Opinión

Encaje de Bolaños

Si el ‘concierto catalán’ prospera, las ricas Madrid y Baleares pedirán el suyo y la financiación autonómica quedará como una ‘benefíciencia’ que ningún presidente digno de tal nombre puede permitir

Encaje de bolillos: Además de una vieja técnica de confección, dícese en términos metafóricos de aquella “tarea difícil y delicada”, en definición de la Real Academia de la Lengua. No encuentro mejor forma de describir lo firmado por el PSC y ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat; un acuerdo tan complejo que algún dirigente socialista con bastante guasa lo ha rebautizado encaje de Bolaños, en honor al todopoderoso ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a quien Pedro Sánchez confió la negociación entre bambalinas.

Pero conviene no engañarse: detrás de esa retranca se esconde mucha preocupación, mucha incertidumbre y zozobra en las filas del PSOE ante lo que está por venir de una reforma de la financiación autonómica “a martillazos (sic)”; sobre todo, porque quien tendría que hablar, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene un sospechoso silencio que se antoja más insoportable cada hora que pasa.

Tras una primera fase de negación, típica de cualquier trauma -y éste, créanme, lo está siendo para muchos socialistas-, con frases de autoayuda tipo: “tiene truco, seguro que no se cumple”, cuando uno habla con dirigentes, alcaldes, concejales socialistas, gente informada, vamos, se nota que ha comenzado a cundir la sensación de que “se han pasado de frenada; esto no es la Amnistía”.

¿En qué momento Sánchez y Bolaños pensaron que el presidente de la región que recibe más transferencias del Estado, esa Asturias, minera, industrial, pujante hace 40 años, hoy territorio de pensionistas y funcionarios, iba a admitir sin más el acuerdo PSC/ERC con toda la verborrea de “ordinalidades” y “singularidades”, hojarasca para ocultar el eterno ansia de privilegio?

Hasta el fiel sanchista Adrián Barbón, presidente de Asturias, ha tenido que hacerse un Page -el manchego y el aragonés Lambán son la Escala de Richter de los temblores orgánicos- y salir al paso para señalar que, bajo ningún concepto, permitirá que el concierto fiscal con Cataluña salga adelante; básicamente porque es insolidario, contrario al ideario del PSOE y ampara el polémico principio de ordinalidad, santo y seña de todo nacionalismo; es decir, que quien aporta no quede en el ranking de transferencias por debajo de su situación en el ranking de aportación.

Ese ranking solo tiene tres puestos: Madrid, con 7.000 millones, es la que más aporta; le sigue Cataluña con unos 2.000 y Baleares con 340 millones. Y paren ustedes de contar, que las otra doce comunidades del llamado régimen común -todas menos País Vasco y Navarra- son beneficiarias netas de los casi 10.000 millones que aportan las tres ricas.

Llegados a este punto es legítimo preguntarse: ¿En qué momento Sánchez y Bolaños pensaron que el presidente de la comunidad que recibe más transferencias del Estado, esa Asturias minera, industrial y pujante hace cuarenta años, hoy territorio de pensionistas, funcionarios y escaso trabajo activo, iba a admitir sin más el acuerdo PSC/ERC con toda su verborrea de “ordinalidades” y “singularidades” que no son más que hojarasca para ocultar el eterno ansía de privilegio por parte del independentismo catalán?

Da la sensación de que, en algún momento de la última semana, cuando la ministra Montero ‘fue a por tabaco’ para no contradecirse -se había declarado contraria al concierto fiscal- Sánchez y Bolaños decidieron que la investidura de Illa bien vale ceder a la pretensión de ERC de ir un paso más allá del consorcio -al 50% administración central y catalana-.

Da la sensación de que, en algún momento de la última semana de negociación, cuando la ministra Montero fue a por tabaco y desapareció para no contradecirse -se había declarado contraria al concierto fiscal- Sánchez y Bolaños decidieron que la investidura de Illa bien vale ceder a la pretensión de ERC de ir un paso más allá del consorcio -al 50% administración central y catalana-.

Y, nada menos, aceptaron así la creación de una administración tributaria catalana y entrégale el cien por cien de toda la recaudación en ese territorio -de 24.000 a 52.000 millones al año-, que es justo la “soberanía fiscal” de la presumió Pere Aragonès en su último discurso a los catalanes como presidente de la Generalitat. Próxima estación, dijo, el referéndum de independencia… que ya problemas de dinero para comprar otras urnas no vamos a tener, le faltó añadir al republicano

Un despropósito. Sobre todo cuando uno piensa que, acto seguido, pedirán similar concierto fiscal -están en su derecho- tanto Madrid como Baleares, las otras regiones que aportan al sistema y entonces… Game Over. Quedará un régimen común con solo doce regiones, las más desfavorecidas, una beneficiencia autonómica que ningún presidente del Gobierno digno de tal nombre puede permitir.

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