o los niños se escolarizan en su lengua materna, español o catalán), las encuestas muestran una sociedad profundamente dividida y partida por la mitad, donde las opiniones están en función de la lengua materna: si el 73% de los que tienen el catalán como lengua de familia optan por la inmersión, el 63% de los castellanoparlantes está en contra.
Si se les plantea la cuestión de otra forma, en cambio, preguntando por el porcentaje de horas que habría que asignar a cada lengua, sorprendentemente encontramos una mayor convergencia entre los encuestados, pues la mayoría preferiría un modelo trilingüe: con algo más de un 40% para el catalán y el resto dividido entre inglés y español. Una encuesta de diciembre de 2020, analizada por Oller, Satorra y Tobeña, incide en estos resultados: sólo el 9% de los encuestados quiere que la educación sea básicamente en catalán, un 21% prefiere que haya proporciones similares de catalán y español, mientras que el 64% se decanta por un modelo trilingüe, incorporando el inglés. No se ve por ningún lado el consenso sobre la inmersión; al contrario, las preferencias de los ciudadanos catalanes se decantan por un modelo de conjunción lingüística más equilibrado con dos o tres lenguas.
Los nacionalistas definen el perímetro del supuesto consenso social, acusando de provocador, de romper la paz social, o de mal catalán a quien ose discrepar
En realidad, el supuesto consenso es otra ficción nacionalista, tan falsa como el mito de un sol poble en una sociedad fracturada. Seguir invocándolo es pura desfachatez. Como pone de manifiesto la reunión convocada por Aragonés para defender la inmersión, a la que no fueron convocados Ciudadanos, PP o Vox, y a la que no acudió con buen criterio el PSC. Si algo deja claro es cómo funciona la hegemonía nacionalista en Cataluña: arrogándose la representación entera de Cataluña, ellos definen el perímetro del supuesto consenso social, acusando de provocador, de romper la paz social, o de mal catalán a quien ose discrepar. Queda fuera todo aquel que no comulga con el ideario nacional, ya sean los miles de profesores que tuvieron que marcharse de allí en los ochenta, los partidos constitucionalistas o las asociaciones civiles que llevan muchos años luchando por el bilingüismo.
Pensemos por un momento en lo que representa esa cuota horaria del 25% de español dictada por los tribunales, que los nacionalistas describen en términos dramáticos como un grave ataque contra el catalán, que sacude los cimientos del sistema escolar. Significa que, además de la asignatura de lengua castellana, con dos o tres horas a la semana, hay que impartir otra asignatura troncal en esa lengua. ¡Dos por seis en catalán! ¿A cuento de qué tantos aspavientos? No nos engañemos, aquí la cuestión nunca ha sido el catalán, ni el aprendizaje lingüístico de los niños, sino la exclusión del español, que había que reducir a la condición de lengua extranjera en el sistema educativo. La razón es la hispanofobia indisimulada del nacionalismo catalán, incapaz de aceptar el arraigo secular del español en la sociedad catalana. No se explica de otra forma el trato que se dispensa en las escuelas a una lengua que, además de oficial, es el idioma materno de la mayoría de sus ciudadanos (un 52,7% frente al 31,5% por el catalán). Algo que no pasa en ningún sitio.
Esa flexibilidad de la que se blasona se ha traducido hasta ahora en una política rígida de exclusión del español, uniforme en toda la geografía catalana
Es lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando señala que, a la vista de la documentación oficial aportada, el uso del castellano ‘es residual’ en el sistema educativo catalán. Ante esta situación los jueces recuerdan que por mandato constitucional el español ha de tener la condición de lengua vehicular en la enseñanza, es decir, no solo ha de ser objeto de enseñanza como asignatura, según se hace hasta ahora, sino que han de enseñarse en ella otras materias y usarse como medio de comunicación habitual en todo el proceso educativo. Puesto que el marco estatutario prohíbe expresamente un sistema de doble red escolar, como existe en muchos países plurilingües, el sistema catalán ha de ser necesariamente de conjunción lingüística, empleando las dos lenguas oficiales como lenguas vehiculares; sin que en ningún caso, dice la sentencia, la preferencia por el catalán signifique la exclusión del castellano o su reducción a una presencia residual.
Por eso tiene gracia el argumento de la flexibilidad, que hemos escuchado estos días en boca de tantos, incluyendo al inefable Síndic de Greuges. Ya saben, cómo es que los jueces imponen una cuota rígida en lugar de dejar a los profesionales de la enseñanza que determinen los proyectos lingüísticos de los centros atendiendo con flexibilidad a las circunstancias sociolingüísticas del entorno. Pero los jueces sólo fijan un umbral mínimo ante la resistencia tenaz del poder autonómico para remediar la situación. Curiosamente esa flexibilidad de la que se blasona se ha traducido hasta ahora en una política rígida de exclusión del español, uniforme en toda la geografía catalana, a pesar de las enormes diferencias sociolingüísticas. Si el lector quiere comprobarlo sólo tiene que acudir al exhaustivo informe sobre los proyectos lingüísticos de los centros elaborado en 2019 por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), del que hablamos aquí.
La exigencia de que ambas lenguas sean reconocidas por la administración autonómica como lenguas vehiculares de enseñanza no proviene de la ley Wert (otra bobadita de estos días), sino que es consecuencia necesaria de su condición de lenguas oficiales, como ha dictaminado el Tribunal Constitucional. Siendo una obligación que viene de la Constitución, fija límites a lo que puede disponer el legislador autonómico en materia de enseñanza, velis nolis. De la cual se deriva además el derecho de los ciudadanos a recibir enseñanzas en ambas lenguas y, por tanto, a acudir a los tribunales en busca de amparo si no se cumple. Veremos hasta dónde llegan las bravatas nacionalistas en este asunto, pero mientras estemos en un Estado de Derecho todo funcionario y cargo público está obligado al cumplimiento de la ley y la desobediencia tiene un coste. Ahí está Torra como aviso a navegantes.
