Mi experiencia profesional me ha hecho asistir a muchos procesos de reestructuración de deuda. Siempre he visto en los mismos la misma finalidad: asegurar la supervivencia del deudor insolvente perjudicando lo mínimo al acreedor. En el ámbito empresarial, es muy frecuente la conversión de la deuda insostenible en capital como modo de condonación. Es decir: transmitiendo la propiedad, o una proporción de la misma, del deudor en favor del acreedor. Lo más normal suele ser que tras dicha conversión los antiguos propietarios del ente deudor pierdan la totalidad, o al menos el control, sobre el mismo.

Nada tengo, por tanto, en contra del proceso de condonación de deuda a ninguna Comunidad Autónoma si es necesario para asegurar su supervivencia financiera. En este sentido me manifesté en este mismo medio el pasado 13 de agosto. De hecho, pergeñé en dicho artículo una solución financiera razonable: las comunidades autónomas beneficiarias debían ceder parte del tramo autonómico de sus ingresos impositivos durante un número de años en favor del Estado.

No se trataba de ceder una cantidad fija anual, lo que sería una mera refinanciación de deuda y, por tanto, no cabría hablar de condonación. Se trataba de ceder una participación en sus ingresos futuros, por ejemplo: los tres primeros puntos del tramo autonómico del IRPF se entregan al Estado durante los años pactados. Ambas partes asumen un riesgo: el Estado de no recuperar ni siquiera la cantidad condonada, la comunidad autónoma correspondiente la de llegar a pagar generosamente la cancelación de su deuda. Todo dependerá de si las cuentas regionales evolucionan mejor o peor. Es decir: un mecanismo muy similar al que aceptan tantos acreedores que se convierten en accionistas a la fuerza para siempre, o por una temporada si pactan una devolución de los títulos de propiedad adquiridos con la cancelación inicial de su deuda.

Se nos olvida que las pérdidas las ocasionaron los que no pagaron sus deudas a las cajas y que lo que pusimos entre todos es el importe de las mismas que no pagaron

La cancelación de la deuda sin más condiciones siempre es un proceso injusto. Lo es para el resto de deudores, presentes y futuros, y acreedores del que perdona. Los primeros por agravio comparativo, los segundos por que aumenta su riesgo de no cobrar si su deudor se dedica a no exigir lo que le es debido.

Nos quejamos con frecuencia en la discusión política del rescate de las cajas de ahorros, de que hubo que ponerles 60.000 millones de euros para que no quebrasen. Es decir, de que entre todos tuviéramos que poner ese dinero para que sus depositantes, sus acreedores, pudieran recuperar sus saldos. Se nos olvida que las pérdidas las ocasionaron los que no pagaron sus deudas a las cajas y que lo que pusimos entre todos es el importe de las mismas que no pagaron. A veces, incluso, nos quejamos de que las cajas, a pesar de las ayudas, intentaron cobrar todo lo que pudieron. ¿Cómo no? Si no lo hubieran hecho, habríamos tenido que poner más dinero aún.

La condonación de la deuda a algunas comunidades autónomas supondrá repartir un importe, que se iba a pagar con la exacción fiscal a los residentes en los territorios de las mismas, entre todos los residentes en España. Todo ello en favor de la clase política dirigente de los territorios beneficiados, que eludirá la responsabilidad política de una mala administración económica cuando gozaba, la clase política, de autonomía suficiente para ejercer sus funciones.

La injusticia exacerba los ánimos pero, además, la injusticia genera siempre ineficiencia económica. La falta de responsabilidad con las consecuencias de los actos eleva los costes de relación puesto que las partes intentarán cubrirse de las irresponsabilidades ajenas o, lo que es peor, evitar relaciones con irresponsables. El mundo es mejor y más próspero cuantas más relaciones confiadas podemos establecer. Eso es así en todos los órdenes, del que el económico es sólo uno.

La condonación de la deuda a algunas comunidades autónomas sin contrapartida alguna elevará la desconfianza entre administraciones y entre administrados y Administración. La desconfianza, la falta de crédito, hace la vida social más costosa en todas las acepciones que quieran darle a la expresión.

Sin embargo, nada espero de estas reflexiones más allá del desahogo del economista profesional que soy, porque si algo me ha demostrado la clase política española es que a fuer de ser malos gestores de la racionalidad, han terminado siéndolo de los sentimientos. No es casualidad que en los tres últimos lustros de manera muy acusada, y ya antes de manera más lenta, España se haya empobrecido de manera lenta y constante cuanto más hablamos de patria y territorios.

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